Fomento concede 500.000 euros para cursos de formación a un imputado

La asociación que preside uno de los imputados en la trama de los cursos de formación de Madrid —conocida como caso Aneri— ha recibido casi 500.000 euros para cursos de formación del Ministerio de Fomento. Juan José Gil Panizo, presidente de la federación de transportistas Fenadismer, fue detenido en marzo de 2014 y posteriormente imputado en este caso en el que se investiga el destino de más de 15 millones de euros de subvenciones destinadas a la formación de trabajadores por Internet.

Las dos nuevas subvenciones de 2014 y 2015 corresponden a cursos presenciales relacionados con el transporte por carretera. La federación Ucotrans, que también preside Gil Panizo y está situada en la misma sede que Fenadismer, recibió 4,5 millones de fondos estatales para formación entre 2010 y 2011. Estos expedientes fueron el origen de la investigación policial del caso Aneri. En uno de ellos se detectó que en los cursos a distancia organizados la mayoría de los alumnos no eran reales.

"Esas [nuevas] ayudas no tienen nada que ver con las de la formación en línea. Son presenciales y hay muchas inspecciones de Fomento. He tenido la mala suerte de verme involucrado en un caso así porque era yo el que firmaba los papeles como secretario general, pero mi organización me ha apoyado en todo momento. La gente que me conoce sabe que soy una persona honesta", se defiende Gil Panizo. Una portavoz del Ministerio de Fomento indica solo que las ayudas se distribuyen "de acuerdo con la Ley de Subvenciones entre los solicitantes que cumplen con los requisitos establecidos" y que existe un sistema de control in situ de los cursos. No se pronuncia sobre el hecho de haberlas entregado a un imputado.

 Atascado en los juzgados

Gil Panizo añade que su organización no debe pagar a futuro por un caso que lleva meses encallado en los juzgados y del que espera salir indemne. No existe, en efecto, ninguna norma que impida dar subvenciones a imputados como tampoco se les prohíbe presentarse a un cargo político, aunque hay acuerdo entre los partidos para retirarlos de sus listas.

En Madrid y Andalucía, dos de las comunidades más afectadas por los últimos casos de corrupción en cursos de formación, los Gobiernos autónomos han optado por no destinar fondos a los colectivos implicados en estos casos. Andalucía no reparte ningún dinero y Madrid ha incluido nuevas cláusulas para repartirlo: solo lo otorga a cursos presenciales y añade penalizaciones para las entidades que reciban fondos y no controlen su destino.

"El tema de la formación ha generado muchísima corrupción en España desde hace más de 20 años y se ha extendido como una metástasis entre lo público y lo privado", argumenta Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra. Ramió defiende que en este ámbito se necesitan medidas especiales y más precaución de las Administraciones. "Es cierto que un imputado no es exactamente lo mismo que un sentenciado, pero en casos como los escándalos de la formación quizá podría soslayarse ese aspecto y ser más cuidadosos con esas ayudas. La Administración puede dejar fuera a empresarios bajo sospecha por la larga trayectoria de casos registrados en este país".