Un tribunal popular juzgará el pago de un soborno de cuatro millones
El empresario de Barcelona dice que entregó el dinero a la cúpula de Unió Mallorquina
Un tribunal con jurado popular decidirá en Palma sobre la presunta culpabilidad de tres expolíticos de Unió Malloquina (UM), su emisario y un empresario de Barcelona, que según la Fiscalía Anticorrupción —y la confesión de cuatro de los cinco de acusados— se pusieron de acuerdo para manipular un concurso de venta de unos terrenos públicos del Consell de Mallorca, por 30 millones de euros, a mitad de su valor de mercado, a cambio de un soborno de cuatro millones, en 2006.
Por este asunto de la venta corrupta de los terrenos ya se celebró un juicio que determinó la adjudicación ilegal, manipulada, con condenas de cárcel para Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Tomeu Vicens, de UM, pero el asunto del soborno se desveló con la causa ya cerrada, por ello se enjuicia de manera separada a pesar de la conexión.
Román Sanahuja, dueño de empresa Sacresa, explicó a la Fiscalía la trama corrupta en la que participó, con el pago, en dos plazos, del soborno. Los cuatro millones, según la fiscalía, se los repartieron Munar, Nadal y Vicens, de UM, y un cobrador-enlace, Miquel Llinás, alia cameta. El empresario detalló como se concertó con los políticos para que le adjudicaran el concurso de Can Domenge para construir 600 viviendas.
Tomeu Vicens asumió directamente el cobro, Miquel Nadal también, aunque de forma menos concreta. Munar lo negó. El fiscal dice que los políticos se aprovecharon de su situación de poder en el Consell para exigir el cohecho, del que ve claros indicios de haberse producido, con relatos y extractos bancarios aportados por el pagador.
El emisario de Sanahuja usó un avión privado para trasladar los cuatro millones de Barcelona a Mallorca, en dos viajes. Los pagos se efectuaron en un bar y en un hotel. Tomeu Vicens narró que él repartió los fondos entre el resto de imputados. Nadal dijo que los destinó a la campaña de UM de Palma.
El caso inicial quedó desvelado por la querella que presentó en su día el empresario José Luis Núñez, competidor de Sanahuja, que había ofrecido 60 millones por el solar que se vendió a mitad de precio que el ofertó. Núñez ejerció la acusación en la primera vista y su acción fue también clave, a través de su abogado Cristóbal Martell.
