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Rajoy frena el organismo que coordina el plan de Artur Mas

El Gobierno continúa con su estrategia de impugnar todas las decisiones de la Generalitat que avancen en el plan soberanista

El presidente de la Generalitat, Artur Mas.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas.Albert García

El Gobierno ha continuado este viernes con su estrategia de impugnar ante el Tribunal Constitucional todas las decisiones de la Generalitat que avancen en el plan soberanista. El Consejo de Ministros ha impugnado el decreto con el que el Ejecutivo catalán creó en febrero el Comisionado para la Transición Nacional, organismo encargado de preparar las hipotéticas “estructuras de Estado” tras las elecciones del 27-S. Esa impugnación —que la portavoz de Mas tachó de “asedio”— supondrá paralizar el Comisionado hasta que el Constitucional resuelva.

El Consejo de Ministros ha acordado la presentación de un conflicto positivo de competencias contra el decreto de creación del Comisionado catalán para la Transición Nacional. El Gobierno central tiene potestad para forzar, con ese recurso, la suspensión automática y temporal del texto impugnado, y lo hará para que quede sin efecto el decreto de la Generalitat.

Eso quiere decir que, en la práctica, el Comisionado, para el que fue designado Carles Viver Pi-Sunyer, quedará sin funciones legales, y será nula cada una de las decisiones o actuaciones que pueda acometer. Si el Gobierno de Artur Mas siguiera adelante una vez que se le notifique la suspensión, el Ejecutivo podría proceder contra sus responsables por desobediencia, como hizo con la consulta del pasado 9 de noviembre. La Generalitat ya ha avanzado que no dará “ni un paso atrás”.

Según la vicepresidenta del Ejecutivo central, Soraya Sáenz de Santamaría, el decreto que creó el Comisionado catalán busca “avanzar en un proceso de construcción de estructuras de Estado”, previas a una declaración de independencia unilateral. Añadió que la norma supone una “vulneración flagrante” de la soberanía del pueblo español, de la “indisoluble” unidad de la nación española y de la “igualdad” de derechos de los españoles, ya que otorga al Comisionado actuaciones que corresponden al Estado.

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“Se vulneran las competencias del Estado en su conjunto”, dijo Sáenz de Santamaría; citó las relaciones internacionales, la Hacienda Pública, el régimen aduanero o el régimen general de comunicaciones, correos y telecomunicaciones. Entre las funciones del Comisionado está la de “planificar y coordinar” las actuaciones de la Generalitat para poner en práctica las conclusiones de los 18 informes que hizo el Consejo Asesor de la Transición Nacional. Asimismo, el cargo que ocupa Viver Pi-Sunyer tiene encomendado impulsar el desarrollo de la Hacienda propia y de una hipotética Seguridad Social catalana, y redactar un proyecto de Constitución provisional para Cataluña.

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La vicepresidenta y portavoz catalana, Neus Munté, acusó al Ejecutivo central de protagonizar un “auténtico asedio democrático” contra Cataluña, y anunció que la Generalitat no rectificará su plan de crear estructuras de Estado. “No daremos ni un paso atrás. A cada obstáculo encontraremos una solución”, dijo Munté. Y añadió: “¿Si Viver Pi-Sunyer seguirá en su cargo? No va a haber ningún cambio y no vamos a dar marcha atrás en las tareas que tiene encargadas este comisionado”.

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