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La ‘cortina de humo’ de la industria energética

Ocho de los 12 miembros de la delegación española que negocia con la UE los límites de emisiones de las centrales térmicas pertenecen a empresas del sector

Petroquímica de Tarragona, polígono norte.

“Quien contamina paga”, establece la Comisión Europea. Pero nadie dice cuánto. La Unión Europea (UE) ha pedido a cada Estado miembro una propuesta sobre límites en la contaminación de plantas térmicas de carbón —principal causa del cambio climático en Europa— que deberá estar lista a lo largo de este mes. Es el llamado Proceso de Sevilla. En el caso español, 8 de los 12 miembros que conforman el órgano que decidirá dónde poner la línea roja a las emisiones de gases son trabajadores de grandes compañías del sector como Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Endesa, según denunció Greenpeace y ha corroborado EL PAÍS. De los cuatro restantes, tres pertenecen a la Administración y uno a la Escuela de Ingeniería de Sevilla.

Para el Ministerio de Medio Ambiente es "normal" que las empresas energéticas estén en la delegación gubernamental. "Nos ayudan", sostiene Carmen Canales Canales, responsable política de coordinar el grupo de trabajo. Con este dato, la presencia de las empresas eléctricas y energéticas españolas en órganos decisivos sobre las emisiones de gases contaminantes bate el récord europeo en términos absolutos, seguido de Reino Unido (con cinco miembros de la industria como E.ON y Stanlow, una refinería de petróleo, en el comité formado por nueve personas) y Grecia, donde los siete miembros del órgano pertenecen a empresas interesadas: Public Power Corporation y Hellenic Petroleum. Para grupos ecologistas, las compañías energéticas están sobrerrepresentadas para "asegurar su negocio", afirma Tatiana Nuño Martínez, responsable de Energía y Cambio Climático de Greenpeace.

El ministerio, sin embargo, termina por admitir que la presencia de compañías energéticas en la delegación gubernamental es una necesidad: "De manera cordial siempre se obtiene más información que por Real Decreto", sugiere Canales Canales.

Resulta vergonzoso que sean las propias eléctricas las que hacen las normas para regular sus propias industrias

Tatiana Nuño, Greenpeace

En España existen 15 centrales térmicas de carbón (repartidas por Andalucía, Castilla La-Mancha, Castilla y León, Asturias, Aragón, Baleares y Galicia) gestionadas por seis grandes compañías: E.ON, Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, HC Energía y Elcogas. Todas, excepto la alemana E.ON, tienen representación en el órgano que está llamado a regular los límites, especialmente Endesa y Gas Natural Fenosa con dos representantes cada una. La intrusión radica en que la industria ya dispone de su propia delegación que mira por los intereses del negocio y ha sido el propio Ministerio de Medio Ambiente el que les ha escogido para formar parte de la delegación gubernamental. "Siempre se ha hecho así", arguye la coordinadora.

El regulador, por tanto, será ahora el regulado. “Resulta vergonzoso que sean las propias eléctricas las que hacen las normas para regular sus propias industrias”, critica la experta en Energía y Cambio Climático de Greenpeace. La ONG indica en su investigación que casi el 50% de los miembros de las delegaciones gubernamentales europeas trabaja en la industria energética. De 352 miembros del grupo de trabajo técnico (TWG, por sus siglas en inglés), 183 son empleados en las compañías que deben ser ahora reguladas, algo que ocurre cada 10 años. "Nosotros participamos con el Ministerio de Medio Ambiente que es el que después se comunica directamente con Bruselas", sostiene Lourdes Gómez de la Vega, representante de Gas Natural Fenosa en el comité.

