Hacienda detecta comisiones en la autorización de parques eólicos

La Agencia Tributaria denuncia una trama de 110 millones en Castilla y León

Cargos regionales y constructores afines agilizaron trámites tras los pagos

La Agencia Tributaria ha denunciado a la Fiscalía Anticorrupción el presunto pago de comisiones para facilitar la instalación de parques eólicos en Castilla y León. Un informe de 94 folios elaborado por la inspección de la Agencia Tributaria y fechado el pasado 30 de diciembre al que ha tenido acceso este diario concluye “la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo” que cobraron de las eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos en esa comunidad.

 Hacienda incluye en esa organización a “autoridades públicas de Castilla y León”, “las empresas eléctricas que iban a hacer la instalación y explotación de los parques”, “los intermediarios promotores de los parques eólicos que obtuvieron las autorizaciones administrativas precisas” y “las sociedades propiedad de los empresarios locales que, sin motivos económicos válidos, recibieron las transferencias de fondos o de acciones por importe superior a 110 millones de euros”.

El informe detalla siete operaciones en las que las eléctricas terminan pagando a empresarios locales o altos cargos estas cantidades directamente o mediante la transmisión de acciones en sociedades creadas para la explotación de los parques y sin que se produzca ninguna contraprestación o actuación concreta.

Comunidad líder

Castilla y León es la comunidad con más megavatios eólicos instalados, 5.560, un 25% del total de Espala.

Los parques eólicos tienen garantizadas primas que pagan los consumidors en el recibo de la luz durante 25 años de funcionamiento.

La eólica recibió en 2014 unos 1.250 millones de euros en primas, de un total de 6.500 para el resto de tecnologías renovables, los residuos y la cogeneración.

Según la potencia instalada, a los parques eólicos de Castilla y León el año pasado les correspondieron alrededor de 300 millones en primas.

En 2014, la eólica fue la segunda fuente de electricidad de España (un 20,4%), solo por detrás de la nuclear (21,2%).

Entre 2004 y 2009 la potencia eólica en Castilla y León se multiplicó por 2,5: pasó de 1.531 megavatios instalados a 3.952.

Cuando los parques eólicos no superan determinada potencia la aprobación ambiental y la autorización administrativa dependen de la comunidad autónoma.

Algunas comunidades realizaron concursos eólicos. Castilla y León optó por otro modelo: la Junta aprobaba los emplazamientos que presentaban los promotores en función de criterios ambientales y de la conexión a la red eléctrica.

La conclusión es que las eléctricas transfieren las acciones de las sociedad creadas de tal forma que “se multiplica por cientos de veces, incluso miles, el capital inicialmente aportado, sin que en la mayoría de los casos hayan llegado a instalarse los aerogeneradores para la producción de energía”.

La Agencia Tributaria ha detectado que entre los beneficiarios hay personas que entonces ocupaban cargos de responsabilidad en la Consejería de Economía de Castilla y Leon, la que autorizaba los parques.

Uno es el entonces viceconsejero, Rafael Delgado Núñez, el que firmaba las autorizaciones administrativas “en virtud de acuerdos de avocación específicos”. Este diario ha intentado sin éxito localizar a Delgado Núñez. Como muchos de los citados, sí que declaró ante la inspección. Allí afirmó que el proceso en esa comunidad había sido “altamente eficaz” porque apenas había recursos ante los tribunales y que valoraban que “las empresas solicitantes tuviesen interés regional”, siempre según el informe.

Sin embargo, el principal señalado por el documento es Alberto Esgueva, que fue hasta 2006 consejero delegado de Excal, empresa pública de la Junta dedicada a fomentar exportaciones. Su grupo empresarial es uno de los más beneficiados por las operaciones. Desde el pasado mes de septiembre reside en Polonia, donde dirige una empresa inmobiliaria. No ha querido hablar para este diario pese a las reiteradas peticiones a su secretaria.

El responsable de la Consejería de Economía es Tomás Villanueva, que lleva en el cargo desde 2003 y es considerado como la mano derecha del presidente autonómico, Juan Vicente Herrera (PP). Su nombre se menciona en el informe para señalar que Delgado Núñez “desempeñó un puesto muy importante en dos consejerías de la Junta de Castilla y León (Economía y Educación) cuya titularidad correspondió al consejero Tomás Villanueva, de manera que cuando el consejero cambiaba de consejería también lo hacía Rafael [Delgado], ya fuera como viceconsejero o secretario general”.

Un portavoz de la consejería señaló que desconocen todo sobre el informe, que por lo que saben las autorizaciones se dieron correctamente y que si hubo transferencias entre empresas eso no les consta. El consejero no quiso hacer declaraciones.

El inspector documenta multitud de pagos que tienen una respuesta inmediata en concesiones administrativas o decisiones de la Junta para poner en marcha los parques eólicos. En alguno de los casos, los pagos desbloquean decisiones que estaban pendientes desde hace más de seis años. En otros, al fin de la transmisión de las acciones le sigue la firma por Rafael Delgado solo dos días después de la autorización administrativa que estaba parada desde hace tres años.

