Pujol Ferrusola, de conseguidor a gestor de la herencia familiar

Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente catalán, ha sido imputado en la causa abierta por la herencia que la familia tenía oculta en Andorra. La decisión de la juez Beatriz Balfagon, que ya había imputado en el mismo caso a Jordi Pujol, su mujer, Marta Ferrusola, y a sus hijos Marta, Mireia y Pere, supone la apertura de un segundo frente para el mayor de los Pujol, quien presuntamente ha sido el responsable de gestionar la fortuna familiar que les legó el abuelo, el empresario Florenci Pujol.

El propio expresidente catalán explicó ante la juez en enero que él se desentendió por completo del legado, que permaneció oculto en Andorra hasta el verano pasado. El responsable de su gestión, añadió, fue Pujol Ferrusola, motivo por el que ahora comparece también ante la misma magistrada.

Antes de verse implicado en la causa por la herencia, el hijo mayor de la familia tiene abierta otra causa en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. El juez Pablo Ruz relaciona al primogénito de la familia Pujol con delitos de blanqueo y delitos contra la Hacienda. Por estos motivos, ordenó bloquear las cuentas que mantiene en Andorra.

Los investigadores sospechan que el primogénito, de 56 años y licenciado en Económicas, hizo una fortuna de lo que cobraba en mordidas de las empresas, en su mayoría constructoras, adjudicatarias de grandes obras en Cataluña. Pujol Ferrusola, sin embargo, defiende que trabajaba de “dinamizador de negocios” con “gran habilidad para conseguir contratos gracias a sus contactos profesionales”.

El magistrado abrió esta investigación después de la declaración de María Victoria Álvarez, que mantuvo una relación con el empresario entre 2006 y 2008. Esta contó cómo Pujol Ferrusola sacaba de Andorra hasta 400.000 euros en efectivo en una mochila llena de billetes de 500 y de 200 euros, extremo negado por el hijo mayor del expresidente catalán. Ruz también imputa en la causa a la mujer del empresario, Mercè Gironès. La pareja está separada desde 2011, pero mantiene en suspenso su decisión de divorciarse ante el “barullo” de la investigación.