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El Tribunal de Cuentas remodela el área con más casos de enchufismo

El organismo fiscalizador reorganiza su antiguo departamento de informática

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, el pasado abril, en el Congreso de los Diputados. Ampliar foto
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, el pasado abril, en el Congreso de los Diputados. EFE

El Tribunal de Cuentas, donde casi un centenar de sus 650 empleados son familiares y/o allegados de altos cargos y representantes sindicales de UGT, ha remodelado uno de sus principales nidos de enchufismo: el departamento de Informática. Solo cinco de los 60 trabajadores de este área eran especialistas. El resto carecía de formación para afrontar los nuevos retos tecnológicos, según un informe del subdirector jefe de Informática de la Administración del Estado. La reorganización se produce once meses después de que EL PAÍS revelara la falta de conocimientos y titulación de la gran mayoría de los técnicos de este organismo fiscalizador, donde el 14% de la plantilla tiene vínculos de parentesco. Y es la única medida adoptada tras el escándalo.

El nuevo departamento dependerá del presidente de la entidad, Ramón Álvarez de Miranda. Y prescindirá de los empleados no aptos, el 80%, según el citado informe. La mayoría de los trabajadores de la unidad solo tuvo que acreditar el manejo del sistema operativo Windows. El sueldo medio de la plantilla del Tribunal supera el salario de un inspector de Hacienda recién llegado, unos 3.000 euros.

La remodelación fue acordada el pasado 26 de febrero en un pleno. Uno de los consejeros voto en contra y varios más se adhirieron. Los críticos entendieron que la nueva área no podía depender en exclusiva de Presidencia, entre otros argumentos, según fuentes conocedoras del debate.

La deficiente formación profesional afloró cuando el pasado junio se planteó la modernización tecnológica para reducir los retrasos en la fiscalización de las Administraciones y partidos políticos. La institución, que ha llegado a tardar cinco años en auditar la financiación de las formaciones, contrató servicios externos por la ausencia de expertos en su plantilla.

El 80% de los empleados no eran aptos, según un informe

La reorganización ha sido aprobada para “mejorar el nivel de capacitación de los operarios”, reducir las partidas de las contrataciones externas y combatir el riesgo de fuga de información sensible. La institución fiscaliza desde el dinero público de las Administraciones a la contabilidad de los partidos políticos o su sistema de financiación a través de plataformas digitales, el denominado crowdfunding.

Hasta el momento, los informáticos del Tribunal se distribuían en grupos de cuatro o cinco que dependían de los jefes de cada departamento. La casa ha creado ahora una única sección. El personal laboral menos cualificado pasará a llamarse “auxiliares de grabación”. El objetivo es que fluya la información y que los empleados más preparados enseñen a los menos formados.

Para acceder al antiguo departamento de informática, un tercio de los empleados —los operadores— solo acreditaron estudios de BUP, FP2 y LOGSE. Otros 19 entraron con ESO, el graduado escolar o FP1. Los cuatro programadores solo debieron demostrar soltura con el sistema operativo MS-DOS, que dejó de usarse a mediados de los 90. Y a los dos jefes de negociado se les exigió el manejo de hojas de cálculo y procesadores de textos.

El organismo, pese a haber remozado su sección de Informática, ensalza en un informe interno a su antigua área tecnológica. “Debe destacarse la valoración positiva y el reconocimiento al personal del Tribunal, que con pocos medios ha logrado llevar a cabo proyectos tecnológicos”, recoge un documento del pasado 15 de febrero.

Las carencias habían obligado reiteradas veces al tribunal a acudir con urgencia a profesionales de la Administración General del Estado. El presidente de este organismo que maneja un presupuesto de 60 millones de euros, Ramón Álvarez de Miranda, tuvo que comparecer el pasado 8 de julio ante el Congreso de los Diputados para explicar supuestos casos de nepotismo.

A los trabajadores se les exigía solo el manejo de Windows y Office

Los lazos familiares alcanzan a los tres principales altos cargos. El presidente tiene dentro de la institución a una cuñada y a un sobrino. El responsable de la Sección de Fiscalización, Javier Medina (PP), tiene a dos hermanos, a su esposa y a una pariente de esta. Y el encargado de la Sección de Enjuiciamiento, Felipe García, tiene a una cuñada. También trabajan en el organismo la hija y el yerno del exsecretario general José Antonio Pajares. Los dos últimos presidente del comité de empresa, de UGT, acumulan más de 15 familiares y allegados. Muchos de ellos recalaron en el departamento de informática.

En paralelo, parientes de altos cargos de Gobiernos del PP salpican el organigrama de la casa. Es el caso de Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno José María Aznar, o María José Molinuevo, esposa del embajador de España en el Reino Unido, Federico Trillo. La nómina se completa con la presencia de dos hermanas de la exministra y presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez. Y un sillón como consejera de la exministra del Ejecutivo de Aznar Margarita Mariscal de Gante. Percibe 4.700 euros almes y tiene coche oficial.