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El fiscal investiga el vertido desde el pesquero hundido en Canarias

Gran parte de las 1.400 toneladas de fuel que transportaba el buque acaban en el mar

Tortuga boba empapada de fuel recuperada en la zona del naufragio del barco ruso. Atlas / EFE

El fiscal de Las Palmas especializado en asuntos medioambientales, Javier Ródenas, investiga un posible delito medioambiental en el caso del pesquero ruso Oleg Naydenov, que se hundió a unas 15 millas (24 kilómetros) al sur de punta de Maspalomas, en la isla de Gran Canaria, después de sufrir un incendio. Tras irse a pique esta semana, en la noche del martes al miércoles, el buque empezó a verter combustible.

Las mediciones aéreas de Salvamento Marítimo indicaban este jueves que el volumen del combustible detectado se situaba entre 348,1 y 1.028,9 metros cúbicos. Esto supone que habría salido ya una parte importante de las más de 1.400 toneladas de fuel que el buque transportaba en sus bodegas (un metro cúbico equivale aproximadamente a una tonelada). La mancha más compacta, según Salvamento Marítimo, estaba a unas 40 millas (unos 74 kilómetros) al suroeste de Gran Canaria.

El nivel de alerta por contaminación se ha elevado este jueves del grado 0 al 1 (hay cuatro escalas). Ana Pastor, ministra de Fomento, ha estado en Canarias siguiendo la evolución del accidente. Ha sostenido que el Gobierno, si las condiciones lo permiten, tratará de bajar un robot hasta los 2.400 metros del buque hundido para valorar la posibilidad de extraer lo que quede de fuel. Otras fuentes del citado ministerio han apuntado a que si el vertido se produce "no se escatimará en medios para recoger el fuel en la superficie marina".

El vertido se ha dirigido desde el principio al suroeste, es decir, se aleja de las islas. Pero fuentes de la fiscalía han señalado que el supuesto delito medioambiental es independiente de que llegue o no el fuel a la costa. Tras el desastre del Prestige, indican estas fuentes, la Unión Europea fue aprobando directivas sobre vertidos marítimos. Para adaptarse a esa normativa comunitaria, España realizó, en 2010, una reforma del artículo 325 del Código Penal. Tras ese cambio, se fijan penas de prisión de entre dos y cinco años para aquellos que provoquen o realicen vertidos en "aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar".

Desde los primeros momentos, algunos grupos ecologistas y políticos canarios cuestionaron la forma de actuar del Gobierno ante este incidente. El barco se hundió tras estar varios días en llamas. El incendio se declaró el sábado 11 de abril en el puerto de Las Palmas. La Capitanía Marítima decidió entonces sacar el buque del puerto ante el riesgo de una potencial explosión. También se intentaba evitar que un posible vertido acabara afectando a Las Palmas y a la planta potabilizadora de la ciudad.

En la madrugada del 12 de abril, el buque se sacó del puerto y comenzó un periplo por aguas canarias en forma de v. Primero, fue remolcado hacia el este, hasta un punto situado al sur de la vecina isla de Fuerteventura. Luego, el pesquero fue conducido en dirección suroeste, hasta situarse a 15 millas (28 kilómetros) al sur de la isla de Gran Canaria. Allí, donde la profundidad ronda los 2.400 metros, fue donde se hundió. Las corrientes en esa zona suelen avanzar hacia el sur y suroeste, lo que está haciendo que el vertido se aleje de Canarias.

Ana Pastor ha defendido la actuación de su departamento y la decisión de alejar el buque y situarlo al sur de Gran Canaria. La ministra ha señalado que "todas las decisiones están firmadas por los técnicos". Ha afirmado que no quiere "entrar a ser comentarista de los informes técnicos” y añadió que “siempre se quiso minimizar los riesgos". Fuentes de Fomento aseguran que "no existe un protocolo que indique qué hacer en caso de incendio de un buque en un puerto". "En cada incendio hay que tomar una decisión distinta y aquí se tomó llevarlo a alta mar", han añadido.

Pastor ha participado en una reunión del gabinete de crisis creado tras el hundimiento del buque. También ha asistido a ese encuentro el representante de la Abogacía del Estado en Canarias. Se ha requerido toda la documentación del barco "original y relevante" para comprobar la situación en la que se encontraba la embarcación. Se estudian posibles responsabilidades subsidiarias. Al capitán del pesquero, Vitalis Patrakov, se la ha comunicado ya la apertura de un expediente iniciado. El buque ha sido denunciado en varias ocasiones por Greenpeace por prácticas de pesca ilegal.

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