De 352 miembros del grupo de trabajo técnico, 183 son empleados en las compañías que deben ser reguladas

Este desequilibrio, por tanto, afecta a la decisión final de dónde establecer la línea roja de las emisiones que actualmente superan los 300 mg/nm3 (miligramos por metros cúbicos normales) para el dióxido de nitrógeno (que afecta a la función pulmonar, según la Organización Mundial de la Salud) y óxido de nitrógeno (que dañan, de forma más aguda que el anterior componente, a las capacidades respiratorias, según la OMS). La posición conjunta de los Veintiocho es, por el momento, rebajar las emisiones a 180 mg/nm3 durante los próximos 10 años. Y Greenpeace exige que lleguen solo a 35 mg/nm3 para 2050 “a más tardar”.

Fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que España —el país que más representantes del sector energético privado tiene en sus órganos— es uno de los países con más “manga ancha” a la hora de sobrepasar la barrera de la polución. La delegación que coordina Canales Canales ha vetado siete de las ocho propuestas de reducción de diferentes gases nocivos porque "no se ha tenido en cuenta el factor económico", defiende la funcionaria. Austria, Países Bajos y Suecia son los únicos, según el informe de Greenpeace, que “persiguen la protección de la salud pública”. España, por el momento, es algo que no tiene en cuenta puesto que no tiene representantes que miren por las consecuencias en la salud de las emisiones de estas 15 centrales y porque, según Canales Canales "se supone" que cuantos más límites, mejor para el medio ambiente.

Diez millones para proteger la costa

M. P., Madrid

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, presentó este miércoles el plan de adaptación a los efectos del cambio climático. Este programa cuenta con un presupuesto total de 12,1 millones, que, según la ministra, se empezarán a invertir a partir del mes de abril. El montante más importante (9,5 millones) se destinará a 40 proyectos en la costa. “España es un país muy vulnerable al cambio climático por su condición de península”, recordó García Tejerina. Y las costas serían las que más sufrirían los efectos del calentamiento global. Las actuaciones previstas buscan “minimizar” los efectos del cambio climático.

Se trata de actuaciones como la regeneración de playas, el reforzamiento de sistemas de dunas, la estabilización de estuarios y la protección de las zonas más sensibles contra la erosión, según detalló el ministerio.

El programa presentado también incluye actuaciones en parques nacionales. Por un lado, se intentará paliar los efectos del cambio climático sobre los anfibios, que pueden ser de los más perjudicados por el incremento de la temperatura. También se intentará reforzar el control sobre las especies invasoras y sobre las masas forestales. Para el plan de actuación en los espacios protegidos se destinarán 900.000 euros. Por último, para actuaciones en los ríos se dedicarán 1,6 millones.

Aunque la UE pretende rebajar sus emisiones a medio y largo plazo, el hecho de que las limitaciones propuestas queden aún más altas que las de grandes contaminantes como China alarma en los círculos ecológicos. Tal y como está planteado el documento español, se permitirá a las centrales térmicas emitir “un 30% más de dióxido de azufre y un 80% más de óxido de nitrógeno que los equivalentes del país asiático”, ambos causantes de cáncer de pulmón, asma, partos prematuros, disminución en la calidad en el esperma, entre otras enfermedades. Un estudio de la Universidad de Stuttgart (Alemania) demostró además que las emisiones de este tipo de infraestructuras causaron la muerte prematura de 22.300 ciudadanos europeos en 2010.

Es cierto que la UE permite una “flexibilización suficiente para establecer límites de emisión”, según una directiva europea de 2010, a las autoridades competentes pero siempre y cuando vayan asociados a las mejores técnicas disponibles. En este caso y según el informe de Greenpeace, estos métodos son los utilizados en China y Estados Unidos pero en España no se aplican por ser antiguas. “Las [centrales térmicas] que no cumplan las mejores técnicas disponibles, evidentemente, tendrán que mejorar la estructura”, afirma la experta.

Hay que mencionar, sin embargo, que no son solo España, Reino Unido y Grecia los únicos países de la Unión donde la industria eléctrica y energética tiene representación. Finlandia, República Checa, Estonia, Hungría, Italia, Malta, Polonia, Portugal y Eslovaquia también cuentan con reguladores que este 2015 tienen la oportunidad de poder regular —o al menos influir— en los nuevos límites a las emisiones de sus compañías.

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