Una juez de Soria abre una causa por crímenes del franquismo

El juzgado de Almazán solicita información sobre la ejecución de 10 hombres en 1936

Exhumación de seis de los 10 fusilados en Barcones (Soria) llevada a cabo en julio de 2013 por el antropólogo forense Francisco Etxeberria.

Los mataron a plena luz del día, el 14 de agosto de 1936, hacia las dos de la tarde. En el lugar donde iban a fusilar a 10 hombres, Barcones (Soria), había en ese momento un grupo de niños jugando. Un falangista los echó, pero los menores se escondieron y presenciaron la terrible escena. Casi una vida después, en julio de 2013, Matías Bonilla, que tenía 9 años aquel 14 de agosto de 1936, señaló a antropólogos forenses el lugar donde habían sido enterrados. Y con un auto del pasado 17 de marzo, la titular del juzgado de instrucción 1 de Almazán acaba de iniciar, 78 años después, una investigación por aquellos asesinatos.

Esta es la única causa abierta en España por crímenes del franquismo y la primera después de la que le costó la suspensión al juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional y un juicio por prevaricación ante el Tribunal Supremo del que finalmente salió absuelto. Hasta ahora, la única causa abierta en el mundo por crímenes del franquismo se instruía en Buenos Aires. Precisamente este viernes, cuatro expertos de la ONU —el presidente del grupo de trabajo para las desapariciones forzadas y tres relatores especiales— reprendieron con dureza a España en un comunicado por no atender la petición de extradición de la juez argentina María Servini de Cubría, que quiere interrogar a 17 excargos franquistas a los que imputa posibles delitos de lesa humanidad. “El Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal [la ley de amnistía de 1977] para no extraditar o juzgar a los responsables”, ya que los delitos de los que están acusados [torturas y crímenes de lesa humanidad] “son imprescriptibles”, aseguran.

Iván Aparicio, presidente de la asociación Recuerdo y Dignidad de Soria, que acudió al juzgado de Almazán en representación de los familiares de los fusilados en Barcones, considera que la apertura de esta causa “es un paso de gigante”. Y su abogado, Eduardo Ranz, confía en que “se contagie” a otros juzgados españoles donde descendientes de cientos de víctimas del franquismo han planteado demandas similares.

El juzgado de Almazán sobreseyó inicialmente esta causa “por no resultar conocido el autor de los hechos”. Pero la asociación de familiares sugirió entonces a la juez la posibilidad de localizar documentación que arrojara luz sobre la identidad de los asesinos, y la magistrada ha atendido su petición. Así, ha librado un oficio a la Guardia Civil y a Falange para que le envíen al juzgado “las hojas de servicio” de los agentes el 14 de agosto de 1936, así como “posibles órdenes de ejecución” o “puestas a disposición” de las víctimas. La juez pide, asimismo, que “se averigüe” si esas ejecuciones fueron “únicas o sistemáticas”, es decir, si como plantean Recuerdo y Dignidad y todas las asociaciones de memoria histórica de España, no se trataba de delitos comunes, sino de un plan de exterminio de quienes no apoyaban el golpe militar de Franco.

El más joven de los 10 fusilados en Barcones tenía 25 años y el mayor, 54. Juan Ballano y Cándido Muyo eran agricultores; Mariano González, ferroviario; Juan Pablo Rica, concejal de cultura en San Esteban de Gormaz. Fue precisamente la hija de este último, Amelia, quien impulsó la exhumación al pedir ayuda a la asociación Recuerdo y Dignidad. Tenía entonces 92 años y quería recuperar los restos de su padre antes de morirse. “Desgraciadamente falleció a los 96, un mes antes de que lográramos abrir la fosa y exhumar los restos.También a ella le habían hecho la vida imposible: le raparon la cabeza, le hicieron beber aceite de ricino y la obligaron a pasear en camisón, sin pelo, por el pueblo ”, lamenta Aparicio. Fue el antropólogo forense Francisco Etxeberria, que acaba de participar en la identificación de los restos de Cervantes, quien dirigió los trabajos. El equipo localizó los cuerpos de seis de las 10 víctimas —no encontraron los de cuatro afiliados a la CNT— y uno más que no esperaban: el esqueleto de una joven musulmana que había sido enterrada allí en el siglo IX.

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