La anulación de la consulta catalana reaviva el debate sobre el soberanismo

El Tribunal Constitucional declara ilegal el decreto de convocatoria de la consulta

Fachada exterior del Tribunal Constitucional. EFE

La decisión del Tribunal Constitucional de declarar ilegal la convocatoria de la consulta soberanista del 9-N ha reavivado el debate sobre el independentismo. Si en las intervenciones sobre el estado de la nación Cataluña apenas había ocupado unos minutos, tanto en el caso de los grandes partidos como en el de los minoritarios, la resolución del tribunal —que ha declarado inconstitucional parte de la ley de consultas y el decreto de convocatoria que firmó Artur Mas— ha alentado las reinvindicaciones nacionalistas.

El Constitucional decidió ayer, por unanimidad y en un pleno extraordinario y monográfico, resolver y sentenciar sobre los recursos presentados por el Gobierno contra la norma aprobada por el Parlamento catalán el 19 de septiembre y el decreto de convocatoria firmado dos días después. El Ejecutivo de Rajoy recurrió 36 artículos. El Constitucional ha determinado la ilegalidad de dos de ellos, referentes a la regulación de la convocatoria general (no sectorial), por entender que lo que se regula realmente es un referéndum cuya competencia es exclusiva del Estado.

La resolución, adoptada en poco más de media hora y sin apenas debate, podría haberse dictado el próximo mes de marzo, cuando vencía el plazo de cinco meses de suspensión de la ley y de la convocatoria determinada por el mismo tribunal el pasado septiembre. Sin embargo, y dado el acuerdo, el presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, decidió convocar este pleno y llevar en el orden del día la resolución de la consulta soberanista que ha despertado todo tipo de reacciones.

En su argumentación, el tribunal sostiene que consultas como la regulada en la ley catalana y convocada por Mas constituyen un llamamiento a “un cuerpo electoral sui generis en el que está, sin duda, comprendido o integrado el electorado, estatutario y legal de Cataluña”. Con esta afirmación concluye que los llamados a votar “aunque lo desborden” son las mismas personas que las incluídas en el censo electoral y no a un colectivo determinado que sí permitiría una legal consulta sectorial.

Respecto al decreto, la resolución del Constitucional apunta que, como se cobija en los artículos anulados, debe ser anulada también porque “está convocando una consulta referendaria”.

Pese a esta decisión, adoptada en cinco meses, el Constitucional tiene aún pendiente de resolver el recurso contra la ley de consultas catalanas aprobada en 2010 que recoge la posibilidad de que Cataluña solicite autorización al Gobierno para convocar un referéndum. El acuerdo sobre esta no es tan unánime.

El soberanismo esperaba esta sentencia y la ha aprovechado para subir el volumen de sus reivindicaciones ya con vistas a las elecciones autonómicas del 27 de septiembre que, precisamente, quiere convertir en un plebiscito sobre la independencia. “Si el Tribunal Constitucional nos dice parcialmente no a la ley de consultas y no al decreto, quiere decir que solo nos dejan un camino al pueblo de Cataluña, que son las elecciones”, dijo Artur Mas, informa Pere Ríos.

La sentencia es vista por los partidos soberanistas como una oportunidad para reactivar el proceso soberanista, paralizado desde hace dos meses por los desacuerdos entre los partidos políticos que lo impulsan y también influido por la irrupción de Podemos en el panorama político catalán. Mas aprovechó la decisión del Tribunal Constitucional para fijar su posición y dejar claro que el Estado es el rival a batir. “Según el Estado no se trata de encontrar vía intermedia, sino de que claudiquemos”, añadió.

Más allá del simbolismo político, la sentencia no tendrá ningún efecto a corto plazo. No está prevista ninguna nueva consulta soberanista en Cataluña y la Generalitat insistió ayer en que la que ya se hizo el 9 de noviembre —bajo la fórmula de “proceso participativo— se acabó celebrando con éxito. “Lo que no podrá hacer el Tribunal Constitucional es que el 9-N desaparezca del calendario”, dijo en este sentido la vicepresidenta, Joana Ortega.

La sentencia trascendió en la recta final del debate sobre el estado de la nación. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo que "algo pasa" cuando este tipo de decisiones se toman por unanimidad. La bancada del PP respondió con un gran aplauso, lo que indignó al portavoz de Esquerra Republicana, Alfred Bosch, que les acusó de “regodearse” con el conflicto. Las entidades soberanistas como Òmnium Cultural emplazaron a no hacer caso a la sentencia alegando que el Tribunal Constitucional está “políticamente intervenido”.

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