La Audiencia confirma la prisión del socio de Granados y su secretaria

La Audiencia Nacional ha confirmado la prisión del constructor David Marjaliza, socio del exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, y de su secretaria, Ana María Ramírez Fernández, por la Operación Púnica. Cuando están a punto de cumplirse seis meses desde que se desatara la redada policial contra la trama de corrupción en Madrid, la Sala de lo Penal de la Audiencia rechaza las peticiones de libertad de los principales imputados al entender que podrían desbaratar las "diversas líneas de investigación" que permanecen "plenamente vigentes".

La Sección Cuarta de lo Penal, que resuelve los recursos que presentan las partes a la instrucción del juez Eloy Velasco, recuerda que en el caso de Marjaliza "todavía no han podido conocerse todas las empresas utilizadas o vinculadas" a él, que el fiscal cifra en "más de 150". El tribunal entiende que "concurren sobradamente" los requisitos de riesgo de fuga, destrucción de pruebas y reiteración delictiva para mantener la prisión del constructor, que hizo su fortuna a la sombra de Granados, su amigo de la infancia. Marjaliza está imputado por blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, falsedad documental, delito contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal.

El mismo tribunal desestima también la petición de libertad de Ana María Ramírez, secretaria de Marjaliza y, al igual que él, en prisión desde el 30 de octubre pasado. Los magistrados sostienen que los pinchazos telefónicos, los seguimientos, y el material incautado en los registros de la operación Púnica arrojan "graves indicios" del "importante rol" que Ramírez desempeñaba en la "trama delictiva". La secretaria escondía en su domicilio "documentación sensible" y tenía "gran protagonismo" en el "diseño y pervivencia de la estructura delictiva".

La red de Granados y Marjaliza se dedicaba, recuerda la resolución, a "mover voluntades en varios Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid" para obtener "cuantiosos beneficios ilegales" en la "contratación pública amañad" y la "espuria recalificación de terrenos". Los beneficios, prosigue el auto, "eran trasladados a paraísos fiscales".

La trama, concluye, "fomentaba detestables actitudes corruptas en el ámbito empresarial público y privado". Los jueces afirman que "siguen acumulándose datos sobre el entramado delictivo y abriéndose líneas de investigación", lo que acrecienta el riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Por ello, rechaza imponer otras medidas cautelares más suaves a la prisión, como la imposición de una fianza o la retirada del pasaporte.