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política sanitaria

Los consejeros socialistas exigen la recuperación de la sanidad universal

Forzarán la discusión sobre la exclusión de los inmigrantes en el consejo interterritorial

Un centro de salud de Valencia.
Un centro de salud de Valencia.

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ni siquiera ha incluido el tema en el orden del día, pero la mayoría que conforman los nueve consejeros socialistas que hoy se estrenan en el Consejo Interterritorial de Sanidad —el órgano en el que ministerio y comunidades toman las decisiones clave en política sanitaria— acuden con una prioridad: reclamar la derogación de la exclusión sanitaria. El cambio de tornas en el consejo, antes copado por los representantes del PP, facilita que ahora la oposición haga piña. La consejera valenciana Carmen Montón asegura que van a “exigir” la vuelta de la sanidad universal.

La Generalitat valenciana fue el primer Gobierno salido de las elecciones autonómicas de mayo en anunciar la extensión de la asistencia a todas las personas empadronadas en su territorio. Calcula que 30.000 podrán beneficiarse de la tarjeta sanitaria. Días después lo hizo Baleares, que también ha cambiado de color político.

Vacunas y precio de los medicamentos

El primer consejo interterritorial desde las elecciones autonómicas discutirá varias cuestiones sanitarias que tienen que ver con la financiación.

La vuelta de la vacuna de la varicela a edades tempranas (12-15 meses) puede generar controversia, puesto que expertos en salud pública y pediatras discrepan sobre su conveniencia. Actualmente esta vacuna se pone a los 12 años. En su momento, este cambio fue muy polémico, porque los pediatras siempre han recomendado que se administre en la infancia. Ana Mato retiró la vacuna de las farmacias para evitar que los padres la compraran, decisión que ahora le corrige Alfonso Alonso.

El real decreto que regula la financiación de los medicamentos también se tratará. Incluye un mecanismo de selección de precios muy similar a la subasta de medicamentos de Andalucía que tanto ha criticado el Gobierno central y que ha recurrido reiteradamente al Tribunal Constitucional. Sanidad asegura que solo lo empleará en casos “excepcionales”.

La ofensiva de los consejeros socialistas responde al acuerdo que firmaron en marzo pasado todos los partidos, salvo el PP y Ciudadanos, en el que se comprometieron públicamente, en el primer gran pacto político del año electoral, a restituir el carácter universal de la sanidad española. Prometieron derogar el real decreto 16/2012 con el que el Gobierno de Mariano Rajoy inició su reforma sanitaria y que, entre otras cosas, excluyó de la asistencia a los inmigrantes en situación irregular (salvo menores, embarazadas y urgencias).

Varias comunidades, entre ellas algunas del PP, nunca cumplieron el real decreto y siguieron atendiendo a los extranjeros. Asturias, Andalucía, País Vasco y Navarra adoptaron medidas para garantizar el acceso de los inmigrantes a la atención sanitaria normalizada. La norma se tramitó sin debate parlamentario aduciendo su urgencia. El Gobierno nunca presentó estudios previos ni ha elaborado posteriormente informes sobre el ahorro que generó o sus consecuencias.

Alonso rectificó a su predecesora, Ana Mato, en junio pasado, cuando anunció que iba a devolver la asistencia sanitaria en primaria (médico de familia) a los inmigrantes. El propio Rajoy asumió el compromiso públicamente. Pasados casi cuatro meses, esa medida no se ha concretado y Alonso ha evitado incluir la cuestión entre los puntos del orden del día de la reunión, para sorpresa de varias autonomías. Se prevé que los consejeros socialistas fuercen la discusión en ruegos y preguntas.

Alonso no solo se va a enfrentar a un consejo en minoría política. ONG y sociedades médicas tienen previsto concentrarse a las puertas del ministerio para pedir que se devuelva la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Tienen la “intención”, aseguraron ayer, de entregar al ministro y a los consejeros “un botiquín con un listado de recomendaciones internacionales”. Entre ellas la del Consejo de Europa, que en 2014 juzgó ilegal la exclusión sanitaria.