PP y CiU frenarán la incompatibilidad de diputados que propone Díaz

PP y CiU están radicalmente en contra de que los parlamentarios tengan dedicación exclusiva, tal y como ha propuesto este lunes Susana Díaz, recogiendo la propuesta que ya ha formulado reiteradamente el PSOE en el Congreso de los Diputados.

De hecho, el próximo martes día 12, el pleno de la Cámara debatirá y votará una moción del PSOE de la que la presidenta andaluza ha sacado su propuesta presentada este lunes. Esa moción propone “hacer efectivo el principio de dedicación exclusiva de los miembros de la Cámara a sus tareas de representación política”.

Solo se permitiría “la mera administración de patrimonio y la producción y creación literaria, científica, artística o técnica y las publicaciones derivadas de ellas, así como, siempre que no se perciba remuneración, la pertenencia a órganos directivos o de representación de partidos políticos, organizaciones sindicales o empresariales, asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, la colaboración en actividades docentes, o la participación en conferencias, seminarios y actividades análogas o la colaboración en medios de comunicación”. Es decir, lo mismo que propone Díaz. Comparten esta posición PNV, UPyD, Izquierda Plural y el Grupo Mixto. También los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos son partidarios de la incompatibilidad absoluta que propone el PSOE.

En cambio, el PP, según explicación del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de su portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, considera que si se hace renunciar a los diputados a su actividad profesional previa, se produciría un empobrecimiento de la política y una renuncia a participar en cargos electos.

“Es muy importante no alejar demasiado a los diputados de la calle. Creo que hay unas incompatibilidades en este momento duras y muy exigentes, las mayores de la Unión Europea (...) corremos el riesgo de que sólo se dedique a la política alguien con unos recursos ilimitados o alguien con más bien pocos recursos. Conviene que el Parlamento sea muy representativo de lo que es el conjunto de la nación”, aseguró Rajoy la pasada semana en un desayuno informativo.

CiU comparte esta misma tesis por entender que debe mantenerse el mismo sistema, según el cual puede desempeñarse cualquier actividad con autorización expresa del Congreso salvo la que suponga contratar con la Administración.

Los populares consideran que ya son suficientes las limitaciones

Los socialistas entienden que la actual regulación deja vacíos legales que permiten fraudes de ley. Por ejemplo, Vicente Martínez-Pujalte no contrató con su despacho directamente con la Administración, pero tenía un acuerdo con remuneración fija de 5.000 euros al mes con una constructora que vive de adjudicaciones públicas.

Según el PSOE, también sorteó la ley Agustín Conde, diputado del PP por Toledo. La ley electoral impide “la prestación de servicios en entidades de crédito o aseguradoras o en cualesquiera sociedades o entidades que tengan un objeto fundamentalmente financiero y hagan apelación públicamente al ahorro y al crédito”. Sin embargo, el despacho de Conde, según ha admitido él mismo, trabaja para una división del Banco de Santander, lo que para el PSOE supone “un uso indebido de su condición de diputado”.

El PSOE ha hecho llegar a la Comisión del Estatuto del Diputado un escrito para que investigue esta situación. El propio Conde admitió la semana pasada que, además, había omitido incluir en su declaración de intereses una de sus empresas. Una vez hecho público por la cadena SER lo subsanó sin reproche alguno del Congreso, por carecer de procedimiento para hacerlo.

Otra medida apuntada por Susana Díaz en su discurso de investidura, la de la limitación de los indultos, también será debatida y votada la próxima semana en el Congreso a instancias del PSOE.