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El juez de la ‘Púnica’ imputa a la jefa de prensa de Aguirre y González

La Guardia Civil investiga contratos por 60.000 euros para mejorar la imagen en Internet de cargos en la Comunidad de Madrid

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Regino García-Badell, Esperanza Aguirre e Isabel Gallego.

Isabel Gallego, actual directora de publicidad y medios de la campaña electoral de Esperanza Aguirre (PP) a la alcaldía de Madrid y la tercera persona con más poder en la Comunidad de Madrid, tendrá que declarar ante el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional el mes que viene como imputada en la operación Púnica.

Gallego, también directora general de Medios de la Comunidad de Madrid con Ignacio González y responsable de comunicación del PP de Madrid está siendo investigada por tramitar contratos con dinero público a través de la red Púnica para mejorar la reputación en Internet de altos cargos del Gobierno regional, entre ellos, el actual consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, y el propio presidente, Ignacio González.

La alto cargo de la Comunidad compareció ayer, en calidad de imputada, en dependencias de la Guardia Civil para ser interrogada. Se negó a declarar aduciendo que lo hará cuando la cite el juez Velasco, previsiblemente tras las vacaciones de Semana Santa.EL PAÍS adelantó el pasado 23 de enero que la trama Púnica salpicaba a Gallego, en una información que aludía a un registro hecho por la Guardia Civil en el área de Comunicación de la Comunidad de Madrid, de la que ella es directora general.

Aguirre asegura que la mantendrá como directora de publicidad y medios en la campaña

Según fuentes jurídicas, la vinculación de Gallego con la red Púnica se sustenta en conversaciones telefónicas que constan en el sumario y en las que se alude a contratas de 60.000 euros otorgadas por la Comunidad en favor de Alejandro de Pedro Llorca, señalado en el sumario como el conseguidor de la trama. Una red que en este momento mantiene preso (entre el medio centenar de arrestados desde finales de octubre) al todopoderoso exconsejero de Aguirre Francisco Granados. El beneficiario de los contratos sobre los que ha puesto la lupa el juez Velasco es Alejandro de Pedro Llorca, un empresario dedicado al marketingdigital y que ha facturado a distintas Administraciones del PP y a subcontratas de la Comunidad de Madrid. De Pedro Llorca, encarcelado junto a los cabecillas de la trama, está en libertad con cargos desde Nochebuena, a la espera de que se levante el secreto de sumario que todavía pesa sobre las pesquisas.

El director de la campaña electoral del PP defiende que los contratos son “plenamente legales” 

Salvador Victoria, jefe inmediato de Gallego, consejero de Presidencia y Justicia y actual número dos del Gobierno de González, también está salpicado en la trama. Según los pinchazos telefónicos y los SMS intervenidos por la Guardia Civil, fue quien dio la orden de abonar a De Pedro facturas a través de Indra, adjudicataria habitual de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid. Velasco no le ha llamado a declarar porque es aforado (como diputado de la Asamblea de Madrid). Hacerlo en este momento supondría tener que inhibirse de la causa en favor de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Madrid.

La Guardia Civil (la UCO) citó ayer a Gallego para interrogarla sobre las adjudicaciones a De Pedro. Acudió por la mañana acompañada de su abogado. Tras negarse a declarar, fuentes de la Audiencia Nacional indicaron que el juez tiene previsto interrogarla como imputada “próximamente”. Gallego explicó a este periodico que la Guardia Civil le preguntó por los citados contratos y destacó que los trabajos encargados a De Pedro han sido ejecutados. Dichos contratos, argumentó, pagaban la redacción de informes sobre la presencia en las redes sociales de la Comunidad de Madrid, su presidente y los consejeros. “Los informes me los enviaba mensualmente a mi correo electrónico y yo los he borrado. Eran sobre el impacto en las redes sociales durante el mes anterior de la Comunidad de Madrid y la actividad del Gobierno”, dijo, e indicó que ha aportado los mensajes que tanto ella como sus colaboradores se han cruzado con De Pedro. “Estamos revisando los ordenadores para poder recuperar los informes”, añadió Gallego.

