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El fiscal indaga vínculos delictivos del Gobierno de Tomás Gómez

La policía pide ayuda al Estado para hallar la relación entre políticos y empresas

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Eva Matarín, secretaria de Inmigración del PSOE, Tomás Gómez y Antonio Miguel Carmona, en la Convención Autonómica de los socialistas madrileños.

La Comisaría General de la Policía Judicial ha pedido ayuda a diversos organismos del Estado para desenmarañar la posible relación entre los miembros de dos equipos de gobierno del Ayuntamiento de Parla (Madrid) y el encarecimiento en 41 millones de las obras del tranvía de esta ciudad de 125.000 habitantes. El fiscal lo apoya y habla “de hecho criminoso”. El caso afecta directamente a Tomás Gómez, actual secretario general de los socialistas madrileños y candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, porque era alcalde de Parla cuando se aprobó la primera modificación.

Según el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso EL PAÍS, es necesario “determinar las relaciones tanto del tipo laboral y/o tributario que hubieran existido entre los integrantes de las Juntas de Gobierno que aprobaron las modificaciones y las empresas de la unidad concesionaria Tranvía de Parla, SA”.

En las citadas juntas de 2006 y 2009 —la primera cuando era alcalde el actual secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez— se aprobaron modificaciones, sin concurso, en el proyecto viario inicial, que elevaron el montante de la obra de 108 a 149 millones, si bien el coste final, incluyendo intereses, alcanza ya los 256 millones.

A raíz del sobrecoste conocido, la fiscalía comenzó una investigación en marzo pasado. De hecho, el actual Ayuntamiento, encabezado por la socialista Beatriz Arceredillo, que heredó un déficit de 343 millones y una deuda de más de 2.900 euros por habitante, está en quiebra técnica. Entre diciembre y enero, por ejemplo, una brutal huelga de basuras cubrió de residuos las calles de la ciudad. Las arcas municipales son incapaces de afrontar las reclamaciones de las múltiples contratas locales. Estas no cobran y los empleados dejan de trabajar. Casi todos los servicios de Parla fueron privatizados por Tomás Gómez y su sucesor, José María Fraile, imputado también en la llamada Operación Púnica, una trama de compra de políticos.

En la última documentación remitida a los tribunales, los expertos policiales piden investigar a casi todos los concejales y tres técnicos, excepto al entonces alcalde, Tomás Gómez, porque a finales de 2006 se ausentó de la Junta de Gobierno en la que aprobó un “importe adicional total” al proyecto inicial de unos 25 millones. Gómez justifica su ausencia porque la Junta se celebró en “época navideña” y acudió a un colegio “posiblemente a cantar villancicos”.

En concreto, la Policía Judicial pide la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Intervención General del Estado, ya que necesita inspeccionar a dos bufetes de abogados y 12 empresas, entre las que hay promotoras, constructoras, consultoras y especializadas en informática.

Por su parte, la Fiscalía de Área Getafe Leganés, la misma que dio inicio al proceso, habla de posibles delitos de “prevaricación” y “malversación de caudales públicos”. Además, sostiene que las pesquisas “son pertinentes y útiles a los fines de la instrucción”. Wilfredo Jurado, uno de los exconcejales de Gómez y actual asesor jurídico del PSM, pidió el pasado 13 de enero el “sobreseimiento” de la causa. Los socialistas mantienen, tras conocer el informe policial, que las afirmaciones de los expertos de la UDEF son “falsas y tendenciosas”. Sin embargo, el fiscal cree que “no procede” esta reclamación debido a que “se están practicando diligencias indispensables para esclarecer el hecho criminoso”.

El informe policial se ha redactado a petición de la responsable del Juzgado de Instrucción número 5 de Parla, María del Pilar Pérez Martín, que quiere determinar si “efectivamente se ejecutaron las obras que se aprobaron” y “quiénes eran las personas que formaban parte” de la concesionaria (creada en su origen por Acciona, FCC Construcción, Detren Compañía General de Servicios Ferroviarios y Caja Castilla-La Mancha Corporación).

La UDEF solicita que la Tesorería General de la Seguridad Social “facilite toda la información obrante en sus bases de datos” sobre las personas físicas y jurídicas investigadas. También anima a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para que entregue los ficheros de sus bases de datos desde el 2005 hasta el pasado diciembre. Estos dos organismos deberán facilitar la documentación hallada a la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.

La UDEF también pide a la Intervención General del Estado que designe a funcionarios del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado “en calidad de auxilio judicial”. Reclama su ayuda con el fin de aportar “los conocimientos propios de su especialidad al objeto de poder determinar las posibles irregularidades cometidas”.

Gómez siempre ha mantenido que la modificación fue diseñada y aprobada por el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, del PP. Pero el informe policial ni lo menciona.

Tres investigados también en la Operación Púnica

De los 12 políticos socialistas y tres técnicos de Parla investigados, la UDEF considera un “dato de especial interés para la causa” que Wilfredo Jurado, concejal de Urbanismo de Parla de 2003 a 2007 y actual abogado del PSOE madrileño (PSM), figure como apoderado solidario desde mediados del año pasado de Socramed SL, empresa constituida en septiembre de 2012 y que le vincula con Fernando de Marcos García, que fue director general de Tranvía de Parla SA y ocupó otros cargos, entre ellos apoderado y apoderado mancomunado. En la misma fecha que Jurado, también fueron nombrados apoderados solidarios en Socramed dos hermanos de Fernando de Marcos.

Jurado afirma que no aceptó el apoderamiento, pese a que De Marcos lo eligió tras mudarse el año pasado a Estados Unidos por motivos profesionales. También esgrime que su labor es la “normal” de “cualquier abogado en su ejercicio profesional diario”, y alega en su defensa que, al contrario de lo que dice la UDEF, ya no es el responsable urbanístico de Parla.

El objeto social de Socramed SL, domiciliada en el número 24 de la calle Buen Suceso de Madrid, es “todo tipo de actividades de consultoría de gestión empresarial; comprende el estudio y desarrollo con todos los aspectos técnicos, económicos, financieros y administrativos”. El exdirector general del tranvía aparece en el Registro Mercantil como el administrador solidario inicial de Socramed junto a su esposa. La pareja confirió a Jurado y a los hermanos de De Marcos “poder especial” para “actuar en nombre de los hijos” del matrimonio, en ese momento ambos menores de edad.

Jurado es desde el pasado julio uno de los vocales de la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE. La policía también indaga sobre su pareja, Rosa Alcalá, que es diputada autonómica en Madrid y secretaria de Administración del PSM. También es la responsable de la gestora abierta en Parla tras la imputación de José María Fraile en la Operación Púnica, en la que la Guardia Civil intenta esclarecer el presunto pago de mordidas a cambio de contratos con la Administración.

Fraile, sucesor de Tomás Gómez en la Alcaldía de Parla, es otro de los políticos socialistas más destacados en el informe y se arriesga, en su caso, a una nueva imputación. Pablo Sánchez Pastor, candidato del PSOE para Parla en las elecciones municipales de mayo, también se encuentra entre los investigados. Como la edil Victoria Muñoz, también imputada en Púnica.

Los técnicos municipales investigados son Francisco Domenech Gironés por su condición de director de Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Parla, el ingeniero Raúl Pérez Formigó y la ingeniera de caminos Elena María Fernández Pérez, que fue detenida en Púnica.

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