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Rodrigo Rato se acogió a la amnistía fiscal que ofreció el PP en 2012

El exvicepresidente afirma: “No quiero comentar un asunto personal”

Rodrigo Rato, el pasado octubre, a su salida de la Audiencia Nacional, tras declarar por las tarjetas opacas de Caja Madrid. EL PAÍS

El exvicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, del PP, se acogió a la denominada amnistía fiscal aprobada por el ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012, según han confirmado a EL PAÍS fuentes del Gobierno. Rato no ha querido confirmar ni desmentir la información. “Este es un tema personal y creo que no tengo obligación de hacer declaraciones sobre el asunto”, ha declarado.

Los investigados

- La Agencia Tributaria desveló, en febrero, la investigación abierta a 705 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal aprobada en 2012 entre las más de 31.000 declaraciones presentadas.

- Las pesquisas se centraron en quienes presentaban indicios "de haber podido cometer blanqueo de capitales".

- Entre los amnistiados está la madre de la empresaria María Ilia García de Sáez Borbón Dos Sicilias, pariente lejana del Rey, por, al menos, 20.000 euros, ingresados en Suiza.

- El expresidente de la patronal catalana del metal, Antoni Marsal, también se acogió a la amnistía fiscal para regularizar dos cuentas abiertas en paraísos fiscales.

- Al menos tres imputados en el caso Gürtel, entre ellos el extesorero del PP Luis Bárcenas, se acogieron también al indulto fiscal.

Según adelantó el diario digital Vozpopuli, Rodrigo Rato, que fue ministro de Economía y Hacienda en el Gobierno de José María Aznar y director gerente del Fondo Monetario Internacional, se acogió a la amnistía fiscal de 2012 y fue incluido en una lista de 705 personas, elaborada por el Ministerio de Hacienda y enviada al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac). Respecto a la posibilidad de que ese departamento le esté investigando por blanqueo de dinero, Rato afirmó ayer a EL PAÍS: “No he recibido ningún documento de ningún organismo que muestre que estoy siendo investigado por el Sepblac”.

Rato, expresidente de Bankia, está imputado por diferentes delitos societarios, entre ellos estafa y falsedad documental por la salida a Bolsa de la entidad. En el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, entidad que también presidió, se le acusa de apropiación indebida y delito societario. El juez le acusó de “consentir, propiciar y aceptar” el uso indebido de fondos de la entidad. Además, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investiga el cobro de 6,2 millones que percibió Rato del banco Lazard años después de trabajar en la entidad.

Las primeras noticias sobre este caso se conocieron en febrero de 2014. El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, anunció en el Congreso que se investigaban las declaraciones de 705 contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal y “que presentan indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales”. Según relató Menéndez, los casos de blanqueo se notificarán al Sepblac para que los investiguen la Policía, la Guardia Civil o la Fiscalía y lleven el caso a los tribunales, si es preciso.

El plan inicial del Ejecutivo era recaudar 2.500 millones con la amnistía y aflorar un capital escondido en paraísos fiscales de al menos 25.000 millones. Para ello exigía un gravamen del 10% sobre lo aflorado a los que quisieran legalizar el dinero oculto.

Ante los recelos iniciales que despertó la amnistía de 2012, Hacienda flexibilizó el proceso: exigió que el gravamen se aplicara solo sobre los intereses, con lo que los evasores pudieron regularizar pagando un 3%. Pero, además, permitió que se acogiera a la amnistía el dinero en metálico y abrió la puerta a que se pudiera blanquear dinero procedente del fraude.

Tanto PSOE como UPyD, IU y CiU acusaron al director de la institución de hacer un uso partidista de la información. “No lo permitiría”, indicó con rotundidad el director de la Agencia Tributaria, quien descartó con severidad que haya filtrado datos. La oposición también afeó al Gobierno que vetara la comparecencia del informático suizo que filtró la lista de defraudadores con cuentas en el HSBC, Hervé Falciani, como había reclamado el PSOE. “La lista Falciani no es nada al lado de lo que tenemos ahora”, concluyó Menéndez.

La oposición reclama información

La información sobre la regularización de Rato ha provocado un aluvión de reacciones. En el Congreso, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha defendido que "en este país se investiga a todo el mundo, sea quien sea, sin distinción", mientras que los grupos parlamentarios de la oposición han criticado la posibilidad de que Rato haya podido blanquear dinero tras acogerse a la última regularización fiscal extraordinaria.

La diputada socialista Carmen Montón considera un "escándalo" que Rato haya podido blanquear dinero mediante este mecanismo fiscal, teniendo en cuenta que ha sido ministro de Economía, presidente de Bankia y también máximo responsable del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Sería más sencillo si el PP y el Gobierno nos dijera quién no se ha acogido a la amnistía fiscal en su partido. Acabaríamos antes porque la lista se está haciendo interminable", ha ironizado.

Desde la Izquierda Plural, José Luis Centella cree que el problema no es si Rato se ha podido acoger o no a la amnistía fiscal, sino la existencia misma de esa amnistía para los grandes defraudadores.

Para Centella, el Gobierno debía haber informado de quien se había acogido a ese proceso de regularización fiscal extraordinario.

Una idea repetida por el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, que ha criticado que se esté viviendo el "esperpento" de que un ciudadano por dejar de pagar una letra aparezca en los listados de morosos, mientras un defraudador se pueda acoger a una amnistía y sea además protegido por Hacienda.

También la portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha recordado que su grupo ha planteado en varias ocasiones la necesidad de conocer qué personas se han podido beneficiar de esa amnistía y "en qué medida esa amnistía tenía como objetivo blanquear a los propios amigos del Gobierno y todos sus negocios".

Díez ha defendido que la "transparencia es clave" en este asunto y que conocer lo que cada cual ha hecho con estas cuestiones es una exigencia a la que UPyD no va a renunciar.

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, confía en que Rato reciba el mismo tratamiento que cualquier otro ciudadano, y espera en que se aclaren todas las circunstancias del caso.

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