El PP vasco se desmarca de Industria y apoya el veto al ‘fracking’
Los populares, el PSOE y la izquierda abertzale aprueban impedir esta técnica en Euskadi
El PP del País Vasco ha decidido desmarcarse de la postura que mantiene el ministro de Industria, José Manuel Soria, que ha alentado desde su departamento el empleo en España de la técnica de la fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos. Los populares vascos han apoyado este miércoles en el Parlamento regional un dictamen en el que se opta por impedir el fracking en Euskadi.
El documento, que ahora tendrá que ser ratificado en el pleno, ha salido adelante gracias a los votos de PSOE, EH Bildu y del PP. El PNV se ha quedado solo en la defensa de una moratoria y UPyD se ha abstenido. El dictamen enmienda una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 100.000 firmas. El texto aprobado prohíbe el fracking de hecho, a base de endurecer las legislaciones autonómicas en materia de suelo, agua y medio ambiente.
Conflictos con el ministerio
Esta disparidad de opiniones entre el Gobierno central y los populares vascos no es la única a la que se ha enfrentado el departamento de José Manuel Soria durante esta legislatura. El apoyo a las prospecciones en el Mediterráneo desde el ministerio ha desencadenado el rechazo del PP de Baleares y Valencia. Finalmente, una de las empresas que pretendía buscar hidrocarburos en la zona, Cairn Energy, ha decidido renunciar al proyecto ante las pegas planteadas desde el Ministerio de Medio Ambiente.
Las ayudas a la minería también han hecho que el PP de Castilla y León se levantara contra Soria. La Junta de esta comunidad autónoma, en manos de los populares, llegó a pedir hace unas semanas el cese del ministro, al que culparon de la pérdida de votos en algunas provincias.
Euskadi ha pasado en cuatro años de congratularse por ser una potencia autonómica en materia gas, con reservas para más de medio siglo, a endurecer la normativa medioambiental para evitar su extracción a través de esta polémica técnica. Los socialistas vascos -que bendijeron en Dallas (EE UU), junto a un pozo de una firma norteamericana que practica el fracking, el hallazgo de los yacimientos de Álava- son ahora el motor que maldice esa práctica.
Hasta ahora, el Tribunal Constitucional ha ido cerrando a las puertas a las comunidades que han vetado sin más el uso del fracking en su territorio. Así ha ocurrido con Cantabria, La Rioja y Navarra, cuyas normas han sido anuladas a petición del Gobierno.
Pero este mismo tribunal ha dejado abierta otra puerta: la vía catalana. La Generalitat no ha aprobado una normativa específica, sino que ha cambiado su ley urbanística. El Gobierno central también llevó este cambio legal al Constitucional, que tuvo que suspender cautelarmente la norma. Pero, a finales de marzo, los magistrados levantaron la paralización al entender que no fija una prohibición genérica. La modificación de la normativa urbanística aprobada por la Generalitat dice: "En la explotación de recursos naturales en suelo no urbanizable, en el caso de aprovechamiento de hidrocarburos, no está permitida la utilización de la tecnología de la fractura hidráulica cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona, o en relación con otros ámbitos competenciales de la Generalitat".
A este argumento se ha agarrado el PP vasco para defender el apoyo al dictamen. Ha interpretado que el endurecimiento de las normas autonómicas es legal y medioambientalmente defendible.
Aún falta que el Constitucional se pronuncie sobre la reforma legal catalana, que el Gobierno central entiende que también es un veto genérico al fracking, una técnica que consiste en inyectar agua, arena y productos químicos a gran presión por un pozo para extraer hidrocarburos de las rocas. Pero lo cierto es que esa puerta está abierta, ya que el tribunal no ha optado por la vía rápida, como en los casos de Cantabria, La Rioja y Navarra, en los que en un tiempo récord sentenció que era anticonstitucional prohibir sin más la técnica, algo que sería una competencia estatal. El Gobierno central forma parte del bloque de 11 países de la Unión Europea que han abierto la puerta a la fractura hidráulica.
La ponencia de la Cámara vasca se ha reunido este miércoles por segunda vez y ha aprobado el dictamen que se debatirá y votará en comisión el próximo lunes para ser ratificada posteriormente en un pleno que los grupos confían en celebrar antes de que este mes concluya este periodo de sesiones. La propuesta pasa por imponer severas limitaciones a la polémica técnica.
La ILP establecía de hecho esa prohibición de la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos no convencionales en Euskadi, pero ha evolucionado aprendiendo del camino recorrido por Cataluña, de manera que se acometerán reformas de diversas leyes autonómicas para elevar los requisitos medioambientales que prohibirán de hecho la fractura hidráulica.
El dictamen recoge la propuesta de reformar la ley del Suelo para impedir esta práctica en zonas no urbanizables. También, la ley de Aguas para no permitirla en zonas de acuíferos con vulnerabilidad media, alta o muy alta. Se recoge además la exigencia de acometer una evaluación de impacto medioambiental estratégica, y no pozo a pozo, como planteaba el PNV. El PNV ha defendido una moratoria de uso de la técnica de extracción, pero en el fondo no quiere dejar pasar la oportunidad de obtener nuevos recursos energéticos para reducir la dependencia exterior de Euskadi que importa toda la energía que consume.
