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El Gobierno de Aguirre dilapidó 105 millones en la fallida Ciudad Judicial

La sociedad pública Campus de la Justicia ha cerrado sus cuentas, en las que se inyectaron 130 millones, con un patrimonio neto de 25 millones

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El edificio destinado al Anatómico Forense de Madrid, en el secarral de Valdebebas.

El Gobierno de la ex presidenta Esperanza Aguirre despilfarró 105 millones de euros en la que iba a ser la ciudad judicial más grande del mundo, tal como ella la pregonó en 2007 al poner la primera piedra. Campus de la Justicia, una firma 100% del Gobierno regional y creada para levantar esa megaciudad, fue finiquitada en julio de 2014 sin cumplir ninguno de sus objetivos, tras nueve años de funcionamiento. A su cierre, esta sociedad pública ha dejado un patrimonio neto de 25.082.339 euros, del total de 130 millones que le inyectó la Comunidad de Madrid, según documentación en poder de EL PAÍS.

Los 24 millones de la Audiencia

En Valdebebas estaba previsto aglutinar todos los edificios judiciales de Madrid, dispersos ahora en una veintena de sedes (La Comunidad gasta al año 39,9 millones en alquileres de sedes judiciales). La ciudad también había buscado hueco para cobijar la sede de Audiencia Nacional.

El Gobierno central, dueño de la Audiencia Nacional, aportó al proyecto 10 millones. Se pactaron 13, en pagos fraccionados, pero al Campus se le olvidó pedir uno de ellos de 3,3 millones. Tras el fiasco de la megaciudad, el Gobierno, que quiere recuperar sus 10 millones, ha optado por dejar la Audiencia en el mismo sitio, pero reformándola: le ha costado otros 14 millones (24 en total).

Los 105 millones gastados inútilmente en este faraónico proyecto (la diferencia entre lo salido de las arcas públicas madrileñas y el patrimonio neto actual del Campus) han ido a parar a un saco roto sin fondo ni provecho. Según se desprende de la citada documentación, el dinero se ha gastado en auditorías y más auditorias (70.000 euros); en abogados, en gestorías que cobraban por minuto de trabajo cuando solo quedaban dos trabajadores, a razón de 33 euros la media hora). Y también en resarcir diseños de proyectos arquitectónicos no consumados (por ejemplo, el del británico Norman Foster, al que ha habido que abonar 10.6 millones del total de 13 millones que reclamó por proyectar dos idílicos edificios judiciales de los doce ideados). A Foster se le ha pagado esa cantidad pese a que el Campus no encuentra el contrato que en su día firmó Aguirre con él.

Otros millones se han ido en pagar a constructoras que habían suscrito contratos para (salvo una) acometer obras no realizadas, 27.327.413 euros. En esta cantidad se incluyen, además, 6,4 millones de indemnizaciones a proveedores decretadas por jueces tras pleitos con la Comunidad; otros 11.4 millones por rescisiones anticipadas de contratos; dos por pago de intereses y al menos otros cuatro por lucro cesante. Los únicos pagos, del total de 130 millones en gastos, por obras sí realizadas ascienden a 17.3 millones.

En esta ciudad, Aguirre quería crear 12 edificios con la rúbrica de algunas de las primeras figuras de la arquitectura mundial (además de Foster, también concurrió la iraquí Zaha Hadid, cuyo proyecto también costaba 13 millones, aunque esta solo ha cobrado poco más de 50.000 euros porque no llegó a firmar ningún contrato). Y, además, Aguirre pretendía acabar con la veintena de sedes judiciales dispersas por la capital.

Los 130 millones inyectados al Campus salen de la venta de dos edificios judiciales públicos (por 76 millones), de tres inyecciones de ocho millones cada una aprobada por el Gobierno regional, de otros 20 más pedidos al Ejecutivo central en el marco del dinero que libró el Estado para que los organismos públicos pagasen a sus proveedores. Y, finalmente, otros 10 que aportó el Gobierno central. Los tres años de más gasto en el Campus fueron 2007, 2008 y 2009 (94 millones).

Los 25 millones de patrimonio neto que han quedado del Campus son la suma de los 7,3 de tesorería con que cerró sus cuentas y los 17,5 en que ha sido tasado el único de los 12 edificios judiciales que existen en los casi 400.000 metros cuadrados sobre los que se proyectó esta megaciudad. Todo ello es hoy un secarral enclavado en el paraje de Valdebebas, entre el aeropuerto de Barajas y el recinto ferial del IFEMA de Madrid. De forma ovalada (visto desde arriba parece un donuts), estaba destinado a convertirse en el nuevo Instituto Anatómico Forense de Madrid. En los últimos años ha tenido que ser desconejado varias veces. Y para ponerlo en funcionamiento harían falta como mínimo otros cinco millones de euros. Su costosa maquinaria lleva el frío a las cámaras de los difuntos está próxima a la ruina. Su volumen (14.000 metros cuadrados) triplica con holgura el del actual Anatómico. “Los nichos que tiene, 195, permitirían acoger sin problemas de espacio atentados como el del 11-M: todo un disparate de megalomanía”, ironizan fuentes conocedoras del multimillonario fiasco en que se ha convertido esta fantasmal Ciudad de la Justicia. El Gobierno de Madrid decidió paralizar el proyecto definitivamente a fines de 2008, coincidiendo con la crisis económica. Había sido presupuestada en unos 500 millones y decidió frenarlo todo con el argumento de no malvender los seis edificios judiciales públicos con los que pretendía sufragar la inversión. Los dos que vendió le reportaron 76 millones. Y trasladó los juzgados a otros edificios; ahora pagando un costoso alquiler.

Otro de los muchos gastos inútiles que ha soportado el Campus es el relativo a las nóminas de los empleados. Una veintena. Tras el parón del proyecto, la plantilla se fue reduciendo, pero el Campus siguió pagando nóminas, con los trabajadores casi cruzados de brazos, hasta mediados de 2012.

Al ver el secarral y el deterioro de su único edificio, Ignacio González, vicepresidente y delfín de Aguirre (y en septiembre de 2012 su sucesor), decidió liquidar en julio de 2014 el Campus. Dos años antes, en un intento desesperado por aminorar el dinero perdido, González inició los trámites para hacer en el mismo sitio una Ciudad Judicial, pero mucho menos ambiciosa. La idea, pagar a una empresa cerca de 60 millones anuales durante “30 años” y que la adjudicataria levante varios edificios judiciales, pero sin lujos. La vigilancia del único edificio testigo del secarral de Valdebebas cuesta todos los meses 12.000 euros a los madrileños. El 31 de enero de 2007, durante la colocación de la primera piedra, y delante de la cúpula de la judicatura, Aguirre glosó y se congratuló del "museo judicial arquitectónico" que iba a construir en Madrid, y adelantó: “Y todo ello, además, sin coste alguno para los ciudadanos”. 

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