 Aparte de los contratos por valor de 60.000 euros firmados entre la Comunidad y De Pedro, el juez también indaga un pago en b de 10.000 euros al mismo empresario a través de la firma tecnológica Indra. Supuestamente, la orden de pago la dio el consejero Victoria. Según fuentes jurídicas, hay indicios en la causa que relacionan a Gallego con los contratos de 60.000 euros en favor de De Pedro y también con los otros 10.000 euros en b que recibió este supuesto conseguidor, experto en informática, por parte de Indra. Las órdenes de Victoria fueron ratificadas por el exconsejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás, en su declaración ante el juez Velasco, y ante la Guardia Civil cuando fue detenido el pasado 27 de octubre. Victoria, superior jerárquico de Martínez Nicolás, niega haber ordenado ese pago.

En el registro que hizo Velasco en casa de De Pedro se hallaron sobres con más de 70.000 euros. También consta un ingreso bancario de De Pedro por 10.000 euros que coincide en el tiempo con grabaciones que aluden a ese pago y que figuran en el sumario.

Las relaciones entre Indra e ICM, una agencia 100% pública que depende de Victoria, también están siendo investigadas por Velasco, tras hallar facturas falsas emitidas por la tecnológica en favor de ICM por trabajos irreales. Hay pruebas y grabaciones que avalan esas prácticas.

Tras conocer la imputación de Gallego, la presidenta del PP de Madrid y candidata a la Alcaldía de la capital, Esperanza Aguirre, aseguró que mantendrá a Gallego como directora de Publicidad y Medios en la campaña del partido a las elecciones municipales y autonómicas, informa Europa Press. El director de campaña del PP de Madrid defendió que los contratos fueron “plenamente legales”. Íñigo Henríquez de Luna apeló a “la honestidad y profesionalidad contrastada” de Gallego y reiteró que los citados contratos fueron fiscalizados por los servicios jurídicos y la intervención de la Comunidad.

“El seguimiento de noticias online o clipping informativo es un servicio habitual y absolutamente legal, que en la era de las nuevas tecnologías contratan todas las Administraciones públicas y empresas privadas de España como herramienta de trabajo”, explicó el PP madrileño en un comunicado.

Gallego es, desde 2003, directora de Medios de la Comunidad de Madrid, adonde llegó de la mano de Esperanza Aguirre. Ignacio González la conoció cuando él era delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración con rango de secretario de Estado. Gallego ejercía de periodista especializada en esa materia en el diario Abc. Actualmente sigue siendo directora general de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid y miembro del equipo de campaña de Esperanza Aguirre.

La citación de Gallego se ha producido tras el análisis de la documentación requisada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en tres sedes de la Comunidad de Madrid el pasado enero. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió a los agentes para que requisaran todos los contratos y facturas de los últimos cinco años firmados por esos organismos con empresas vinculadas a la trama Púnica.

Los agentes acudieron al Departamento de Contrataciones de la Comunidad de Madrid, a la Oficina de Comunicación del Gobierno madrileño y a la Agencia de Informática y de Comunicaciones (ICM), adscrita a la Consejería de Presidencia. En estas tres instituciones requisaron expedientes públicos y facturas.

Gallego forma parte del círculo más cercano de Aguirre y está entre sus personas más fieles. Ahora es la responsable de prensa de la campaña a la Alcaldía de Madrid, que es dirigida por Íñigo Henríquez de Luna, portavoz popular en la Asamblea de Madrid esta legislatura, quien también coordina el equipo de la aspirante autonómica, Cristina Cifuentes. El equipo actual de Aguirre lo completan David Pérez, el alcalde de Alcorcón (Madrid), como director del programa electoral; la concejala madrileña Eva Durán como directora de interventores y apoderados, e Inmaculada Sanz Otero, como responsable de la campaña municipal.

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