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La fiscalía ataca la decisión de Pedraz de no citar como imputado a Zapata

El ministerio público ve “falaces” y “gratuitos” los argumentos para archivar la causa contra el edil madrileño por humillar a las víctimas

Fernando J. Pérez
Zapata, antes de una rueda de prensa en Madrid e pasado día 2.
Zapata, antes de una rueda de prensa en Madrid e pasado día 2.JuanJo Martin (EFE)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha atacado con dureza la decisión del juez Santiago Pedraz de archivar la querella por humillación a las víctimas del terrorismo contra el concejal de Madrid Guillermo Zapata (Podemos) por su chiste macabro en Twitter sobre Irene Villa de 2011. En un recurso presentado este miércoles, el ministerio público considera “falaces” y “gratuitos” los argumentos del magistrado para no citar a declarar como imputado al edil madrileño.

En su auto de archivo, del pasado 3 de julio, el juez Pedraz sostenía que citar a declarar a Zapata después de que la propia Irene Villa comunicara por carta al magistrado que no se sentía humillada por el chiste, supondría “un plus de perjuicio moral” para el concejal imputado, llamada “pena de telediario o pena de paseíllo”, explicó.

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La fiscal Blanca Rodríguez recuerda que la declaración ante el juez “es la única vía” por la que el imputado “puede aportar a la causa (…) las alegaciones, pruebas de descargo y demás elementos que pueda considerar de interés para explicar su posición”. Respecto a la idea de la “pena de telediario o de paseíllo” que invoca Pedraz, la acusadora pública afirma que ese es un concepto “absolutamente extrajurídico” e “insólito salvo que se considere que determinadas personas, bien por su posición social, económica o incluso política, gozan de unos privilegios que no se dan en los demás ciudadanos”.

El recurso no tiene en cuenta que Zapata ha pedido perdón a Irene Villa y a las víctimas del terrorismo a través de los medios de comunicación. “Las manifestaciones periodísticas se producen extramuros del proceso judicial, sin garantía de que sean auténticas o reales (…) las únicas manifestaciones con poder en una investigación son aquellas que se producen ante el órgano judicial”.

Frente a estas objeciones de forma, la fiscalía rechaza los argumentos de fondo de Pedraz. El concejal escribió en 2011 la siguiente frase: “Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcáser para que no vaya Irene Villa a por repuestos”. Según Pedraz, esta frase es una muestra de “humor negro” que puede producir “perplejidad o indignación” en un “amplio sector social”, pero que Zapata no tuvo “ánimo de desprestigiar o rebajar la dignidad de las víctimas”.

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La Fiscalía sostiene que el tuit contiene un “mensaje objetivamente vejatorio y humillante” tanto para Irene Villa como para “todas las víctimas”, y recuerda que el Código Penal no busca defender solo el honor individual de una víctima concreta sino “el honor de las víctimas como colectivo afectado por la lacra del terrorismo”, por eso los delitos de humillación son perseguibles de oficio.

Pedraz apuntaba también en su auto de archivo que perseguir a Zapata cuando en las redes sociales abundan las expresiones similares de otras personas contra las que no se actúa sería discriminatorio. El fiscal es especialmente duro en este punto. “Es un argumento falaz (…) todos los operadores jurídicos persiguen los delitos de los que se tienen conocimiento”.

La fiscalía ve también “totalmente gratuita” la mención que hizo Pedraz al “derecho penal del enemigo” al actuar contra unas personas y no otras. El ministerio público recuerda que hay “múltiples denuncias” contra diferentes personas por difundir chistes mordaces contra las víctimas del terrorismo, incluida Irene Villa. Sus autores, recuerda la fiscal Rodríguez, han sido investigados y en al menos tres casos, todos ellos de menores, han sido condenados por la Audiencia Nacional. “No es cierto que se persiga solo a determinadas personas y no a otras”, concluye.

El recurso ha sido presentado directamente en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Será la Sección Segunda de este organismo, presidida por la magistrada conservadora Concepción Espejel, la que decida si Guillermo Zapata ha de declarar como imputado por sus tuits de hace cuatro años. Esta misma sección decidió el pasado 5 de julio enviar a juicio a un menor por hechos similares.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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