Irene Lozano pide la suspensión de Rosa Díez y su dirección

Irene Lozano, diputada de UPyD, ha pedido la apertura de un expediente disciplinario contra la líder del partido, Rosa Díez, y toda la dirección, por presuntamente violar su correo electrónico personal, y ha solicitado que se les suspenda "inmediatamente" de su ejercicio. En un escrito remitido a la Comisión de Garantías de la formación, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Lozano acusa a la Ejecutiva de rastrear su correspondencia electrónica con Ignacio Prendes (diputado asturiano expulsado del partido por negociar su incorporación a Ciudadanos cuando aún estaba en UPyD) y filtrársela a los 150 miembros del Consejo político del partido para sostener que estaba planeando la formación de un nuevo partido. El escrito de la diputada es el último capítulo en la crisis abierta en UPyD por los malos resultados electorales (no ha obtenido representación en los 14 Parlamentos autonómicos en juego en 2015) y el debate sobre la confluencia con Ciudadanos.

UPyD, cuya dirección admite haber investigado el correo corporativo de Prendes pero no el de Lozano, ha convocado un Congreso Extraordinario para elegir nueva dirección el próximo 11 de julio. Aunque Rosa Díez no presentará su candidatura, la lista que une a Andrés Herzog, portavoz adjunto, y Maite Pagazaurtundua, eurodiputada, defenderá sus tesis. Los opositores, encabezados por Lozano, interpretan la filtración de los emails que intercambió con Prendes como un intento de eliminarla de la lucha por el timón del partido. Sin embargo, fuentes de UPyD aseguran que el Consejo de dirección de Díez decidió hace semanas que no trataría el tema de Lozano, y que lo dejaría en manos de la Ejecutiva que nazca el 11 de julio.

En su escrito, que firman también otros miembros de su candidatura, Lozano acusa a la dirección de "tergiversación grosera". Califica de "política de acoso" la distribución de los correos. Y pide medidas para que se desarrolle "con imparcialidad" el Congreso Extraordinario del 11 de julio.

"Tuvimos conocimiento de unos hechos graves", ha explicado esta tarde Ramón Marcos, miembro del Consejo de dirección de UPyD. "Que Nacho Prendes había nombrado como representante legal de Ciudadanos ante la Junta electoral de Asturias a su secretaria personal, afiliada y candidata de UPyD", ha seguido. "Reaccionamos para averiguar qué otras cosas había hecho [Prendes] en relación con el otro partido. Hemos actuado dentro de la estricta legalidad", ha subrayado. "Una vez cerrada su cuenta corporativa [de email] de UPyD, la pusimos a disposición de un notario y una empresa [Forest Digital], a los que dimos unas palabras claves para tener un informe. Ahí descubrimos que había una trama en las que estaban implicadas unas personas de UPyD y de fuera de UPyD”, ha continuado. "No hay ningún correo de Gmail [en el informe]", ha asegurado en referencia a la denuncia de Lozano de que se había accedido a su email.

Hemos actuado dentro de la estricta legalidad Ramón Marcos, miembro del Consejo de dirección de UPyD

"El Consejo de dirección cumplió con una obligación básica que tiene, proteger al partido cuando hubo indicios muy claros, obvios y evidentes de que había personas dentro del partido que estaban trabajando para otros partidos con la intención de perjudicar al nuestro", ha dicho esta tarde Juan Luis Fabo, miembro de la dirección sobre el estudio de los emails de Lozano. "No hemos registrado correos personales de nadie", ha subrayado. "Se estudió a través de una empresa y se llegó a conclusiones alarmantes. En base a esa información, el Consejo de dirección ha elaborado un informe y se lo ha comunicado al Consejo político".

El 11 de julio marcará un antes y un después en un partido que vive en la crisis permanente. Sin el respaldo de los electores, se ha producido un trasvase de candidatos y afiliados hacia Ciudadanos, al que se han unido siete dimisiones del Consejo de dirección y las expulsiones de dos eurodiputados (Fernando Maura y Enrique Calvet) y un diputado autonómico (Ignacio Prendes). Sin las subvenciones asociadas a los escaños, el partido ha tenido que anunciar un ERE y que abandona los 25 casos judiciales en los que se había personado como acusación particular para luchar contra la corrupción política. Ahora, Lozano pide que se garantice la imparcialidad del proceso de elección de la nueva dirección en el Congreso del 11 de julio, al que por ahora acuden cuatro candidaturas y en el que UPyD se juega su supervivencia.