La juez pide datos ante las dudas de simulación de negocio en Aznalcóllar

La juez que investiga la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), Patricia Fernández, ha respondido en un auto a las cuestiones planteadas por Emérita, entidad que amplió su denuncia la primera semana de agosto, como adelantó EL PAÍS el pasado día 3. La juez reclama a la Junta de Andalucía que aclare si la empresa adjudicataria, Minorbis-Grupo México, ha aceptado las condiciones de adjudicación, ya que en el texto de Emérita se refleja que la sociedad que admitió las cláusulas es Minera Los Frailes SL, distinta a la beneficiaria oficial. La no aceptación de las condiciones invalidaría la adjudicación e implicaría que esta pasara al siguiente licitador, según Emérita. La juez también requiere datos para “descartar las dudas sobre una posible simulación de negocio”.

Ramón Escudero, abogado de Emérita, explicó que, como planteaba en su última petición a la juez, fue Minera Los Frailes la entidad que aceptó, el último día del plazo establecido, las condiciones de adjudicación. El artículo 53 de la Ley de Minas establece que, en caso de rechazo de la adjudicataria, los derechos mineros pasarían inmediatamente al siguiente licitador.

De esta forma, la juez reclama información que la empresa denunciante, que ha pedido la suspensión judicial de la adjudicación de la mina, considera fundamental para la validez del proceso. La adjudicación le ha costado el cargo a la directora de Minas María José Asensio, imputada por la magistrada.

Patricia Fernández requiere, además, información que demandó Emérita sobre los 92 millones depositados en el BBVA como parte del procedimiento y en concepto de ampliación de capital de Minera los Frailes. La empresa denunciante considera que si este dinero ha sido movilizado "podríamos estar ante una simulación de negocio, pudiendo incluso constituir un fraude”. En este sentido, la juez reclama información a la entidad bancaria, a un notario de Madrid y a Minorbis, para que acrediten la situación de los fondos y la liquidación del impuesto de actos jurídicos documentados correspondientes a la ampliación de capital del 8 de mayo de 2015.

También acepta la magistrada en su auto la petición de Emérita para que declaren como testigos  dos trabajadores de las instalaciones “a fin de que aclaren la situación del talud sur, el estado de abandono de la depuradora, la idoneidad de la misma para cumplir con las expectativas expuestas en el proyecto de Minorbis -Grupo México, y si actualmente está accediendo al recinto personal de esta entidad o de alguna otra entidad relacionada”.

La juez permite finalmente la personación en la causa de uno de los siete imputados -Juan José García Bartolomé, gerente de Inversiones en la Sociedad Gestora de Fondos Capital Riesgo- y deniega la de la Asociación de Letrados de la Junta de Andalucía.