Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

14 detenidos en Melilla y otras tres ciudades por corrupción

Gran parte de los arrestados son políticos y empresarios

Gregorio Castillo. Ampliar foto
Gregorio Castillo. efe

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desarrollado este martes una nueva redada anticorrupción centrada en Melilla y otras tres ciudades que concluyó con la detención de 14 personas, entre funcionarios públicos y empresarios que supuestamente amañaron contratas públicas para quedarse con dinero.

Algunos de los detenidos son funcionarios del Gobierno de esa ciudad autónoma. La operación, que sigue abierta, prevé otra detención (15 en total), y el juzgado de Melilla que investiga este asunto citará a declarar como imputadas a varias personas más, entre ellas varios altos cargos del Gobierno de Melilla. Los agentes también realizaron cuatro registros en domicilios y empresas. Los arrestos se practicaron, además de en Melilla, en las ciudades de Málaga (1), Gran Canaria (1) y Madrid (3). Y están relacionadas con presuntos delitos en la adjudicación de obras públicas por parte de varias consejerías del Gobierno de Melilla, entre ellas, la de Medio Ambiente. El director general de Seguridad Ciudadana de Melilla, Gregorio Castillo, es uno de los arrestados, según fuentes de las pesquisas. Castillo gestiona los servicios de protección civil, bomberos y policía local de Melilla.

Una empresa del Canal de Isabel II de Madrid, entre las investigadas

Las detenciones se enmarcan dentro de las denominadas operaciones Ópera y Tosca, que motivaron registros en Melilla en septiembre de 2013 y febrero de 2014 y que, hasta el momento, han derivado en detenciones e imputaciones de varios consejeros y altos cargos de la ciudad autónoma, entre ellos, el consejero de Medio Ambiente José Ángel Pérez Calabuig. La redada e investigación la desarrolla la UCO de la Guardia Civil a las órdenes del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, que investiga delitos contra la Administración pública, falsedad y blanqueo de capitales.

En un auto relacionado con aquellas primeras detenciones, la juez observó diversos contratos menores adjudicados por la Consejería de Medio Ambiente en los que se detectaron “posibles fraudes de ley en materia de contratación pública mediante fraccionamientos” con la finalidad de no llegar al tope legal”. Las investigaciones se iniciaron en 2013, cuando la Guardia Civil de Melilla, durante una operación relacionada con delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales, intervino diversa documentación que evidenciaba el desvío de fondos públicos en procedimientos de adjudicación de contratos públicos dentro de la ciudad autónoma de Melilla (Operación Ópera).

Las detenciones, que también afectan a particulares, son fruto del análisis de la abundante documentación que decomisó en febrero de 2014 la UCO en las consejerías melillenses de Seguridad Ciudadana, Bienestar Social, Cultura, Medio Ambiente, Fomento, en la viceconsejería de Festejos, en servicios informáticos y en las empresas privadas y adjudicatarias de contratas Eulen, Himosa, Promosa e Hispanagua (del Canal de Isabel II de Madrid).

La Operación Ópera la inició la comandancia de Melilla en el año 2009 y posteriormente se hizo cargo de ella la UCO, que es una unidad de élite del instituto armado.

Estas 14 detenciones se producen, además, después de que el Tribunal Supremo decidiera, hace sólo unos días, abrir una investigación contra el presidente de Melilla y senador del PP Juan José Imbroda por un presunto delito de prevaricación por la contratación irregular de un abogado.

Los agentes de la UCO que detuvieron este martes a estas personas pertenecen al Grupo de Delitos contra la Administración y también forman parte de la unidad que en octubre pasado desmanteló la trama Púnica (con 35 detenidos), en la que figura como uno de los principales implicados el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados y otrora hombre de confianza de la expresidenta Esperaza Aguire.

También es la unidad que destapó el presunto fraude en los cursos de formación de Andalucía y, en concreto, la llamada Operación Enredadera, que afecta a cargos políticos del PSOE, PP e IU y a exdirigentes del sindicato UGT de Andalucía.