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El Poder Judicial investiga los pagos de la Comunidad de Madrid a jueces

El Consejo indaga si los magistrados incurrieron en incompatibilidad al asesorar a la empresa Indra

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Francisco Javier Vieira, en la ceremonia de apertura del año judicial de septiembre de 2013.

El Consejo General del Poder Judicial investigará si los jueces que cobraron diversas cantidades de la Comunidad de Madrid, a través de la empresa Indra, por asesorar en la creación de un programa informático para agilizar la tramitación judicial, adjudicado por el Gobierno regional, incurrieron en algún tipo de incompatibilidad. El magistrado del Tribunal Supremo que instruye de forma interna las posibles irregularidades cometidas por los jueces ha citado este martes a declarar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Vieira. Este magistrado preside la sala de gobierno que nombró a los jueces que cooperan en este programa, y que cobran por ello entre 3.000 y 9.000 euros anuales de la Consejería de Justicia de Madrid, a través de Indra —la empresa adjudicataria del contrato autonómico para la implantación del programa IusMadrid—. El propio Vieira, que ha reconocido que exigió al Gobierno de la Comunidad que los jueces cobraran por asesorar a Indra en la creación de la aplicación informática, también figura entre los participantes.

El gobierno de los jueces reaccionó inmediatamente a la noticia, publicada este lunes por EL PAÍS, de que la empresa tecnológica ha abonado, por orden de la Consejería, desde 2011 unos 230.000 euros, en retribuciones periódicas, a 32 profesionales de la justicia —entre ellos al menos nueve jueces y cinco fiscales— por su colaboración en la puesta en marcha de la aplicación informática. En una nota oficial, el Poder Judicial anunció la apertura de la investigación y la citación de Vieira para este martes ante el llamado “promotor de la acción disciplinaria”. Esta figura, creada en 2013 en la ley que reforma el Poder Judicial, es una especie de departamento de asuntos internos de los jueces españoles, e investiga las quejas y denuncias sobre el funcionamiento de los órganos judiciales.

El investigador del caso deberá dilucidar si el asesoramiento prestado por los jueces madrileños a Indra supone una incompatibilidad con su función. El artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la función de juez o magistrado es incompatible, entre otras muchas actividades, con “todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella”.

Fuentes judiciales consideran que el asesoramiento para la puesta en marcha de un programa informático para agilizar la labor de los juzgados encaja, sin forzar el argumento, en el tipo de trabajo que puede realizar un magistrado dentro de su estricto régimen de incompatibilidades. Sin embargo, detectan dos defectos, más formales que de fondo, en la actuación de estos magistrados: el primero es que no solicitaron autorización al Consejo del Poder Judicial para realizar esta actividad. Fuentes de este órgano de los jueces afirman que si los magistrados participantes en el programa IusMadrid hubieran pedido permiso, se les hubiera concedido sin mayor problema.

La segunda deficiencia la achacan directamente a Vieira y tiene que ver con la transparencia del proceso. Fuentes judiciales reprochan que el propio presidente del Tribunal Superior de Madrid participe en las tareas de asesoramiento y que no se conozcan los criterios para el nombramiento de los jueces que colaboran en él y que reciben una compensación económica por ello.

La Inspección de la Fiscalía también abre diligencias internas

Los juristas consultados consideran que se debería haber convocado un concurso interno entre los jueces para seleccionar a los participantes en el programa. También sostienen que el pago a los jueces por este servicio no lo debería abonar la empresa Indra, sino el organismo público Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), a través del cual se adjudicó el contrato para el programa IusMadrid, valorado en poco más de seis millones de euros.

Además de la investigación interna en el Poder Judicial, la Inspección de la Fiscalía General del Estado ha abierto unas “diligencias informativas” sobre los miembros del ministerio público —al menos cinco— que han participado en el asesoramiento y cobrado a través de Indra. La Inspección pedirá datos a la Fiscalía de Madrid sobre los pormenores de los cobros para aclararlo. No obstante, fuentes de la Fiscalía General del Estado “no ven nada especialmente grave” en el asunto.

Antes de que el Poder Judicial anunciara la apertura de su investigación, Vieira emitió un comunicado en el que defiende la legalidad de las primas cobradas por varios jueces. Tras detallar que todo el dinero ha sido declarado a Hacienda, el magistrado justifica así la retribución: “Como no son funciones propias de su cometido como magistrados, secretarios o funcionarios, la actividad se desarrolló fuera del horario laboral y suponía un gran esfuerzo de trabajo de los juristas, se acordó con ICM una compensación económica que realizó la empresa Indra, contratada por ICM para desarrollar técnicamente este sistema”. Vieira cree que el desarrollo de la nueva herramienta “difícilmente se habría logrado” sin la colaboración de estos equipos.

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