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Los ciudadanos pagarán la nueva gestión del registro civil

El PP presenta enmiendas elaboradas por el colegio de registradores mercantiles

El Gobierno aseguró que sería gratuito

El Gobierno está negociando con los registradores mercantiles nuevos aranceles y nuevas gestiones por las que los ciudadanos deben pagar para compensarles por asumir la gestión del registro civil, según un documento interno del Ministerio de Justicia. El Gobierno busca la forma de retribuirles de forma encubierta a través de enmiendas al proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil que se tramita en este momento en el Congreso.

El anterior Gobierno promovió en 2011 un cambio legal que se aprobó en el Congreso por unanimidad para desjudicializar el registro civil. Dejó en el aire qué funcionarios asumirían la gestión hasta que el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, decidió que serían los registradores mercantiles los que asumieran esa función a pesar de que no tienen nada que ver con ese cometido, con el compromiso de no provocar encarecimiento o coste para los ciudadanos por el uso de este servicio que ahora es gratuito.

Sin embargo, los registradores mercantiles exigieron compensaciones que el actual titular de Justicia, Rafael Catalá, busca cómo satisfacer. Son funcionarios, pero sin salario público, con ingresos que dependen de sus gestiones y, además, deben utilizar a más personal para hacerse cargo de la gestión del registro civil. Por eso, las enmiendas que estudia Justicia y que presentará el PP en los próximos días han sido negociadas con el Colegio de Registradores, y en los borradores se establecen nuevos cometidos que sí costarán dinero a los ciudadanos. Por ejemplo, se establece que los poderes y los registros de seguros deben ser inscritos, trámite que hasta ahora no era necesario y por el que cobrarán los registradores.

Fuentes de Justicia admiten que esas peticiones están incluidas en un “documento interno de trabajo” que sirve de borrador de las enmiendas y en el que se habla abiertamente de mecanismos para que los ciudadanos paguen de forma encubierta esa gestión del registro civil. Estas fuentes aseguran que aún no hay nada decidido.

El borrador de enmiendas negociado con los registradores, con membrete de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, contiene anotaciones como “hay que meter la vecindad civil ya que puede ser una fuente de financiación”; “la inscripción de poderes de las personas físicas y su revocación es una posible fuente de financiación de la que no se puede prescindir”; “se considera fundamental la referencia a la constancia registral del domicilio registral y la dirección a efectos y notificaciones ya que es una posible fuente de financiación y por consiguiente imprescindible para financiar el coste del registro civil” y “el colegio considera fundamental la referencia al libro de familia, por entender que es una posible fuente de financiación y como tal irrenunciable”.

Es decir, se establecen gestiones nuevas referentes, por ejemplo, a los libros de familia y a inscripciones no existentes para que puedan tener más ingresos, a costa del ciudadano que debe realizar esas gestiones. Otro ejemplo: se obliga a inscribir el cese de los poderes notariales y el año pasado, según datos oficiales, se firmaron casi un millón en toda España.

En una de las enmiendas se especifica que “es fundamental” el artículo que “da sanción legal a que reglamentariamente puedan devengarse honorarios para aquellos asuntos de carácter voluntario y que respondan al interés particular del ciudadano (poderes, régimen económico, vencidad civil, expedición libro de familia, expedientes de cambio de nombre y apellidos de parejas de hecho). Es necesario buscar una fuente de financiación”.

Para que quede claro, los registradores proponen añadir entre las funciones del registro civil una más indeterminada y abierta al futuro: “Cualesquiera otros hechos o actos relativos a las personas físicas previstos en las leyes”. Y añaden una disposición final: “Se habilita al ministro de Justicia para aprobar en el plazo de tres meses desde la publicación de esta ley en el BOE, los aranceles correspondientes a la intervención de los registradores de la propiedad y mercantiles respecto de los asuntos, actas, escrituras públicas, expedientes, hechos y actos inscribibles para los que resulten competentes conforme a lo dispuesto en esta ley”. Con ambos preceptos queda abierto que puedan recibir más ingresos en los próximos años como compensación.

Además, el Ministerio de Justicia ya ha dado pasos en los últimos meses para lograr de forma discreta más fuentes de ingresos para los registradores, coincidiendo con la asunción de los registros civiles. Por ejemplo, una instrucción publicada en el BOE el pasado 12 de febrero obliga a registrar las actas y libros contables de las empresas y un reglamento del registro mercantil con una disposición transitoria que establece nuevas reglas arancelarias.

Otro punto controvertido es que los registradores mercantiles (120 en toda España) tendrán en su poder la mayor base de datos de los ciudadanos que exista, porque incluye residencia, situación familiar, propiedades, hipotecas, etcétera. Es decir, será la mayor base de datos unificada de España.

Los 120 registradores mercantiles, además, no tienen implantación en toda España y, por tanto, el hecho de que ellos asuman la gestión del registro civil generaría también problemas en algunos lugares.

El Grupo Parlamentario Socialista registró el viernes la petición de comparecencia del ministro de Justicia en el Congreso, "para informar de los planes del Gobierno para hacer exclusivos depositarios de la seguridad jurídica preventiva en España al cuerpo de Registradores, así como la forma en que tiene previsto financiar los servicios que cada nueva Ley les encomienda, garantizar el mantenimiento de la privacidad de datos muy sensibles incluidos en los diversos registros y compatibilizar dicha exclusividad con los derechos de los ciudadanos".