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SANIDAD PÚBLICA

El Constitucional avala la ley que inició la privatización sanitaria

La presión social obligó a González a paralizar la 'externalización' de seis hospitales

Estima parcialmente el recurso del PSOE en el caso de los centros de salud

Manifestación en el hospital La Paz (Madrid) contra la privatización, en noviembre de 2012.
Manifestación en el hospital La Paz (Madrid) contra la privatización, en noviembre de 2012.

El Tribunal Constitucional ha desestimado un recurso presentado por el PSOE contra la ley madrileña que permitía entregar a empresas privadas la gestión de seis hospitales, el mayor plan de privatización sanitaria puesto en marcha en España. Los magistrados consideran que la norma no es inconstitucional, aunque no entran a valorar el fondo del asunto.

La ley, aprobada en 2012, permitía adjudicar contratos para la gestión del servicio público sanitario. El Constitucional concluye que el texto legal únicamente abre la puerta a la posibilidad de que sean empresas privadas las que lo hagan, pero no es “un imperativo”. Y recuerda que la legislación estatal permite desde 1997 otras formas de gestión en el sistema nacional de salud.

El artículo de la ley madrileña de 2012 que abría la puerta a la entrada de empresas privadas era efectivamente muy genérico. Autorizaba a “adjudicar contratos para la gestión del servicio público de asistencia sanitaria especializada” en seis hospitales construidos con dinero público e inaugurados en 2008. La decisión afectaba a 5.000 trabajadores y a 1,2 millones de madrileños.

Una vez aprobada la ley, la Comunidad de Madrid sacó a concurso esos seis centros, hasta entonces gestionados bajo la forma jurídica de la empresa pública. Los adjudicó, sin esperar a las sentencias de los tribunales en los que se acumulaban varios recursos, en agosto de 2013 a tres gigantes de la sanidad privada.

El presidente madrileño, Ignacio González, acabó renunciando al plan privatizador en enero de 2014 por la presión de la marea blanca —el mayor movimiento de protesta del sector sanitario en los últimos años— y por varios reveses judiciales que dejaron en suspenso el proceso. Sin embargo, la ley madrileña 8/2012 con la que empezó todo siguió vigente. Y esta es la que ahora el Constitucional avala.

Gráfico de la pesca tailandesa.
Gráfico de la pesca tailandesa.

Fuentes jurídicas reiteraron a EL PAÍS que los jueces no entran a valorar el tipo de gestión ni su “eficacia” ni los pliegos del concurso ni la adjudicación, sino únicamente la constitucionalidad de la norma. Señalan que, a diferencia de lo que argumentaba el PSOE, no crea desigualdades entre los pacientes atendidos bajo una forma u otra de gestión y que la titularidad pública del servicio se mantiene.

“Nuestro juicio de constitucionalidad debe quedar ceñido al texto del impugnado artículo”, señalan los magistrados, “sin que podamos entrar a valorar eventuales diferencias de trato entre ciudadanos que su desarrollo o práctica aplicativa pudiera generar y que, en caso de producirse, obviamente quedarían sujetas a los mecanismos de tutela y control dispuestos por el ordenamiento”.

“La opción por un sistema de gestión indirecta de los hospitales”, añade, “no representa, por ello mismo, una auténtica novedad sino la utilización de una posibilidad que, más allá de su mayor o menor novedad, abrió el legislador básico estatal en la Ley de 25 de abril de 1997”, concluye.

El Constitucional sí estima parcialmente el recurso de 50 senadores socialistas en lo que concierne a otro de los intentos privatizadores del Gobierno madrileño: entregar la gestión del 10% de los centros de salud de la región a empresas constituidas en total o en su mayor parte por profesionales del Servicio Madrileño de Salud. Este artículo contradice la ley que regula los contratos del sector público, que contempla la igualdad de trato entre los candidatos a un concurso.

El plan privatizador llevaba suspendido cautelarmente desde septiembre de 2013, cuando el Tribunal Superior de Madrid ordenó paralizar el proceso hasta poder entrar en el fondo del asunto. El auto apuntaba a posibles irregularidades en la adjudicación, como la modificación de las condiciones del concurso solo cuatro días antes de cerrarse el plazo, y a que los cambios en la gestión serían “irreversibles” si acabara fallando contra el Gobierno.

Un año de lucha de la ‘marea blanca’

E. G. S.

31 de octubre de 2012.El presidente madrileño, Ignacio González, anuncia, junto con los presupuestos del año siguiente, su intención de privatizar la gestión de seis hospitales y el 10% de los centros de salud.

 2 de noviembre de 2012. Una asamblea multitudinaria en el hospital de La Princesa inicia un encierro indefinido contra otro de los anuncios del Gobierno: el “desmantelamiento” de este centro, que pasa a convertirse en emblema de la lucha por la sanidad pública.

Mediados de noviembre de 2012. Apenas dos semanas después, prácticamente todos los hospitales públicos mantienen encierros indefinidos en sus dependencias.

26 de noviembre de 2012. Empiezan las huelgas. La primera jornada de paro total del sector sanitario, convocada por todos los sindicatos, coincide con el inicio de los paros indefinidos organizados por los médicos de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM). Esta entidad se convertirá en la más activa en su lucha contra la privatización, tanto en los tribunales como en la calle.

Cinco semanas de huelga indefinida. Durante ellas, los médicos madrileños dejaron 50.000 consultas suspendidas y cerca de 6.500 operaciones aplazadas.

Febrero de 2013. Una asamblea multitudinaria de médicos de AFEM vota recolectar dinero para parar la privatización en los tribunales. Partidos de la oposición y sindicatos también anuncian recursos.

En los meses siguientes se acumulan hasta 14 causas en diferentes tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) suspende cautelarmente la privatización en julio tras una denuncia del PSOE, pero la levanta dos semanas después al considerar que el partido no tenía legitimación. A principios de septiembre de 2013, otro juzgado ordena la suspensión. Unos días más tarde, la sección tercera del TSJM toma la misma resolución hasta estudiar el fondo del asunto.

En enero de 2014, González anuncia que abandona los planes privatizadores. El TSJM dio por cerrados los recursos.

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