Los abogados de Málaga ofrecen apoyo gratuito a las víctimas del odio

Las estadísticas reflejan que alrededor del 90% de los delitos de odio no se denuncian. Los expertos creen que los casos afloran poco a poco, pero la bolsa oculta es enorme, bien por el desconocimiento de las víctimas, casi siempre personas de colectivos vulnerables, o por miedo a dar un paso que puede implicar la identificación pública de una persona con una determinada orientación o identidad sexual. Con el objetivo de intentar avanzar en este déficit, el Colegio de Abogados de Málaga se ha convertido en el primero del país en poner en marcha un servicio de atención jurídica gratuita on line para asesorar a las víctimas.

Esta iniciativa se hace en coordinación con la fiscalía y la Policía Nacional. “El problema fundamental son las cifras sumergidas, que la gente no denuncie”, ha insistido este jueves Mayte Verdugo, la fiscal encargada de perseguir estos delitos en Málaga desde 2011 y la primera de Andalucía con esta tarea. En España hay actualmente una red con 50 fiscales destinados a atender estas infracciones, que engloban los ataques, amenazas o insultos por motivo de raza, etnia, religión, edad, discapacidad, orientación sexual, situación de pobreza o diferencia ideológica. Dos abogados expertos atienden el servicio de asesoramiento a las posibles víctimas para informarles de cuáles son sus derechos y cómo pueden denunciar. Las consultas se resuelven en el correo electrónico victimasdeodio@icamalaga.es.

Según ha explicado el decano del Colegio de Abogados, Francisco Javier Lara, si una persona no tiene dinero para afrontar el gasto de un proceso judicial, su caso será remitido para que lo atienda un abogado de oficio. El último informe realizado por el Ministerio del Interior revela que en España hubo en 2014 un total de 1.285 delitos de odio conocidos (el año anterior fueron 1.172). Casi cuatro de cada 10 agresiones se produjeron por motivos de orientación o identidad sexual y el 37% fue por racismo y xenofobia. Un 15,5% de los ataques se dirigieron contra personas discapacitadas, el 4,9% contra creencias y prácticas religiosas, el 1,9% por antisemitismo y el 0,9% por aporofobia (contra los pobres). Una de las complicaciones en la investigación de este tipo de casos es que no solo hay que demostrar el hecho, sino su motivación. Pero el principal escollo es que las víctimas suelen ser personas muy vulnerables con miedo a denunciar. “Estos delitos han sido invisibles durante muchos años y ahora están empezando a salir a la luz”, apunta Rosario Alises, coordinadora del nuevo servicio de la Comisión de Derechos Humanos del colegio profesional.

Qué impide a una víctima del odio denunciar depende de cada circunstancia. Para el colectivo de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales, más que miedo, el freno puede ser revelar una orientación e identidad sexual que “no está totalmente aceptada, por eso no quieren identificarse”, explica Alises. En el caso de mendigos y personas sin hogar, se trata en muchas ocasiones de personas con problemas mentales que no perciben esta herramienta como útil porque “no se sienten integrados” socialmente. Un inmigrante, simplemente, puede sentirse intimidado porque su estancia en el país no esté regularizada. “También se puede pensar que no sirve para nada”, añade Alises.

El trabajo en este campo con colectivos que defienden los derechos de estas personas es muy estrecho y la idea en el Colegio de Abogados es suscribir acuerdos con asociaciones para detectar posibles agresiones. Todos los expertos ponen de manifiesto la importancia de la formación, tanto de los agentes de las fuerzas de seguridad que se encargan de la investigación como del resto de los agentes jurídicos del proceso. Actualmente existe un protocolo de actuación del Ministerio del Interior para formar a los cuerpos policiales y fomentar su sensibilidad en el tratamiento de las víctimas.