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La reforma contra el yihadismo se basa en una ley que el PP no apoyó

La norma incluye dos novedades y aumenta las penas del Código Penal de 2010

La reforma legal contra el terrorismo yihadista que PP y PSOE aprobarán en el Senado endurece los castigos de cárcel e incorpora dos nuevos tipos penales: el viaje a zonas controladas por grupos terroristas y el autoadiestramiento a través de Internet siempre que se demuestre su finalidad delictiva.

España es el país europeo que tras sufrir uno de los peores atentados yihadistas —191 muertos y más de 1.500 heridos en los ataques terroristas del 11 de marzo de 2004— ha registrado más operaciones policiales contra terroristas islamistas en los últimos diez años.

Del 11-S al 7-J, reformas legales de excepción

Los mayores atentados yihadistas en lo que va de siglo desencadenaron reformas legales urgentes con medidas de excepción en los países que los sufrieron. Salvo en España con la matanza de los trenes el 11 de marzo de 2004 (191 muertos). Aquí se optó por reforzar los medios (policías, traductores de árabe...) pero sin cambiar la normativa antiterrorista, que se mantuvo intacta hasta seis años después.

Estados Unidos. Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center (Nueva York) y el Pentágono (Washington) que provocaron 3.016 muertos y más de 6.000 heridos, Estados Unidos aprobó de urgencia una ley antiterrorista (Patriot Act) que permitía al FBI intervenir comunicaciones de sospechosos sin autorización judicial durante las primeras 48 horas; obligaba a las empresas de Internet a entregar registros de actividad y correos de sospechosos; se permitía pinchar las conversaciones entre abogado y recluso en la cárcel sin pedir permiso al juez cuando existiera una sospecha razonable; y amparaba la detención de extranjeros durante siete días sin formular cargos contra ellos.

Reino Unido. Tras los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres (56 muertos y 700 heridos por cuatro bombas que explotaron en el transporte público: tres en el metro y una en un autobús), la reforma legal aprobada otorgó mayores poderes al ministro del Interior para deportar a extranjeros que alentasen ideas terroristas; prohibir la entrada de cualquier persona que haya tenido algún vínculo con organizaciones terroristas e incluso ilegalizar organizaciones musulmanas.

El nuevo Código Penal que se aprobará en las próximas semanas toma como base la primera reforma legal contra el terrorismo yihadista aprobada en 2010 por el Gobierno socialista en aplicación de una directiva marco europea de 2008.

En aquella ocasión, el PP se abstuvo. No quiso votar a favor de la reforma porque excluía la cadena perpetua revisable para delitos terroristas con causa de muerte, sancionados con penas de 20 a 30 años de cárcel. Federico Trillo, entonces portavoz de Justicia del PP, consideró que en la reforma había "demasiadas sombras e inquietudes".

Aquel nuevo Código Penal, hoy vigente, introdujo el concepto de libertad vigilada de hasta 10 años como pena complementaria para el terrorista condenado a cárcel cuando quedaba libre; creó el castigo por actividades de captación y adoctrinamiento o por acudir a prácticas de entrenamiento; sancionó con cárcel la difusión en Internet de mensajes favorables a la comisión de atentados terroristas o la financiación de actividades terroristas por distintos medios.

En el nuevo Código, el PP mantiene la pena para todas estas conductas, en algunos casos ampliando en cinco años el castigo máximo previsto, e introduce dos tipos nuevos sancionables con cárcel: el autoadiestramiento a través de Internet y el viaje a zonas controladas por organizaciones terroristas, siempre que se pruebe la finalidad delictiva de estas actividades.

El presidente Mariano Rajoy ensalzó la reforma como "la mejor respuesta legal al terrorismo", destacando en su intervención las dos medidas nuevas y el endurecimiento de penas, con la cadena perpetua revisable como símbolo principal. El PSOE aceptó el acuerdo asumiendo que eran necesarias algunas mejoras sobre la reforma legal de 2010, pero sin compartir que el endurecimiento de los castigos pueda ser una herramienta eficaz contra el yihadismo. Los socialistas se han comprometido a eliminar del Código Penal la pena de cadena perpetua revisable si vuelven al Gobierno.

El exministro del Interior Antonio Camacho, que impulsó la reforma legal de 2010, recuerda ahora que España, a diferencia de otros países, reaccionó a los atentados del 11-M sin medidas legales de excepción. "Supo combatir el terrorismo sin recortar las libertades. Reforzamos los operativos policiales multiplicando por 100 las plantillas dedicadas a combatir el yihadismo, contratando decenas de traductores y dotando a los cuerpos de seguridad de las nuevas tecnologías necesarias. E impulsamos un contacto permanente con los líderes de la comunidad islámica para entender sus necesidades e impulsar políticas preventivas".

Jueces, fiscales y expertos piden otras medidas

Javier Gómez Bermúdez, presidente del tribunal que juzgó el 11-M y ponente de la sentencia, considera "insuficiente" la regulación de los denominados "lobos solitarios". "Solo se les puede condenar por el concreto delito que cometan mientras que al terrorista que es miembro de una organización se le castiga además con hasta 10 años por pertenencia a banda armada". El magistrado apoya el castigo por "adiestramiento pasivo porque los que se prestan a ser adoctrinados y entrenados a través de la Red son sujetos potencialmente muy peligrosos". "Sancionar los desplazamientos a zonas sensibles", señala "es inviable, salvo que se pruebe que es para incorporarse a un grupo terrorista. Y entonces, ya está penado como delito de integración en organización terrorista".

Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional experta en terrorismo yihadista, sostiene que el Código Penal de 2010 "es uno de lo más completos del mundo en cuanto a conductas terroristas se refiere". "El verdadero problema”, sostiene, “es el de la prueba, acreditar las acciones, su finalidad y sus circunstancias". La reforma más eficaz pasa por mejorar las herramientas de investigación y regular "por ejemplo, la actuación policial encubierta en la red, uno de los principales instrumentos de estas organizaciones".

Fernando Reinares, investigador de Terrorismo Internacional en el Real Instituto Elcano, recuerda que la reforma legal de 2010 "introdujo tipos penales nuevos que, de haber existido antes, podrían haber evitado atentados como el del 11-M". "España", opina, "está en inferioridad de condiciones respecto a países del entorno para investigaciones contra el yihadismo. Planteo que sea posible hacer escuchas o grabaciones por decisión administrativa. La policía se queja de que cuando hace falta culminar una investigación sería bueno facilitar y agilizar esos mecanismos". "España está en desventaja a la hora de judicializar pruebas procedentes de fuentes de inteligencia que a menudo no se aceptan. Además, sería necesario que fuese consideraba válida como prueba la declaración de imputados ante la policía".

La reforma contra el yihadismo se basa en una ley que el PP no apoyó