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POLÍTICA SANITARIA

Competencia critica el sistema de fijación de precios de los fármacos

La CNMC asegura que falta transparencia y no se tiene en cuenta el coste-efectividad

Elena G. Sevillano
El gasto en medicamentos supone el 18% de los presupuestos autonómicos.
El gasto en medicamentos supone el 18% de los presupuestos autonómicos.Mark Elias (Bloomberg)

El proceso no es transparente, los criterios de coste-efectividad no se tienen en cuenta y la mayor competencia en precios solo ha beneficiado a las farmacias y no al consumidor. Son algunas de las conclusiones de un duro informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) sobre el sistema de fijación de precios de los medicamentos en España. La CNMC critica la forma en la que los fármacos se incluyen en la financiación pública. Habla incluso de la "excesiva discrecionalidad" del proceso.

El informe de la CNMC analiza el Proyecto de Real Decreto Legislativo (PRDL) que prepara el Gobierno para recoger en un único texto todas las modificaciones legales que se han hecho en los últimos años en la ley del medicamento. Entre otras cosas, se ha traspuesto normativa comunitaria y se han aprobado medidas de "racionalización del gasto farmacéutico"

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Competencia aprovecha el informe para lanzar una crítica a todo el sistema de fijación de precios y de financiación pública. Asegura, por ejemplo, que el procedimiento para incluir un medicamento en el Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene una "excesiva discrecionalidad" y supone incluso una "posible discriminación" por el origen de los productos al incluir como consideración la contribución al producto interior bruto (PIB) del laboratorio que los produce. Cuestiones que considera importantes "dada la relevancia que para un medicamento presenta el que se le garantice sus financiación por el SNS".

Una de las críticas más relevantes es la de la falta de transparencia. "No se publican resoluciones motivadas de los precios fijados", señala el informe de Competencia. Sobre la fijación de precios de los medicamentos de nueva comercialización, hay una Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) que apenas considera "criterios tasados", según el informe. Una regulación "criticable" en tanto que "resulta excesivamente vaga".

"El mecanismo no es transparente ni predecible", asegura el texto. Y continúa: "Se desconocen los criterios precisos. Se detecta una falta de información de los acuerdos de la CIPM en los últimos 3 años para los medicamentos de nueva comercialización. No se publican informes motivados de resolución sobrefinanciación y precio. En este sentido, parece que existe margen para introducir una mayor transparencia en base a criterios objetivos y transparentes".

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El gasto farmacéutico creció en 2014 por primera vez después de la introducción del copago que firmó la exministra de Sanidad Ana Mato. Las recetas públicas costaron 9.362 millones de euros, un 2% más que el año anterior. Sin embargo, esa cantidad no corresponde al gasto farmacéutico total. Se trata únicamente a lo que paga la Administración por la parte subvencionada de los medicamentos que se dispensan con receta en las farmacias.

La factura global es mucho más abultada, pero no se conoce. El Gobierno no tiene registros o una contabilidad fiel de lo que se desembolsa por los fármacos que se consumen en los hospitales, cuando es allí donde se administran los medicamentos más innovadores y, por tanto, más costosos. El gasto farmacéutico de las comunidades autónomas no podrá crecer por encima de lo que aumente el PIB nacional, según un nuevo mecanismo ideado por el Ministerio de Hacienda para ayudar a las comunidades a financiar la compra de medicamentos y las inversiones sanitarias.

La CNMC también aconseja al Ministerio de Sanidad "cambios estructurales en la intervención del precio", "orientándose a mecanismos que tengan en cuenta muy especialmente las consideraciones de coste-efectividad, además de la aportación terapéutica o a la innovación del fármaco".

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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