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El Gobierno frena el almacén nuclear tras cambiar al presidente de Enresa

La obra principal del silo no se adjudicará hasta que el Consejo de Seguridad dé su permiso

Sondeos a las afueras de Villar de Cañas (Cuenca), en octubre de 2012.
Sondeos a las afueras de Villar de Cañas (Cuenca), en octubre de 2012.

Todo ha cambiado en Enresa, la empresa pública encargada de gestionar los residuos radiactivos en España, en menos de una semana. El Ministerio de Industria, que tutela esta sociedad, ha acabado imponiendo su criterio. Ha puesto a Juan José Zaballa, un hombre de confianza del ministro José Manuel Soria, al frente de la empresa pública y ha paralizado el proceso de adjudicación de la obra principal del almacén temporal de residuos nucleares, el proyecto más importante que tenía entre manos Enresa esta legislatura y que cuenta con un presupuesto global de casi 1.000 millones.

El hasta este jueves presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, pretendía que la obra principal del almacén —que cuenta con un presupuesto máximo de 217 millones de euros, sin contar el IVA— se adjudicara antes de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) terminara de analizar el proyecto y concediera sus permisos, que son imprescindibles. Gil-Ortega fue alcalde por el PP de Ciudad Real y es una persona de confianza de María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general de los populares.

El también ex parlamentario regional y su equipo habían planificado que el contrato principal del Almacén Temporal Centralizado (ATC), previsto en Villar de Cañas (Cuenca), se adjudicara en unas semanas. El compromiso era poder empezar las obras, aunque fueran las de acondicionamiento de los terrenos, durante la primavera de este año, antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Pero esa simbólica foto empezó a complicarse hace unos meses, cuando el CSN comenzó a reclamar una gran cantidad de datos a Enresa sobre el proyecto. Existen dudas, entre otros asuntos, sobre los suelos. Esas dudas, según algunos técnicos consultados, no harían inviable el almacén de residuos nucleares en la zona de Cuenca elegida por el Gobierno, pero sí podrían modificar el proyecto de construcción y variar su coste.

El Ministerio de Industria consideraba que era “de sentido común” esperar a los permisos del CSN, ya que podrían cambiar las características de la obra. Y, desde el equipo técnico de Enresa, rebatían que esa era una circunstancia prevista en el concurso y que los suelos elegidos son válidos. Pero, tres días después de hacerse públicas las dudas de Industria, Gil-Ortega anunció su dimisión por “razones personales”.

En teoría, el ya expresidente tenía dos semanas para que se formalizara su cese. Pero, según indican fuentes del departamento de Soria, la idea desde el principio era que el nuevo responsable fuera nombrado este jueves, como finalmente ocurrió. El sustituto, Juan José Zaballa, era hasta ahora director general de Paradores, un área dependiente del ministro Soria. El nuevo presidente es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Máster en Administración de Empresas. Zaballa, que es economista del Estado, ha ocupado diversos puestos en la Administración, tanto en España como en el exterior. También ha trabajado en el sector privado, por ejemplo, en la gestión de fondos de capital riesgo. Ecologistas en Acción y Greenpeace, sin embargo, consideraron que es “un error” su nombramiento, ya que no es experto en energía nuclear, al igual que tampoco lo era el presidente saliente.

El alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, en los terrenos para el ATC. ampliar foto
El alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, en los terrenos para el ATC.

Industria sostiene que ahora todas las decisiones sobre el futuro del ATC de Villar de Cañas están en manos de Zaballa. Aunque fuentes del Gobierno dejaron claro que la obra principal no se adjudicará hasta que se pronuncie el CSN. “Vamos a esperar al informe para tomar decisiones”, explicaron estas fuentes. “En principio, entre mayo y junio esperamos tener el informe del CSN”, añadieron. El consejo de seguridad no aclaró este jueves cuándo estarán listos esos informes. El primero que tiene que emitir el CSN es una autorización inicial.

“Una vez que tengamos el OK del consejo, seguiremos”, añadieron fuentes del Ejecutivo central. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, sostuvo el miércoles que la intención del Ejecutivo es tener “muy presente” el pronunciamiento del CSN en todo el proceso. Desde Castilla-La Mancha, el portavoz de la Administración regional, Leandro Esteban, dijo que, pese a las decisiones tomadas esta semana en Enresa, el proceso del ATC “no sufrirá alteraciones”.

La paralización del concurso de adjudicación no implica que el Gobierno renuncie a la construcción del ATC

La paralización del concurso de adjudicación de la obra civil principal no implica que el Gobierno renuncie a la construcción del ATC en el municipio conquense. Una de las primeras decisiones que el Ejecutivo del PP tomó al poco de llegar a La Moncloa tras las últimas elecciones generales fue que este ATC se hiciera en Villar de Cañas. La justificación para acometer una instalación de este tipo es que España debe almacenar sus propios residuos nucleares, mientras que ahora los tiene repartidos por Francia y Reino Unido. En 2017, los restos del desmantelamiento de la central de Vandellós, que están en Normandía, deben volver a España.

El concurso de la obra civil principal del ATC se abrió el 4 de septiembre de 2014. Ocho uniones temporales de empresas (UTE) y sociedades se han presentado. Cuando se abrió el concurso, Enresa dijo que el contrato con el ganador se firmaría antes del 1 de febrero, compromiso que no se ha cumplido. Y, todavía no hay fecha para la apertura del último sobre, en el que los aspirantes debían fijar sus ofertas económicas.

Al margen de los permisos del CSN, cuyo pronunciamiento es vinculante, el proyecto también debe contar con los del Ministerio de Medio Ambiente, que aún tramita la Declaración de Impacto Ambiental. Además, el Ayuntamiento de Villar de Cañas, en manos del Partido Popular, no puede conceder las licencias de obras hasta que el CSN y Medio Ambiente se pronuncien.