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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

‘Catexit, catexis’

El 'president' se autoriza a sí mismo a derrocar la legalidad para después poder violarla

Enrique Gil Calvo

Cuando parecía que las listas de confluencia podemita iban a acabar con el soufflé soberanista, hete aquí que el honorable Mas ha logrado llevarse al huerto a sus compañeros de viaje, embarcándoles en la Llista del President con rumbo no se sabe si a Jauja o a la tierra de nunca jamás. Con ello se ha apuntado un tanto mediático destinado a invertir la tendencia de los sondeos de opinión, hasta aquí desfavorables para unos indepes que ahora bien podrían remontar el vuelo. Y de este modo su ansiada desconexión o Catexit (analogía catalana del Brexit inglés y el Grexit heleno) parece al alcance de la mano. Una palabra curiosa, esta de catexit, que recuerda a la catexia o catexis de Freud: un arranque de rauxao súbita pulsión libidinal que es capaz de anular e imponerse a la censura del súper yo.

Y para reforzar este carácter catéctico, que subvierte las normas represoras con una descarga desinhibida de energía transgresora, nada mejor que presentar la catexit como una vulneración de la legalidad en toda regla. Es decir, contra el Estado de derecho, el Estado de hecho. Lo cual aureola al procés con el atractivo de los amores prohibidos, de la misma forma que el contrato matrimonial de mutuo interés, que hasta ahora sellaba la conllevancia de Cataluña y España, poco puede hacer ante la impetuosa violencia del amor pasión, típico de las uniones de hecho entre cohabitantes que por toda Europa están superando arrolladoramente a las uniones formales. Pura catexia.

Es verdad que técnicamente estamos ante una soberana prevaricación, pues la hoja de ruta anunciada por la Llista presidencial unitaria está programada para violar por sistema toda legalidad que pueda oponerse a ella. Y esa premeditada vulneración de la ley no se atribuye a la insumisa desobediencia civil, como se hizo en el simulacro plebiscitario del 9-N, sino que ahora se promete ejecutarla desde el Parlament y el Govern, órganos estatales encargados de imponer la Rule of Law, cumpliendo y haciendo cumplir la legalidad.

Ahora bien, esta crónica de una prevaricación anunciada no debería sorprendernos demasiado, proviniendo de un actor político, la CiU pujoliana, que ha hecho toda su carrera en la ocupación y el ejercicio de los poderes públicos mediante la práctica subrepticia de la corrupción sistémica. Así nacieron y así aprendieron a crecer mediante la violación de la legalidad, dado que el fin, la salvación de la patria, justifica los medios. Y ahora prometen seguir haciéndolo, pero ya no de modo clandestino, esta vez de forma oficial, pública y solemne. Es decir, ahora lo harán performativamente.

Para ello alegan una nueva justificación con el fin de arrogarse el derecho a violar la ley que juraron o prometieron defender. Y su excusa actual, al modo de Carl Schmitt, es el estado de excepción, que exime al soberano de cumplir la legalidad y le autoriza a violarla para poder recrearla a discreción. Ahora bien, ¿de dónde surge ese supuesto estado de excepción que confiere licencia para violar la ley? Del puro acto solemne por el que el president lo anuncia y declara, autorizándose a sí mismo a derrocar la legalidad para poder violarla.

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