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Madrid contrató ilegalmente al ayudante del juez que investigó Gürtel

El abogado accedió a la causa secreta que afectaba a numerosos cargos del PP

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Antonio Pedreira, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid e instructor del "caso Gürtel".

La Comunidad de Madrid contrató ilegalmente a un licenciado en Derecho para que apoyase al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel entre 2009 y mediados de 2012. Durante al menos un año, Rafael N. G. tuvo acceso a toda la investigación secreta que afectaba a numerosos cargos del PP (entre ellos, un consejero y dos diputados de la Asamblea de Madrid) y a las resoluciones del magistrado, aquejado entonces de graves problemas de movilidad, aunque mantenía perfectas sus facultades mentales.

Pese a que la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 435.1 establece que los puestos de trabajo de los juzgados “sólo podrán ser cubiertos por personal de los Cuerpos de Funcionarios de la Administración de Justicia”, el Gobierno de Madrid no cubrió el puesto con personal de la bolsa de funcionarios interinos, como establece la norma, sino que utilizó al ente público ICM, dependiente del Gobierno de Madrid, para atender a esta necesidad. ICM es la agencia informática pública de la Comunidad de Madrid.

El ayudante de Pedreira fue contratado sin concurso mediante cuatro contratos sucesivos de tres meses cada uno, pero en dos de ellos no figuró él como beneficiario sino dos empresas diferentes: Biocon y su director general Jorge Núñez Serret, y Gesklean S.L. La primera es una compañía informática y la segunda se dedica a la limpieza y conservación de edificios, según consta en el Registro Mercantil.

La ley establece que la Administración no puede hacer contratos directos por un importe superior a los 18.000 euros anuales, por lo que ICM los troceó para disfrazar que en realidad contrataba a la misma persona. El primer contrato se estableció por un importe de 16.949 euros (1 de febrero de 2011 a 30 de abril); el segundo fue de 19.950 (del 1 de mayo al 31 de julio); el tercero ascendió a 19.980 (desde el 1 de agosto al 31 de octubre), y el cuarto a 19.989 (de noviembre de 2011 a enero de 2012). Los tres últimos superan el tope de 18.000 euros porque incluyen el IVA.

En todos los casos estos contratos fueron renovados en periodos de tres meses a petición del propio juez que, por escrito, lo reclamó a José Martínez Nicolás, entonces consejero delegado de ICM. “La instrucción del caso ha acumulado cerca de 400 tomos y en torno a 320.000 folios y, para llevar a buen término el trabajo, precisaré de la inestimable ayuda de Rafael. B. G. para apoyo de este magistrado”. Rafael ya estaba como ayudante y lo que el juez hizo fue solicitar las prórrogas.

Los contratos establecían que el objeto del trabajo era prestar “asistencia técnica o soporte técnico informático” a la Sala Civil/Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero la presentación y oferta del adjudicatario fue siempre distinta, de forma que aparentaba ser cada vez para un trabajo distinto. En realidad, el trabajo de Rafael N. G. fue redactar los autos y resoluciones del juez Pedreira ya que el magistrado no podía escribir. “Le pasaba los autos al ordenador. Esa fue su única función. Pedreira no podía escribir, no podía coger un bolígrafo o atender una llamada en el teléfono móvil”, asegura una fuente oficial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Un portavoz de la Comunidad de Madrid señala que se facilitó a Pedreira una persona de perfil “jurídico y técnico” que reclamó y asegura que “no hay una petición por escrito” del juez, por lo que se desconoce el perfil que solicitó. La enfermedad del magistrado se ha agravado y no es posible consultar este extremo. “Parece ser que fue verbalmente”, afirma la Comunidad. Fuentes judiciales señalan, en cambio, que es “impensable” que un juez reclame la contratación de un ayudante verbalmente y sí lo haga por escrito para su renovación. “En todo caso, lo que quería Pedreira era un funcionario judicial, y no el supuesto informático que figura en los contratos”, señala otra fuente.

El sumario del caso Gürtel entonces estaba secreto— sólo las fiscales Míriam Segura y Concepción Sabadell tenían acceso a la causa— y precisamente lo había enviado el juez Garzón, primer instructor, al TSJM porque ya entonces había aforados de la Comunidad de Madrid y nacionales implicados: un diputado (Jesús Merino), un senador (Luis Bárcenas), cinco alcaldes de grandes ciudades de Madrid, dos diputados de la Asamblea, Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch, y el viceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo, entre otros altos cargos. El sumario ya revelaba una presunta financiación ilegal del partido.

En aquella etapa gobernaba Esperanza Aguirre en Madrid y su sucesor y actual presidente, Ignacio González, era su vicepresidente y hombre de confianza. Posteriormente, también fue presidente del Consejo de Administración de ICM, una empresa cuyo presupuesto rondó entonces los 200 millones. Al frente de la compañía, como consejero delegado, estaba José Martínez Nicolás, persona de confianza de González, que figura entre los 35 detenidos de la Operación Púnica, la trama de conseguidores que en connivencia con políticos, entre ellos el exconsejero y secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, lograron contratas por importe de 200 millones.

Con González como presidente de ICM, la vicepresidencia la ocupó el actual consejero de Medio Ambiente de Madrid, Borja Sarasola, quien señaló a este periódico que no conoce a Rafael N. G. Asegura que su misión entonces no era ejecutiva, sino que sustituía a González en sus ausencias.

La Comunidad de Madrid, que ha remitido los contratos a este periódico, justifica su contratación por motivos informáticos, pero todas las fuentes consultadas coinciden en que la tarea de este ayudante era redactar los autos y resoluciones del juez. Además, atribuyen al contratado la petición para que se le facturara a través de dos empresas “que le pudieran facilitar medios materiales y humanos” para su labor. Numerosos testigos afirman que siempre trabajó solo. Rafael N. G. declinó dar detalles sobre su contratación salvo que cobró de ICM y negó ser militante del Partido Popular.

investigacion@elpais.es

Un empleo “totalmente irregular”

Juan José Carral, presidente del CSIF en Madrid, sindicato de funcionarios, asegura que “no es corriente ni habitual” contratar a una persona ajena a la Administración judicial para un puesto de ayudante de un juez instructor.

“El supuesto que usted me relata es muy raro. No he visto nunca una contratación semejante. Para esa tarea debería haberse contratado a un funcionario interino de la Administración de Justicia. Si esta persona no era funcionario y no estaba en la bolsa de interinos su contrato es totalmente irregular. Ese contrato va en contra de la reserva de función. No es un contrato legal”.

La Comunidad de Madrid tiene transferida las competencias en la gestión de medios personales, materiales e inmuebles judiciales. Los funcionarios de Justicia forman parte de un cuerpo nacional, pero están gestionados por la Comunidad de Madrid y dependen de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

La Ley Orgánica del Poder Judicial señala que los puestos de trabajo de los juzgados “solo podrán ser cubiertos por personal de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia”. En su artículo 439 establece, también, la posibilidad de dotar a los juzgados de unidades administrativas, un servicio común de apoyo compuesto por informáticos o intérpretes.

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