Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete

El Supremo cree que Chaves y Griñán prevaricaron en el ‘caso de los ERE’

El tribunal también ve indicios de delitos en Viera y Zarrías, y exculpa a Mar Moreno

José Antonio Griñán, expresidente de la Junta y senador. julián rojas | atlas

El fraude de los ERE en la Junta de Andalucía ha terminado este jueves con la trayectoria política de Manuel Chaves, diputado, exministro socialista y presidente del Gobierno andaluz durante 19 años. Chaves dimitió poco después de que se conociera que el juez del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ve indicios de delito en su gestión en los ERE. Tras siete meses de investigación, Barreiro ha dictado dos resoluciones en las que concluye que Chaves y su sucesor en la Junta, José Antonio Gruiñán, pudieron prevaricar al permitir que durante una década se dieran ayudas a empresas mediante un sistema “claramente ilegal”. Los mismos indicios observa contra los exconsejeros y diputados Gaspar Zarrías y José Antonio Viera. A este último le imputa, además, un delito de malversación.

En la recta final de su carrera (Chaves cumple 70 años dentro de dos semanas y Griñán acaba de cumplir 69), la decisión de Barreiro supone la marcha definitiva y precipitada de dos históricos socialistas que lo han sido casi todo en el partido, desde diputados en el Congreso y ministros con Felipe González a presidentes de la Junta de Andalucía y presidentes federales del partido. Griñán ya renunció hace 10 días a su acta de senador y Chaves dimitió ayer mismo de su cargo en el Congreso, al que llegó en 2009 como vicepresidente tercero de José Luis Rodríguez Zapatero, tras 19 años al frente de la Junta.

De los cinco ex altos cargos andaluces a los que investiga el Supremo, Barreiro solo exculpa a la senadora Mar Moreno, sobre la que no encuentra indicios de que conociera que las ayudas sociolaborales se estaban dando mediante un procedimiento que el juez considera “claramente ilegal”.

Barreiro dictó ayer tres resoluciones: un auto de sobreseimiento de la causa abierta a Moreno; otro en el que imputa un delito de prevaricación administrativa a Griñán y argumenta que su caso debe seguir investigándose en el Supremo aunque haya dejado de estar aforado; y una exposición razonada dirigida a la sala de admisión del alto tribunal en el que desgrana los indicios de delito sobre Chaves, Zarrías y Viera y solicita que se pida al Congreso el suplicatorio, necesario en este momento de la instrucción para continuar el procedimiento contra ellos. No obstante, la dimisión de los tres diputados supondrá, previsiblemente, que el Supremo se declare incompetente para seguir investigando una causa en la que ya no habrá aforados y la traslade a Sevilla.

El magistrado Alberto Jorge Barreiro considera que el Gobierno andaluz cometió "auténticas ilegalidades"

A lo largo de los 130 folios de la exposición razonada y los 26 del auto de Griñán, el magistrado se abona a la tesis de la juez Mercedes Alaya y de la Intervención General del Estado y concluye que el Gobierno andaluz cometió “auténticas ilegalidades” para agilizar la concesión de ayudas sociolaborales y facilitar que la entrega se hiciera con “discrecionalidad y arbitrariedad”. El juez relata cómo el sistema legal de subvenciones a empresas se cambió por el de transferencias de financiación, una figura que, según Barreiro, se empleó con el único fin de eludir controles administrativos.

El juez cree que los cuatro ex altos cargos prevaricaron porque propiciaron un sistema ilegal de ayudas “a sabiendas de su injusticia”. Este delito no conlleva penas de prisión, pero sí de inhabilitación de hasta 15 años. Barreiro considera que los dos expresidentes mantuvieron en este proceso una “conducta activa patente” que consistía en aprobar “importantísimas partidas de dinero” para ayudas a empresas siendo “conscientes” de su procedencia ilícita.

El juez no cree, sin embargo, que Chaves, Griñán y Zarrías supieran que con este sistema se estuviera desviando dinero para el enriquecimiento de terceras personas (intrusos de los ERE, sindicatos, aseguradoras y despachos de abogados), por lo que les exculpa del delito de malversación de caudales que investigó a instancias de Alaya. Barreiro sí ve indicos de malversación, penado con hasta con ocho años de cárcel, en el caso del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, que adoptó una “postura activa” en la ejecución del Presupuesto para que se entregaran ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla.

Más información