El “sistema” de funcionamiento es que las eléctricas que querían instalar parques eólicos formaban empresas mixtas vehículo junto con cargos de la consejería o empresarios locales “relacionados con el poder autonómico”.

Lo hacían a pesar de que eran las propias eléctricas las que “presentan el proyecto, el estudio de impacto ambiental y actúan como promotoras del parque eólico, ya que son ellas las que realizan los estudios de medición del viento [...] y los que realizan la totalidad de los trámites administrativos para la obtención de los permisos, licencias y autorizaciones sin participación alguna de los empresarios de Castilla y León”.

Al asociarse con un empresario local o un alto cargo autonómico, agilizaban los trámites. Una vez conseguida la autorización para instalar el parque, las eléctricas recompraban las acciones a su socio local por un precio que multiplicaba el capital que estos habían desembolsado.

“Los hechos descritos parecen indicar que para que pudiera avanzar la tramitación administrativa y para que fuese otorgada la autorización de los parques eólicos fue preciso llevar a cabo una aparente asociación teledirigida con alguno de los grandes grupos económicos de la comunidad, propiedad de personas que habían desempeñado puestos de relevancia en sociedades participadas por organismos públicos integrados en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León (Caso de Alberto Esgueva Gutiérrez), bien habían desempeñado cargos de relevancia o bien tenían importantes relaciones económicas con las distintas consejerías de la Junta (Caso del Grupo Collosa y del Grupo Parqueolid)”, señala el inspector de Hacienda.

En esas conclusiones, el inspector asegura reiteradamente que “no nos encontramos ante relaciones empresariales normales, puesto que las relaciones observadas no son propias de la lógica mercantil” y deduce que son traspasos de fondos que “carecen total y absolutamente de motivo económico válido”. La investigación de Hacienda afecta a 35 parques eólicos aprobados entre 2004 y 2007. Sin embargo, hay pagos posteriores y llegan hasta 2009, conforme los aerogeneradores se pusieron en marcha.

Una de las empresas de renovables que más pagó por la instalación de parques eólicos es Preneal, una sociedad dirigida por el expresidente de Visa en España y ex secretario de Estado con la UCD, Eduardo Merigó. Ante Hacienda, este “manifestó en reiteradas ocasiones que su sociedad se sentía víctima del sistema”. Merigó no ha respondido a las múltiples llamadas de este diario.

Preneal pagó seis millones a San Cayetano Wind, empresa del alto cargo Rafael Esgueva, y lo hizo “sin obligación ni contraprestación alguna”.

También abonó siete millones a Cronos Global (propiedad al 50% de Esgueva). En diciembre de 2014, un representante de Preneal declaró ante Hacienda que esta firma era la que había hecho todos los trabajos, que “no necesitaba en absoluto la prestación de servicios por parte de ninguna otra sociedad” y que Cronos Global “no colaboró en ningún momento en la obtención de autorizaciones administrativa” “ni realizó ni presentó los proyectos de instalación de parques eólicos”. Esos parques siguen hoy sin estar aprobados, pero Cronos Global sí recibió siete millones de euros tras haber puesto 1,5 millones.

En esos años, Cronos Global tuvo un “importante movimiento de divisas impropio del final de una fase alta del ciclo económico y del inicio de la recesión. Baste decir que una sociedad que podría catalogarse de pequeña, tiene unas salidas de divisas por importe de 100 millones de euros (con destino a Polonia y en menor medida a Estados Unidos) y unas entradas de 38 millones”.

El otro 50% de Cronos Global pertenece a Luis María García Clerigó y su familia. Clerigó es presidente de Parqueolid, una constructora de Valladolid. Clerigó afirmó a este periódico que hace siete años tuvo un ictus y que no recuerda nada de aquello. Parqueolid ya está cerrada. Esta empresa, según Hacienda, recibió de la Consejería de Economía 50 millones por un edificio en el que reordenaba sus sedes. Hacienda ya remitió a la fiscalía esa operación. Por esto, un juzgado de Valladolid investiga las cuentas personales de Rafael Delgado, número dos de Economía durante ocho años e imputado en ese caso.

Preneal además pagó 10,48 millones al Grupo Collosa, una importante constructora de Valladolid, que había colocado 51.000 euros. “El inspector no ha encontrado ninguna prueba, siquiera indicios, de que entre ambas sociedades existiera una prestación de servicios por parte de Inverduero”. Un portavoz de Collosa señaló que “la empresa no tiene constancia de la existencia de ese informe y prefiere no opinar hasta conocerlo”.

No es solo Preneal la que pagó. Una de las filiales de Collosa, Inverduero, firmó en 2005 con Endesa un acuerdo para desarrollar parques eólicos. Fundaron Prodener I para construir un parque eólico en Burgos. La empresa local puso 15.000 euros y dos años y 26 días después Endesa recompró las acciones por 2,485 millones. Un portavoz de Endesa señala que han revisado el contrato y que no ven nada anómalo. Explica que por problemas de financiación de Inverduero decidió vender para no bloquear el proyecto y que lo hizo por 2,5 millones cuando estaba tasado en 4,2. “Actualmente, se mantienen con Inverduero otros dos proyectos eólicos, a través de Enel Green Power. Uno de ellos es anterior a esta operación y el otro, posterior. Ambos parques se encuentran operativos, por lo que queda patente que Inverduero no era ni es un socio financiero o instrumental, sino un socio claramente industrial local e implicado en el desarrollo de los proyectos, si bien tuvo que salirse del anteriormente mencionado por los problemas financieros que les afectaron en 2009”, explica por correo.

