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El PP nacional pagó a un ‘cabecilla’ de Púnica por mejorar su imagen

El partido pactó un proyecto de prueba y renunció a contratarlo al comprobar los resultados

Alejandro De Pedro, sale de la Audiencia Nacional el 10 de junio. Ampliar foto
Alejandro De Pedro, sale de la Audiencia Nacional el 10 de junio. EL PAÍS

El Partido Popular admitió este miércoles haber pagado más de 5.000 euros al empresario Alejandro de Pedro, uno de los cabecillas de la trama Púnica, por un proyecto para mejorar la imagen en Internet de "líderes del partido". Lo que se pactó y se abonó fue una prueba y "a la vista de los resultados", se decidió no contratar a De Pedro, según explicó este miércoles el anterior vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano. Es su declaración, De Pedro admitió cobros en sobres de empresas que trabajaban con la Comunidad de Madrid.

"El señor Alejandro de Pedro ofreció sus servicios a la sede del PP para mejorar la reputación de los líderes del partido en las redes. Se le pidió una prueba por la que se le pagó la cantidad de 5.000 euros más IVA y a la vista de los resultados de la misma, siguiendo las indicaciones del Departamento de Informática del PP, al señor Alejandro de Pedro no se le contrató". Así explicó este miércoles Carlos Floriano, en un comunicado, su relación con el empresario Alejandro de Pedro, considerado uno de los cabecillas de la red Púnica.

De Pedro citó a Floriano ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco como uno de los dirigentes del partido con los que trató para ofrecerle los servicios de sus empresas, que cobraban por mejorar la imagen de políticos en Internet.

Los investigadores sospechan que, en muchos casos, los alcaldes contrataban a las sociedades de De Pedro (Madiva y Eico) como modo de pagar los servicios que les habían prestado estas empresas cuando eran candidatos.

La "prueba" que De Pedro hizo para el PP nacional hace dos años consistía, según Floriano, en "mejorar la reputación de líderes del partido". El dirigente no concretó ayer la reputación de qué líderes se pretendía impulsar, pero fuentes consultadas precisaron que eran "nacionales y territoriales". Le abonaron "5.000 euros más IVA", pero los informáticos del partido recomendaron no contratarle más. "Vendía humo", dijeron estas fuentes, que explicaron que fue el Departamento de Publicidad el que cerró el acuerdo de prueba y su importe.

En su declaración ante el juez, el empresario relató también que hizo trabajos para la Comunidad de Madrid para mejorar la imagen de su entonces presidente, Ignacio González. Esos trabajos, según la grabación de las declaraciones judiciales que se han entregado a las acusaciones y las defensas de Púnica esta semana, se abonaron a través de Indra y otras contratistas del Gobierno madrileño. Parte de ese dinero se lo dio un empleado de Indra en su propio coche. "Me dijeron que asistiera a un sitio donde me estaba esperando una persona de Indra. Cuál fue mi sorpresa que, cuando llegué, tenía un sobre debajo del asiento y me dijo: 'coge el sobre y sal por la puerta'. Lo cogí y me fui. Dentro había 10.000 euros", declaró el empresario.

De Pedro explicó que su relación con la Comunidad duró dos años y que fue Isabel Gallego, jefa de Comunicación de Esperanza Aguirre y luego de Ignacio González, la que le contrató.

De Pedro contó que tuvo que reclamar insistentemente el dinero prometido por sus servicios. "Siempre me han estado diciendo que sí, que ya salía el contrato de mis trabajos, que tal… Se fue alargando. En noviembre de 2013 tuvimos una reunión porque, claro, se acababa el año y yo no había facturado. A esa reunión asistió el vicepresidente (Salvador Victoria), Isabel Gallego y otro señor", declaró.

Según el empresario, las cantidades que le debía la Comunidad de Madrid ascendían a 120.000 euros al año. "Salvador Victoria me dijo que no me preocupara, que me lo iban a pagar". "No podíamos presentar facturas porque no habíamos firmado ningún contrato con la Comunidad", aclaró. En principio, las deudas de la Comunidad con las empresas de De Pedro se iban a pagar a través de una contratista del Canal de Isabel II (la empresa pública del agua), pero, finalmente, los pagos se canalizaron por ICM, la agencia informática del Gobierno regional. "En septiembre de 2014 me empiezan a llamar de ICM para decirme que, a petición de Salvador Victoria, me iban a dar un contrato de unos 10.000 euros. Que eso ya estaba hecho". "Me dijeron que era Indra la empresa a la que yo iba a facturar".