15 años después del terror
Los hijos de dos víctimas de la escalada final de ETA abogan por que el Gobierno reactive la reinserción de los presos
Sara tenía 19 años y Josu 25 cuando ETA asesinó a sus padres: Fernando Buesa, portavoz socialista en el Parlamento vasco y exvicelehendakari, y Florián Elespe, teniente de alcalde socialista de Lasarte (Gipuzkoa). Sara y Josu fueron víctimas de la última etapa del terrorismo etarra. En el 15º aniversario de aquellos crímenes, el historiador Luis Castells recuerda cómo los 23 asesinatos perpetrados por ETA aquel año marcaron un hito porque no sucedía desde hacía una década y no volvería a suceder. Un terror que la banda extendió, además, a toda la población...
Sara Buesa y Josu Elespe califican de “terrible” aquella etapa de su vida. Ella recuerda cómo estuvo con su padre hasta poco antes de que lo mataran a las 16.30 del 22 de febrero de 2000. “Aunque siempre estuvo muy absorbido por la política, reservaba un espacio para su familia. Comía con nosotros y se preocupaba por nuestros problemas. Aquel día también”, recuerda.
“La brutalidad de los estertores de la banda”
Tras la ruptura de la tregua de 1998-1999, ETA reaccionó a la desesperada, con una campaña de asesinatos que tuvo su mayor intensidad en 2000, causando 23 muertos. “Fue la brutalidad de los estertores de ETA”, señala el historiador Luis Castells, uno de los autores del informe Foronda, que resalta, además la “significación” de sus víctimas.
Recuerda Castells que entre las víctimas “hubo políticos favorables a un final dialogado del terrorismo, como Ernest Lluch y Juan María Jáuregui; periodistas, como José Luis López de Lacalle; empresarios vinculados al PNV, como José María Korta; intelectuales, como José Ramón Recalde, que resultó gravemente herido; políticos relevantes, como Fernando Buesa; concejales, ertzainas...”.
El objetivo prioritario de ETA consistió en “quebrar la voluntad del Estado”, señala Castells. Pero, a partir de 2000, en su etapa final, decide “expandir el terror” a toda escala entre la población, una estrategia que inició en 1995 con el asesinato del concejal Gregorio Ordóñez (PP) y siguió en 1997, con otro hito en su escalada criminal: el secuestro y asesinato el edil de Ermua Miguel Ángel Blanco. Su reacción a la desesperada provocó “una reacción social aún más extendida en el País Vasco” en un contexto “cada vez más desfavorable al terrorismo tradicional, con el final del IRA y la vulnerabilidad de la propia ETA, con detenciones cada vez más continuas de sus dirigentes”. “Era la antesala del final”.
Josu Elespe estaba aquel 21 de marzo en Ataun (Gipuzkoa) y un amigo le avisó por teléfono. “Mi reacción fue de incredulidad. Tomé el coche y no me convencí hasta que llegué a Lasarte y vi que la entrada estaba acordonada. De la sensación de irrealidad pasé a sentirme desbordado”. Recuerda cómo durante un tiempo sintió odio, pero ahora dice: “La victimización te impide ser feliz. Ahora no odio, pero eso no significa que haya olvidado”.
“Era incapaz de llorar. Pero cuando vi la foto del paraguas tirado en la calle con los periódicos que ilustraba el asesinato de José Luis López de Lacalle (10 semanas después del asesinato de su padre) me desbordé y no paré de llorar”, relata Buesa. Para Sara fue clave el respaldo familiar. Su madre, Natividad Rodríguez, cuatro días después del asesinato de su padre, le dijo: “A pesar de todo, la vida es bonita”. Ahora reflexiona: “Cuando miro hacia atrás me doy cuenta de que me he convertido en una persona más sensible, humana, más empática hacia el sufrimiento y más tolerante”.
Tanto Buesa como Elespe recuerdan el respaldo con que contaron, muy diferente al de las víctimas de ETA de una o dos décadas atrás. “Todos, incluso gente que no nos conocía, nos expresaba su apoyo. Era un alivio”, señala Sara. “Percibí lo conocido y querido que era mi padre. Nunca olvidará mi familia el comportamiento del pueblo de Lasarte”, replica Josu.
