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El fiscal Horrach suscribe la censura de la infanta Cristina al juez Castro

El juez rechazó reducir a 449.000 euros la fianza de la infanta Cristina

Cristina de Borbón después de testificar ante el juez Castro, en febrero. / ALBERT GEA (REUTERS)
Cristina de Borbón después de testificar ante el juez Castro, en febrero. / ALBERT GEA (REUTERS)

El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, encargado del caso Nóos, se ha sumado al recurso de apelación de la hermana del Rey, Cristina de Borbón, contra la decisión del juez instructor, José Castro, de rechazar rebajar la fianza civil a 449.525 euros, como le pedían las defensas, de un total de 2,7 millones. Fianza que el magistrado le impuso al dictar la apertura del juicio oral en diciembre de 2014 por dos supuesto delitos fiscales. “Nos adherimos íntegramente (..) a las consideraciones que efectúa la representación de doña Cristina de Borbón respecto al argumento y conclusión del Instructor [José Castro]”.

El impago de la fianza, que no tiene repercusiones sobre la situación personal de plena libertad de la imputada antes del juicio, es la garantía requerida por la Administración para reparar los daños ocasionados en el supuesto de que la Infanta sea considerada culpable. La no consignación de la fianza fue replicada por el juez con el inicio del embargo de patrimonio fondos y bienes.

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La apelación de la Infanta y el fiscal –en un escrito de más de 1800 palabras- se centran en debatir la cuantía y la posible aplicación para la imputada de atenuantes penales -la rebaja de eventuales penas- por la reparación anticipada del daño. Horrach, acusador público, subraya que la Infanta ya disminuyó o sustanció el eventual daño porque abonó casi 600.000 euros en metálico en el juzgado. Es la cifra que la fiscalía reclama, porque la ve beneficiaria a título lucrativo –sin carga penal- de los fondos malversados en la trama de su esposo, Iñaki Urdangarin, y en la sociedad familiar Aizoon.

Sin embargo, el juez Castro y la Audiencia de Palma creen que hay indicios delictivos contra la hermana del Rey y por ello la sientan en el banquillo. La esposa de Iñaki Urdangarin será juzgada ante la Audiencia de Palma por dos supuestos delitos fiscales en grado de cooperadora necesaria. Con ella estarán otras 17 personas, entre ellas el expresidente balear y reo por corrupción Jaume Matas e Iñaki Urdangarin.

El fiscal anticorrupción, respaldado públicamente en su labor en esta causa por la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, reseña que una imputada puede merecer la atenuante sin necesidad de “contrición” porque “no requiere el reconocimiento de responsabilidad”. Horrach, que detalla fianzas civiles por delitos paralelos –de grandes defraudadores fiscales confesos o corruptos políticos de Mallorca de mayor magnitud, vindica el derecho a que “lo desigual sea tratado de forma desigual”, y cita, además, una sentencia que estipula que “las esposas imputadas además se podrían ver favorecidas por la aplicación de la circunstancia atenuante (..) prevista para los cooperadores e inductores en los delitos especiales propios”.

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De aplicarse la tesis de Castro, dice Horrach, se “desalentaría las conductas de reparación del daño del delito”. Pedro Horrach destaca que ni la Acusación Pública (Fiscalía) ni la Acusación Particular (la Abogacía del Estado en nombre la Agencia Tributaria), imputan a Cristina de Borbón “hecho delictivo alguno” y solo lo hace una acusación popular, Manos Limpias.

“Ni el juez ni la Acusación Popular “, dice el fiscal, ” pueden sustituir legalmente la voluntad del perjudicado la administración” y cree que por ello “la cuantía de la fianza debe operar en el marco económico expresamente establecido por aquel”. Castro criticó a la Infanta por no haber colaborado en la instrucción ni reconocido el daño por sus supuestos fraudes fiscales, en 2007 y 2008. El fiscal rebate, con las propias palabras del instructor su aserto: “no se advirtió (en la Infanta) el más mínimo reconocimiento de los hechos ni siquiera a título de error o imprevisión”.

Horrach le recuerda al juez su análisis sobre el depósito judicial de la Infanta: “en realidad se trataba de afianzar, no reparar, las responsabilidades que pudieran deparársele” Los letrados de la Infanta atacaron al juez Castro por obrar de "forma acusadora", con un "grave atentado" a su derecho de defensa e insinuaba que obra de manera prevaricadora, delictiva, extralimitándose en sus funciones. Horrach, en su escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS hace suyas sus tesis. Indica al instructor que “ni cabe distinguir donde la ley no lo hace" ni la estrategia procesal "ni menos aún el derecho constitucional a no reconocerse culpable, son motivos legales para soslayar la apreciación de la atenuante”.

La Infanta lamentó haber sufrido del instructor “reproches” y “valoraciones subjetivas”, con interpretaciones de la ley cada vez en su rango menos favorable para ella. La defensa sostiene, como en el pasado, anticipó por escrito Horrach, que el juez Castro se extralimitó y que pudo actuar de manera jurídicamente reprobable, en las lindes de la prevaricación, obrar de manera injusta a sabiendas.

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