El Supremo analiza la responsabilidad de Chaves y Griñán en el ‘caso ERE’
La investidura de Susana Díaz, pendiente de las decisiones que tome el juez Barreiro tras escuchar a los dos expresidentes de la Junta de Andalucía
El magistrado Alberto Jorge Barreiro inicia este martes en el Tribunal Supremo los interrogatorios a cinco exdirigentes del Gobierno andaluz —los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves; los exconsejeros de Presidencia Gaspar Zarrías y Mar Moreno, y el de Empleo, José Antonio Viera— para decidir si, como sostiene la juez Mercedes Alaya, tienen responsabilidad penal por el fraude masivo de los ERE.
La instrucción del Supremo afecta al futuro político de la Junta de Andalucía, pendiente de la investidura de la socialista Susana Díaz, vencedora de las pasadas elecciones pero sin mayoría absoluta. Dos de los partidos minoritarios (Podemos, 15 parlamentarios; y Ciudadanos, con nueve) han condicionado su voto a la dimisión de Chaves y Griñán, aun sin conocer cuál será la decisión del juez Barreiro sobre los dos expresidentes andaluces y su implicación en los hechos.
Díaz ha insistido en que pedirá el escaño a sus antecesores en cuanto el alto tribunal concrete el delito del que se acusa a los aforados. En el mismo sentido, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha subrayado que en el momento en que se fije ese delito, si se produce la imputación, cumplirá su palabra y pedirá a Chaves y Griñán sus actas parlamentarias.
Los dirigentes admiten el fraude, pero lo achacan a sus gestores directos
El caso de los ERE destapó el descontrol en el gasto público por parte de la administración andaluza. Durante 10 años, la Junta adjudicó ayudas públicas por más de 850 millones de euros para financiar las prejubilaciones y despidos de 6.096 trabajadores, de los que 126, conocidos como intrusos, nunca trabajaron en las empresas beneficiadas. La Dirección General de Trabajo, que gestionaba estas ayudas, abonó unas comisiones a las aseguradoras que organizaron el pago a los prejubilados muy superiores a los precios de mercado. Este uso indebido de dinero público favoreció también a otros intermediarios que participaron en el proceso.
El superior jerárquico en casos de corrupción
'CASO NÓOS'. Matas procesado; Camps, exculpado. La adjudicación de contratos a dedo para la organización de eventos por parte del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) al Instituto Nóos, propiedad de Iñaki Urdangarin, provocó la imputación y procesamiento de Jaume Matas, presidente balear cuando ocurrieron los hechos, por prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias. En la Comunidad Valenciana, Nóos logró contratos idénticos a los de Baleares, pero los jueces exculparon a Francisco Camps, presidente autonómico cuando ocurrieron los hechos, y tan solo han procesado al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.
'CASO GÜRTEL'. Un consejero procesado; el Gobierno absuelto. El juez Pablo Ruz ha procesado a quien fue consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, por el amaño de contratos a favor de la red Gürtel y por cobrar comisiones ilegales de la trama corrupta. Los 400 contratos analizados correspondían a todas las consejerías de la Comunidad de Madrid, que aceptaron las condiciones de López Viejo para la celebración de actos en los que siempre participaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. La responsabilidad por ese fraude masivo solo corresponde, según el juez, a López Viejo.
'CASO BÁRCENAS'. El extesorero acusado; la cúpula, al margen. Durante 18 años, el PP se financió ilegalmente, según el juez Pablo Ruz, instructor del denominado caso Bárcenas. El extesorero controló una caja b en la que ingresaban donativos ilegales que se usaban para pagar sobresueldos y otros servicios al partido. Por estos hechos, el juez solo considera responsable de un delito fiscal —no abonar el Impuesto de Sociedades por los donativos ilegales recibidos— a Bárcenas. El extesorero tenía poderes sobre las finanzas del partido porque se los había delegado la secretaria general, Dolores de Cospedal.
'CASO PALAU'. El extesorero imputado; Gobierno absuelto. Convergencia Democrática de Cataluña, uno de los dos partidos que integran el Ejecutivo catalán, cobró supuestamente comisiones ilegales por adjudicación de obras públicas a la constructora Ferrovial, que pagaba estas mordidas a través del Palau. Las comisiones ilegales suponían el 4% de la obra adjudicada (línea 9 del metro, la construcción de la Ciudad de la Justicia o un pabellón en Sant Cugat del Vallés). Por estos hechos, el juez ha imputado al extesorero de Convergencia, a directivos de Ferrovial y a los exresponsables del Palau de la Música.
Los dirigentes socialistas andaluces citados admiten que el fraude se produjo, pero culpan de ese hecho a quienes gestionaron los fondos asignados al plan de ayuda a empresas en dificultades, desvinculándolo de la aprobación del gasto o de su configuración presupuestaria. El magistrado instructor ha ordenado a la Guardia Civil un informe donde detalle qué decisiones tomaron los dos exconsejeros de Presidencia imputados, Zarrías y Moreno, que tengan alguna relación con los ERE tramitados en la Dirección General de Trabajo, dependiente de la Consejería de Empleo.
Los expresidentes y exconsejeros andaluces que declararán ante Barreiro recuerdan que el Tribunal de Cuentas, que fiscalizó el gasto de los ERE y el fraude cometido, solo vio responsabilidad contable en los tres ex directores generales de Trabajo, Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera, que gestionaron el reparto de los fondos. De los tres implicados, Guerrero asumió la dirección general durante el periodo más prolongado en el que se cometió el fraude: desde 1999 a 2008.
La juez Alaya considera que la responsabilidad penal por el fraude destapado no corresponde únicamente al departamento encargado de gestionar esas ayudas de dinero público —la Dirección general de Trabajo—, sino a buena parte del Gobierno andaluz. Alaya sostiene que cuando se ideó el plan para adjudicar las ayudas a empresas en dificultades, el Ejecutivo socialista decidió utilizar un sistema para transferir el dinero que impedía el control previo del gasto y favorecía el fraude.
La juez responsabiliza de estos hechos a los presidentes de la Junta en ese periodo (Chaves y Griñán), así como a los consejeros de Economía, de Hacienda, de Empleo y de Presidencia.
Durante la instrucción del caso, la juez no ha podido acreditar que estos ex altos cargos de la Junta de Andalucía se enriquecieran ilícitamente con las ayudas de los ERE, ni que conocieran el fraude que se estaba produciendo mediante el pago de comisiones por encima de los precios de mercado o la inclusión en las prejubilaciones de personas que nunca habían trabajado en las empresas beneficiadas.
El magistrado Alberto Jorge Barreiro tiene en sus manos dos informes contradictorios respecto al modo en que se decidió gestionar los fondos para pagar las ayudas de los ERE.
Por un lado, los peritos de la Intervención General del Estado sostienen que el método elegido —las llamadas transferencias de financiación— es ilegal. Por otro, dos catedráticos de derecho tributario, al que encargaron un trabajo los expresidentes andaluces, concluyen que las transferencias de financiación son un instrumento legal que no tiene por qué implicar que se incurra en irregularidades en la gestión de los fondos.
