Los imputados por el espionaje en Madrid denuncian amenazas

Dos de los seis imputados por malversación en el caso del espionaje político pagado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid han denunciado a la juez que sufrieron amenazas para no contar la verdad de lo ocurrido. El guardia civil José Oreja Sánchez, que participó en los seguimientos y confesó a la magistrada que se los había ordenado su superior, el entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón, ha entregado un escrito en el juzgado a través de su abogado, en el que denuncia las presiones que supuestamente sufrió. En los días previos a una cita con la juez, Oreja recibió una llamada amenazante en su móvil para que negara en el juzgado los hechos que se le imputaban. Oreja Sánchez tiene pruebas de esa supuesta extorsión, según ha explicado a la juez su abogado, Ramón González Bosch.

José Manuel Pinto, empleado de la Comunidad de Madrid que está imputado como supuesto autor de la letra manuscrita de los partes de espionaje, aunque no participó en los seguimientos, también ha trasladado a la juez un relato con las presiones que sufrió en los días previos a su declaración. Pinto asegura que le visitó en su domicilio quien fue su jefe, Sergio Gamón, para advertirle también de las consecuencias que tendría su declaración sobre el caso del espionaje político.

Gamón, imputado en la causa, fue destituido de su cargo el verano de 2008, tras un episodio no aclarado del robo de ordenadores en dependencias públicas. Esperanza Aguirre le mantuvo el sueldo durante un tiempo, aunque con un cargo inferior. La expresidenta autonómica fue quien fichó personalmente a Gamón cuando todavía estaba casado con una de sus secretarias.

La juez del caso, que ha intentado archivar en tres ocasiones el procedimiento sin éxito porque la Audiencia Provincial ha corregido su instrucción y ha ordenado continuar con la causa, investiga los seguimientos que sufrieron en abril y mayo de 2008 dos políticos del PP: Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia, y Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, por parte de tres guardias civiles fichados como asesores del consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, entonces Francisco Granados, hoy preso como supuesto cabecilla de una trama de corrupción.

Cobo y Prada apoyaban a Mariano Rajoy como líder del PP frente a Esperanza Aguirre. La presidenta autonómica coqueteó en 2008 con la posibilidad de disputar el liderazgo a Rajoy tras la derrota sufrida por este en las elecciones generales. Finalmente, no compitió y solo unos meses después del Congreso Nacional del PP que volvió a elegir a Rajoy como presidente, Aguirre prescindió de Alfredo Prada como consejero de su Gobierno.

Los partes de seguimiento que figuran en el sumario del caso y los informes sobre el posicionamiento de los teléfonos móviles que utilizaron los supuestos espías acreditan que Cobo y Prada fueron seguidos por tres guardias civiles de la mañana a la noche durante varias semanas, tanto en sus actividades públicas como privadas. La Audiencia Provincial entiende que hay indicios suficientes de que se cometió un delito de malversación de fondos públicos al dedicar dinero del presupuesto autonómico a tareas ilegales.