También recuerdan como una pesadilla la respuesta institucional. “Se notaba la división política entre el Gobierno de José María Aznar y el de Juan José Ibarretxe en política antiterrorista. Ibarretxe mostraba una ignorancia insultante hacia las víctimas. Estaba obsesionado con su plan y parecía como que lo de ETA no iba con él, mientras que Aznar utilizaba al terrorismo y a las víctimas para fortalecer su poder. Nos dolió mucho esa utilización y no nos hemos sentido representados cuando Aznar y Jaime Mayor Oreja hablaban en nombre de las víctimas”.
Sara se limita a calificar de “terrible” su vivencia de la respuesta institucional, incluida la manifestación en Vitoria en protesta por el asesinato de su padre, y que algunos trataron de convertirla en un homenaje a Ibarretxe. “Todo fue aún más duro porque veníamos de una tregua de ETA que mucha gente creyó que iba en serio”.
Sara califica de “paso positivo” la reciente autocrítica del lehendakari Iñigo Urkullu, en nombre del Gobierno vasco, con motivo del 15º aniversario del asesinato de su padre. Pero para ella fue “más reconfortante” la intervención del lehendakari en junio en su encuentro con las asociaciones de víctimas por “ser más profunda”. “Iremos viendo si las palabras se corresponden con los hechos”, agrega Elespe.
Elespe no se considera satisfecho con el resultado judicial del asesinato de su padre. “Está archivado provisionalmente. Hay indicios sobre los autores, pero no hay garantías de que sean declarados culpables Los asesinatos no deben quedar impunes, sea cual sea la situación política”. Pero su familia no quiere amargarse por ello. “La condición de víctima no es el motor de nuestra vida. Lo son los familiares, los amigos y el trabajo”. “En mi caso, se ha hecho justicia. Los asesinos fueron detenidos muy pronto y están juzgados, cumpliendo condena”, señala Buesa.
Buesa reclama que para las víctimas “es básico que las instituciones dejen clara la deslegi-timación de la violencia de ETA frente a quienes pretenden repartir responsabilidades o justificarla por un conflicto político”. Reconoce que hubo otras violencias —Batallón Vasco Español (BVE), Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL)—, pero “deben tratarse de modo independiente, sin considerar que unas justifican las otras”. En cuanto a las asociaciones de víctimas, cree que “deben defender los derechos de las víctimas sin dejarse utilizar políticamente”.
Elespe destaca que el Gobierno vasco “ha mejorado su trato a las víctimas” desde que Ibarretxe se fue. Pero con el Gobierno de Rajoy “no hay ningún contacto”. “Rajoy es rehén de su pasado. Con el cese definitivo de ETA quiso tomar algunas medidas, pero no pudo porque algunas asociaciones de víctimas le reprocharon sus compromisos con ellas, a las que utilizó para atacar al Gobierno socialista. Sigue utilizando el terrorismo”.
Buesa opina que “no es un capricho de las víctimas la exigencia a la izquierda abertzale del reconocimiento de que el terrorismo de ETA no tuvo justificación” porque “hace falta en la sociedad vasca para establecer una convivencia fundada en valores básicos”. No lo ve “fácil ni rápido”, pero confía en “la capacidad de las personas para cambiar”.
Elespe coincide en que “la izquierda abertzale debe asumir su responsabilidad porque ETA no hubiera durado tanto sin su apoyo”. “Han dado pasos impensables hace 10 años, pero les falta reconocer que ningún conflicto político justifica la violencia. Tengo miedo de que la idea de la justificación de la violencia pueda calar en un sector de la sociedad vasca”.
Buesa defiende que los Gobiernos activen medidas de reinserción, “dentro de la legalidad”, para quienes muestren su rechazo de la violencia. “No tengo ningún problema tampoco en que los presos de ETA cumplan sus condenas cerca de sus familias”.
Elespe cree que el próximo Gobierno “debe recuperar las vías de reinserción de los presos de ETA, los acercamientos, los beneficios penitenciarios y los encuentros con las víctimas”. Y concluye: “Para mí fue muy reconfortante oír a un exterrorista pedir perdón. Tiene una dimensión humana muy importante y contribuye a deslegitimar el terrorismo”.
