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La detención del delegado del Gobierno asfixia al PP valenciano

Castellano está acusado de prevaricación, malversación y cohecho en la adjudicación de contratos en su etapa como consejero

Serafín Castellanos entra detenido en el juzgado de Sagunto.

La detención por corrupción de Serafín Castellano, hasta ayer delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, ha asestado un golpe mortal al PP que dirige Alberto Fabra. Tras cosechar el domingo los peores resultados electorales desde 1991, la operación policial evidenció que la corrupción de los populares valencianos ha entrado en fase de metástasis. Castellano está acusado de prevaricación, malversación y cohecho en la adjudicación de contratos en su etapa como consejero. Tres departamentos del Gobierno de Fabra fueron registrados. El PP lo suspendió ayer de militancia y el Gobierno lo destituyó del cargo.

Castellano era una de las piezas clave del PP de la Comunidad Valenciana. Ayer fue apartado del partido y destituido por el Gobierno. El juez le dejó en libertad provisional con cargos y le retiró el pasaporte tras declarar en Sagunto por varios delitos relacionados con la corrupción.

Alcalde entre 1991 y 1999 de Benissanó (Valencia), donde fue detenido a las 7.30 de la mañana mientras los policías de la UDEF procedían al registro de su vivienda, Castellano fue consejero en los Gobiernos autonómicos de Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra antes de asumir la representación del Ejecutivo central como delegado del Gobierno.

El hoy presidente en funciones de la Generalitat lo designó secretario general en el congreso del PP en 2012 y lo mantuvo como consejero de Gobernación. Y ello, pese a quienes le advirtieron de que sobre él planeaba la sospecha de la corrupción. Los contratos fraccionados y sin publicidad de obras y reformas adjudicados a Construcciones Taroncher —propiedad de un amigo íntimo— y rumores sobre la estrecha relación que mantenía con los responsables de Avialsa— la adjudicataria de un jugoso contrato para labores de extinción de incendios forestales con medios aéreos— corrían desde hacía tiempo por los círculos de poder del PP y provocaban las críticas de la oposición.

Sin embargo, fueron los malos resultados de las elecciones europeas de 2014 y la presión de los barones provinciales —incluido el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, expulsado hace tres semanas del PP por corrupción— quienes forzaron a Fabra a prescindir de Castellano. Este dirigente, capaz de sobrevivir a tres presidentes regionales del PP, encontró destino al frente de la Delegación del Gobierno, puesto al que accedió con las reticencias de Soraya Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta del Gobierno informó ayer de forma escueta, y como si fuese un asunto de trámite, de la destitución de Castellano, al que hace menos de un mes había defendido en una respuesta parlamentaria en el Congreso.

De la influencia del político detenido da cuenta un vídeo de la noche de la derrota electoral del pasado domingo en el que se ve a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, abrazándose a él mientras le dice: “¡Qué hostia, qué hostia”.

La portavoz del Gobierno valenciano, María José Catalá, visiblemente conmocionada, apenas pudo dar cuenta, tras la reunión semanal del Ejecutivo, de que el PPCV había suspendido a Castellano de militancia. A esa hora estaban siendo registradas las consejerías de Gobernación, Sanidad e Infraestructuras, donde los agentes requisaron abundante material. El alcalde popular de Quartell (Valencia), Francisco Huguet, y uno de sus ediles fueron detenidos también junto con varios empleados de la empresa Avialsa. La operación policial terminó con nueve los arrestados.

La investigación analiza las contratas a Avialsa de medios aéreos para la extinción de incendios, las adjudicaciones a Construcciones Taroncher y la construcción de una pista forestal en el municipio de Viver (Castellón). La causa está bajo secreto, según el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Fuentes de la investigación apuntaron que Castellano recibió, supuestamente, distintos obsequios por parte de los contratistas. El destituido era un habitual de las cacerías que organizaba el presidente de Avialsa, Vicente Huerta, también detenido. Este empresario le habría regalado un rifle, extremo que Castellano siempre ha negado.

La detención deteriora la imagen de la delegación del Gobierno, la única institución que había permanecido al margen de los escándalos de corrupción del PP valenciano.

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