El PSOE exige explicaciones a Interior sobre Villarejo y Martín-Blas
Antonio Trevín pide al ministro que aclare la situación de ambos policías
El portavoz socialista en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, Antonio Trevín, ha pedido la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández, para que dé explicaciones sobre el conflicto surgido entre los comisarios José Villarejo y Marcelino Martín-Blas, que causó el relevo de este último como jefe de Asuntos Internos de la Policía.
El diputado socialista quiere que el ministro también informe sobre la marcha de la investigación abierta hace casi un mes sobre la posible incompatibilidad de la función de policía de Villarejo con sus actividades privadas, de las que viene informando EL PAÍS en las últimas semanas.
Trevín ya advirtió de estos problemas durante el debate de la reforma de la Ley de la Policía, el pasado 25 de marzo, al afirmar que “con esta ley se quiere consolidar un modelo de policía política”. Se refería a los trabajos realizados por la unidad de inteligencia dependiente del director general de la Policía que, en su opinión, ha sido usada para investigaciones y actuaciones con intencionalidad política.
Ya entonces el diputado socialista señaló: “Hace pocas semanas toda España asistió estupefacta a un auténtico rosario de gravísimas acusaciones cruzadas entre dos comisarios, altos cargos policiales. Nadie ha explicado hasta la fecha si sus mutuas acusaciones públicas tienen verosimilitud o no”. Este caso se cerró en falso el pasado lunes, cuando Martín-Blas fue relevado de su cargo, sin explicaciones, y trasladado al Consejo Asesor del director general de la Policía. En fuentes policiales se da por hecho que Villarejo será también trasladado a otro puesto en los próximos días.
Lo que queda por dilucidar es si el comisario Villarejo tenía o no autorización para mantener una intensa actividad empresarial durante los últimos treinta años. La Ley de Incompatilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas establece la obligación de una autorización expresa y registrada en el Ministerio de la Presidencia y en las Cortes Generales para cualquier actividad privada de los funcionarios.
