Preocupación por las presiones a firmas españolas en Venezuela

El Gobierno español sigue con “extremo cuidado” —el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, evitó la palabra preocupación— las presiones del régimen de Nicolás Maduro a las empresas españolas afincadas en Venezuela. El pasado jueves, los representantes en Caracas de Telefónica, Repsol, BBVA, Mapfre, Iberia, Air Europa y Meliá fueron convocados de urgencia a una reunión en el Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia del país. Una vez allí, tres altos cargos del Gobierno venezolano —el vicepresidente Jorge Arreaza, el vicecanciller Calixto Ortega y el presidente de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, Ramón Gordils— les instaron a presionar al Ejecutivo de Mariano Rajoy para que cese la supuesta campaña en contra del régimen bolivariano en los medios de comunicación españoles a propósito de sus vínculos con el partido revelación en España: Podemos. De lo contrario, según reveló el diario Abc, les amenazaron con la expropiación.

Margallo ha reconocido este lunes que tuvo conocimiento de la reunión desde el mismo día 12, ya que las empresas avisaron al embajador español en Caracas, Antonio Pérez-Hernández, quien al día siguiente se reunió con uno de los asistentes por parte venezolana, el vicecanciller Ortega. Aunque Margallo ha dicho que “no hay novedades” al respecto, ha contestado implícitamente a las supuestas amenazas advirtiendo de que, “en un Estado democrático y de Derecho, las libertades de opinión y prensa son principios absolutamente irrenunciables” y que es un deber del Gobierno “defender a las empresas españolas contra decisiones arbitrarias y contrarias a Derecho”. Llegado el caso, ha apostillado en presencia de la Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, España contaría con el apoyo de las instituciones europeas.

Fuentes diplomáticas se muestran confiadas en que el régimen venezolano no pase del terreno de las palabras, aunque reconocen a medio plazo que su actuación resulta “impredecible”, dada la situación de colapso económico a la que se encamina el país.