UPyD cifra en más de 100.000 millones el coste del mal gobierno

Si UPyD gobernara, atacaría las estructuras de la administración política paralela, reduciendo a cuatro los asesores del presidente del Gobierno, a tres los de los presidentes autonómicos y alcaldes de ciudades con más de 500.000 habitantes; y a dos los de ministros, consejeros y alcaldes de ciudades con más de 250.000 vecinos. Son algunas de las medidas que el partido propondrá este miércoles durante la presentación del informe Reformar las administraciones públicas, que estiman el coste del mal gobierno en más de 100.000 millones de euros para el periodo 2009-2013, y al que ha tenido acceso EL PAÍS.

“Despreciar el nivel de la gestión estratégica, de la eficacia y de la eficiencia ha sido un gran error político-cultural-estratégico de los últimos gobiernos que hemos tenido en España”, escriben los autores del estudio, que afirma que el coste del mal gobierno se podría casi triplicar (hasta los 220.000 millones) si las estadísticas oficiales fueran accesibles. Así, los investigadores del grupo de Administraciones públicas de UPyD centran sus críticas en seis puntos: proyectos que consideran innecesarios, fallidos, duplicados o mal diseñados, como aeropuertos o estaciones de AVE; medidas que califica como improvisadas o irracionales, como el Plan E; corrupción; o los costes de la responsabilidad patrimonial del estado; de resolución y suspensión de contratos por causa imputable a la Administración; y de créditos extraordinarios.

“La cifra de 101.937 millones de euros”, razona el informe; “no es sino la punta del iceberg de un gasto excesivo o inadecuado muy difícil de controlar”. Como solución, la formación de Rosa Díez propone, entre otras medidas, impulsar un cambio cultural que incluye una reforma legal para que los ministros pasen un examen cada dos años con el que acreditar que su gestión responde a los criterios de buen gobierno; cambiar los exámenes de oposición de los funcionarios para mejorarlos en objetividad; e inhabilitar para cargo público durante un tiempo por determinar a aquellos cargos en los que se haya acreditado despilfarro por el Tribunal de Cuentas.