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Bárcenas reclama al juez 600 euros para vivir y pide un trabajo al PP

El extesorero recurre a la Audiencia Nacional en otro intento de mejorar su situación personal y judicial

Luis Bárcenas, exgerente y extesorero que manejó durante 20 años una caja b del PP con más de ocho millones y que amasó una fortuna propia oculta en Suiza de casi 50 millones, necesita 600 euros al mes para vivir, un trabajo estable y la opacidad suiza para librarse de decenas de años de cárcel.

En las últimas semanas, su abogado ha presentado diversos recursos ante la Audiencia Nacional y otros tribunales para aliviar la situación judicial y personal de Luis Bárcenas, que pasó 574 días en prisión preventiva y se enfrenta a dos procesos –caso Gürtel y caja b del PP- con altas peticiones de cárcel.

Acostumbrado a unos ingresos mensuales de 20.000 euros brutos, que le abonó el PP como extesorero sin funciones hasta el 1 de febrero de 2013; al cobro de cientos de miles de euros en dividendos cada tres meses a través de sus cuentas suizas, a las escapadas de fin de semana para esquiar en Suiza o en Francia; a los viajes exóticos que le organizaba la agencia de Francisco Correa, jefe de la red Gürtel; o a las expediciones de montaña con sus amigos del partido, Bárcenas vive desde hace varios años con su fortuna suiza bloqueada por orden judicial y su millonario patrimonio en España embargado por la Audiencia Nacional. Es un multimillonario bajo sospecha pendiente de dos juicios que pueden dejarle preso y en la indigencia.

"Las circunstancias personales no son las mismas". Bárcenas solicitó a finales de mayo al juez José de la Mata una ampliación de la cantidad asignada a la familia –de 300 euros a 900- para su manutención. Es la cuarta vez que lo intenta él o su esposa en los últimos meses."Las circunstancias personales no pueden ser las mismas debido a la variación de la situación personal de libertad provisional bajo fianza que se encuentra el señor Bárcenas", alega su abogado. "Sería necesario un aumento de tal asignación para gastos propios ya que hay un miembro más en la familia que necesita diariamente alimentación y gastos propios".

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Los abogados de Bárcenas, tanto el anterior Javier Gómez de Liaño, como el actual, Francisco Maroto, insisten en pedir este aumento desde hace casi dos años sin que, hasta ahora, haya tenido ningún resultado.

Unos meses después del ingreso de Bárcenas en la cárcel, Rosalía Iglesias, la esposa del extesorero, solicitó al juez Pablo Ruz que desbloquease las cuentas para que pudiera sacar 5.000 euros al mes con los que atender a los gastos de su vivienda, de su marido encarcelado, de su manutención y de la de su hijo.

Ruz consideró excesiva esa cantidad y la rebajó a 300 euros. Desde entonces, los abogados de la pareja no han dejado de presentar escritos en la Audiencia pidiendo un aumento en la asignación.

El penúltimo recurso fue resuelto por el juez Ruz en marzo pasado, cuando Bárcenas alegó que, tras su puesta en libertad, las necesidades habían crecido dado que había un miembro más en la familia, él mismo. Ruz rechazó aumentar de 300 a 900 euros la cantidad mensual a disposición del extesorero. La Fiscalía Anticorrupción, que se opuso también a la petición de Bárcenas, recordó que éste había pasado un fin de semana en Baqueira Beret con su familia pese a no disponer supuestamente de fondos económicos.

Un nuevo puesto de trabajo. La historia laboral de Luis Bárcenas en el PP es rocambolesca e incomprensible, según los jueces que han analizado su situación al hilo de varias denuncias del extesorero por supuesto despido improcedente.

El extesorero pidió a finales de mayo su reingreso en el PP con el argumento de que dos sentencias judiciales. que habían rechazado su demanda de despido improcedente, argumentaron que Bárcenas sigue siendo empleado en excedencia de la formación conservadora. Esas sentencias recuerdan que entre 2010 y 2013, Bárcenas disfrutó de despacho, secretaria y coche, que el PP abonaba las cuotas de seguridad social del supuesto empleado sin que el extesorero desempeñara trabajo alguno, y que todas esas situaciones suponían una simulación de contrato. “Estamos ante una simulación negocial, que existe cuando bajo la apariencia de un negocio se oculta otro propósito negocial”, concluyeron los jueces.

Ese contrato simulado que permitió a Bárcenas cobrar 20.000 euros brutos al mes se mantuvo entre 2010 y 2013, cuando el extesorero ya estaba imputado por grave corrupción e incluso después que se conocieran las cuentas suizas donde ocultaba su fortuna. El PP sólo dejó de pagar a Bárcenas cuando se hicieron públicos los papeles donde el extesorero apuntaba a mano una contabilidad paralela de la formación conservadora. En ella registraba los ingresos y gastos de una caja b ilegal que funcionó en el partido al menos entre 1990 y 2009.

El PP denegó la solicitud de su extesorero, quien ya ha anunciado que pedirá el reingreso por la vía judicial.

El veto suizo, un salvavidas. Más de la mitad de la pena de cárcel y de la inmunización y multas que, por ejemplo, solicita la Fiscalía Anticorrupción a Luis Bárcenas, se basan en toda la información suministrada por las autoridades suizas sobre el dinero que el extesorero ocultaba en diversas cuentas bancarias de ese país. Sin embargo, las autoridades suizas mantienen bloqueada la posibilidad legal de utilizar esa información para acusar al extesorero del delito fiscal en España. El juez Pablo Ruz remitió un escrito a las autoridades suizas justo antes de su despedida del juzgado en el que intentaba argumentar con las pruebas contenidas en el sumario las razones por las que Bárcenas cometió otros delitos para amasar una fortuna que luego no declaró al fisco español. El magistrado intenta convencer a las autoridades suizas para que resuelvan desbloquear toda la información que han remitido a España y que afecta a alguno de los principales imputados en la causa, entre ellos Bárcenas y el cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa.

El abogado del extesorero, junto a otros defensores de varios imputados con dinero en Suiza, han replicado con un nuevo recurso para convencer a Suiza de que mantenga la prohibición a España del uso de los datos bancarios de Bárcenas.

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