La oposición en bloque rechaza los Presupuestos por “antidemocráticos”
Los partidos acusan a Rajoy de hipotecar al futuro Gobierno con las cuentas públicas
Los últimos presupuestos de Mariano Rajoy han recibido el no rotundo de toda la oposición parlamentaria. Todos los grupos en el Congreso, salvo el PP y UPN —socio electoral del partido del Gobierno—, registraron este viernes en la Cámara Baja enmiendas a la totalidad contra el proyecto de ley de las cuentas públicas para 2016, que por primera vez en democracia se ha presentado en las Cortes durante el verano para poder ser aprobado antes de que acabe la legislatura. La decisión del Gobierno de adelantar la tramitación parlamentaria de los Presupuestos, de forma que entrarán en vigor cuando ya haya un nuevo Ejecutivo salido de las urnas, ha provocado la reacción airada de la oposición: en las más de 90 páginas de las 12 enmiendas totales los grupos censuran el “fraude democrático” que supone esa medida, así como sus marcados tintes “electoralistas”.
Las enmiendas presentadas por el PSOE, CiU, PNV, la Izquierda Plural, UPyD y el Grupo Mixto cargan también contra las cuentas públicas de Rajoy por su carácter “antisocial” y porque contiene unas previsiones de ingresos y gastos “que no son creíbles”, por lo que, auguran, esconden más recortes. Los nacionalistas catalanes critican también que “dan la espalda a Cataluña”, aunque la inversión en esa comunidad ha aumentado un 10% a dos meses de las elecciones del 27-S.
Los socialistas señalan en su enmienda que la tramitación y aprobación de los Presupuestos “en fechas extraordinarias y de forma precipitada” constituye “un auténtico desprecio a las instituciones básicas del sistema democrático”. El Ejecutivo “rompe el ciclo parlamentario y democrático que se ha respetado desde 1978”, dice el principal partido de la oposición, al aprobar las cuentas públicas para el quinto año después de haber ganado las elecciones en 2011. Se “hurta” así la “posibilidad”, según el PSOE, “e incluso el derecho de aprobar los Presupuestos correspondientes a la próxima legislatura” al Gobierno que salga de las urnas en las generales de otoño. Solo por ese motivo, los socialistas estiman que el Ejecutivo de Rajoy debería devolver el proyecto remitido a las Cámaras.
Confusión
El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha defendido que la insólita medida se ha tomado “por responsabilidad”. El PSOE contesta que la Constitución garantiza la existencia de Presupuestos mediante su prórroga automática, y señalan que si el Gobierno quería unos nuevos presupuestos aprobados antes del 31 de diciembre, la solución “democrática” habría sido la convocatoria de elecciones con tiempo suficiente para que el nuevo Parlamento los aprobase.
La misma crítica esgrime el grupo de Convergencia i Unió. “Los Presupuestos constituyen en cualquier país un instrumento principal de la acción de gobernar”, recuerdan los nacionalistas. Tramitarlos ahora es una “comedia orientada a confundir a los ciudadanos y ciudadanas”, señala CiU en el texto de la enmienda. El PNV los califica de “fraude democrático” y el BNG carga contra el PP por pretender “dejar en herencia la nefasta política económica del Gobierno de Rajoy a futuros Ejecutivos”. Compromís añade: “Son unos presupuestos inequívocamente electoralistas, con la vista puesta en las urnas”. En la presentación de las cuentas el pasado 4 de agosto, el ministro de Hacienda aprovechó para adelantar que el próximo año habrá una nueva rebaja del IRPF si el PP gana las elecciones, pero no recoge su efecto en las cuentas públicas.
Los grupos ponen en duda las “previsiones irreales" de ingresos y gastos del Ejecutivo que van a suponer "recortes adicionales en el Estado del Bienestar y de la inversión productiva” para el año que viene, dice el PSOE, al tiempo que “no ayudan” en la recuperación económica y en la creación de empleo. “Son unos Presupuestos profundamente austeros. El gasto social es absolutamente insuficiente”, añade la Izquierda Plural. Las cuentas del PP recogen un aumento de los gastos sociales del 3,8%. UPyD los ve como un “brindis al sol” de un Gobierno “agónico” que ha presentado unas cuentas “insolidarias y continuistas”.
Los discutidos Presupuestos serán debatidos el martes y el miércoles que viene en el Congreso, en el pleno estrella antes de que acabe la legislatura. El PSOE ha retado a Mariano Rajoy a que asuma la defensa de sus cuentas en lugar del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Pedro Sánchez subirá a la tribuna en nombre del PSOE. Con todo, la situación política anticipa que ningún partido ganará las elecciones con mayoría absoluta, lo que abocará a terminar enmendando las cuentas públicas.
CiU: "Las cuentas son desleales con Cataluña y centralistas"
Los Presupuestos para 2016 prevén una mejora del 10,1% de las inversiones estatales en Cataluña —que serán de 1.179,5 millones de euros el próximo año—, pero los nacionalistas catalanes cargan contra unas cuentas que consideran “centralistas” y “desleales” con Cataluña. La mejora, eso sí, llega después de un severo recorte en los últimos cinco años del 53%. La enmienda de CiU, que aunque presentada en conjunto separa los argumentos de Convergencia y de Unió tras su ruptura, señala que una de las razones “más poderosas” del Gobierno para dejar atados los Presupuestos para el año que viene ha sido “afianzar su prioridad de legislatura de centralización del Estado”. “Es evidente que la auténtica prioridad de este Gobierno no ha sido ni es la lucha contra el paro, ni la salida de la crisis o la lucha contra las desigualdades, la prioridad casi única de este Gobierno es centralizar y centralizar”, insiste Convergencia. El aumento del 10% en la inversión estatal en Cataluña es, a su juicio, “mínimo”. “Independentistas y no independentistas saben que invertir en Cataluña solo el 10,7% de la capacidad inversora del Estado, cuando Cataluña tiene el 16% de población, aporta cerca del 19% del PIB estatal y paga más del 19% de lo que el Estado recauda en impuestos en Cataluña es injusto y vergonzoso”, dice el texto.
Unió reitera los argumentos habituales del nacionalismo catalán: los Presupuestos estatales son “extremadamente discriminatorios” con la comunidad y “mantienen el constante enquistado trato desleal”. La anterior buena relación parlamentaria entre el PP y CiU ha quedado definitivamente enterrada. “Independentistas y no independentistas saben que pese a la opacidad y confusionismo que el ministro Montoro pretende aplicar a las balanzas fiscales del Estado con Cataluña las cuentas no cuadran”, concluyen los nacionalistas catalanes. “Bajo el paternalismo que suele expresar el Gobierno respecto a Cataluña y el proceso catalán el Estado trata a los ciudadanos de Cataluña como contribuyentes de primera y ciudadanos de segunda”.
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