Collosa es una empresa que “se ha caracterizado por la realización de importantes operaciones comerciales con las distintas consejerías del Gobierno autonómico así como organismos dependientes de la Administración central y local”. Collosa participó con un 35% en la empresa que construyó el edificio de las Cortes de Castilla y León. Entre 2006 y 2007 facturó 134,4 millones a la Junta de Castilla y León. Además, uniones de empresas en las que participó Collosa facturaron otros 304,2 millones a la Junta en ese periodo.

Hacienda resalta que “todas estas actuaciones de aparentes opciones de compra, compras y ventas de valores culminan con traspasos de ingentes cantidades de millones a grupos económicos de Castilla y León y de la secuencia temporal del proceso administrativo y de los hechos descritos se puede inferir, presumiblemente, cierta correlación entre ambos”.

“Resulta cuanto menos sorprendente que en los meses previos al 12 de julio de 2007, cuando Rafael Delgado deja su puesto de viceconsejero de Economía, para ocupar el de secretario general de la misma consejería, se produjera la firma de un gran número de resoluciones, hecho que resulta inusual de haberse seguido la secuencia temporal que debería haber llevado el proceso de autorización de los parques”, añade.

Su conclusión es que “el exorbitante volumen de las cantidades de dinero transferido a los grandes grupos económicos de Castilla y León que, tomando en consideración, exclusivamente los siete casos expuestos sin perjuicio de que hayan existido muchos más, asciende a importes de 47, 35, 10, 7, 6, 4 y 2 millones de euros, en total más de 110 millones de euros, lleva a considerar que no nos encontramos ante el supuesto coloquialmente conocido como conseguidores, pues los importes transferidos, por lo exorbitante de los mismos, multiplican por decenas de veces los que son habituales en lo que se suele denominar como casos de comisiones ilegales”.

El inspector de la Agencia Tributaria concluye su informe recordando que su fin es investigar las deudas tributarias pendientes y que sus hallazgos pueden constituir “indicio o prueba de blanqueo de capitales”. Por eso lo envía a la Fiscalía Anticorrupción y al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía para que “continúen las investigaciones mediante el empleo de mayores medios”.

investigacion@elpais.es

Iberdrola dio 47,1 millones a un alto cargo que puso 24.400 euros

La mayor operación eólica bajo la lupa de Hacienda es una realizada entre Iberdrola Renovables en Castilla y León, Ibercyl, y la empresa San cayetano Wind, propiedad de Alberto Esgueva. Este fue consejero delegado de la empresa pública Excal SA, dependiente de la Consejería de Economía, hasta 2006.

En 2005, mientras era alto cargo de la consejería que autoriza los parques eólicos, Alberto Esgueva fundó la empresa Energía Global Castellana. Lo hizo junto a Ibercyl, filial de Iberdrola en la comunidad. Esgueva puso 24.400 euros por el 40% del capital social e Iberdrola 36.600 por el 60% restante. Esgueva utilizó para ella su sociedad San Cayetano Wind, que tenía su sede en un edificio de Madrid “en el que ni estaba ubicada ni era conocida”. San Cayetano es el nombre de la empresa de la familia de Esgueva de fabricación de embalajes de cartón. Entre 2005 y 2008, Castilla y León autorizó a la empresa mixta la construcción de 18 parques eólicos en Soria, Burgos y León que suman 492 megavatios. En febrero de 2007, dos años después de constituir la sociedad, Iberdrola acuerda comprar las acciones de Esgueva por una cantidad que depende de los megavatios que instalen y de la producción eléctrica. La primera liquidación es de 13,595 millones de euros. La transferencia la tienen que firmar dos apoderados de Iberdrola dada la enorme cifra.

Hasta el 29 de octubre de 2009, Hacienda ha detectado 10 transferencias desde Iberdrola a San Cayetano Wind que suman 47,1 millones de euros. Una vez que la eléctrica obtuvo el 100% de las acciones de Energía Global Castellana la disolvió y se quedó con los parques eólicos que ella había desarrollado.

La Agencia Tributaria señala que “no ha encontrado ninguna prueba, ni siquiera indicios, de que existiera una prestación de servicios por parte de San Cayetano Wind a favor de Ibercyl”. Y considera “a todas luces inverosímil” que un alto cargo autonómico recibiera 47 millones de euros después de haber invertido 24.400.

Un portavoz de Iberdrola no quiso comentar al caso al deconocer si está en Anticorrupción. En sus alegaciones ante Hacienda, que figuran en el informe del inspector, Iberdrola asegura que Castilla y León es la comunidad en la que más rápido se tramitaban las autorizaciones de explotación y las gestiones administrativas.

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