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La mayoría de las regiones respaldan aplazar las carreras de tres años

Diez comunidades, incluidas cinco del PP, apoyan la moratoria de los rectores

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El Ministerio de Educación no cree que la reforma que acaba de aprobar para las universidades “pueda esperar más tiempo”. Frente a esta postura, que defendió el martes la secretaria de Estado, Montserrat Gomendio, las comunidades autónomas se han sumado de forma mayoritaria a la prórroga que acaban de acordar los rectores. Diez regiones de todos los colores políticos respaldan aplazar el cambio, al menos, hasta 2017. El resto están pendientes de una reunión con sus universidades.

La conferencia de rectores (CRUE) aprobó el lunes —con 57 votos a favor, cinco abstenciones y uno en contra— aplazar dos años el modelo que flexibiliza la oferta y permite carreras de tres años junto a las actuales de cuatro y másteres de dos años con los actuales de uno. El real decreto del Gobierno no incluye fecha y es de aplicación voluntaria, aunque el ministerio defiende que se debería adoptar cuanto antes para homologar las carreras con el resto de Europa. Los rectores (y parte de las autonomías) replican que permitir que haya sistemas distintos por comunidades autónomas e incluso por universidades contribuye más a la “confusión” que a una equiparación con otros países.

La decisión de la CRUE no tiene valor normativo. Son las comunidades autónomas las que aportan el grueso de los presupuestos universitarios y dan el visto bueno final a las carreras.

El decreto

El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado el real decreto que permite ofertar carreras de tres años y másteres de dos en el sistema universitario español junto a los actuales grados de cuatro años y másteres de uno.

El Ministerio de Educación retiró la fecha que había previsto para su aplicación (septiembre de 2015) y lo dejó abierto. Las universidades pueden aplicarlo ya de forma voluntaria.

La Conferencia de Rectores —que aglutina al grueso de los campus públicos y privados— acordó de forma mayoritaria tres días después de su aprobación, el pasado lunes, que aplicarían una moratoria para su implantación hasta 2017.

Andalucía o Asturias, ambas gobernadas por el PSOE, han dicho que no quieren ni aplicar el decreto. “Es una precipitación al final de legislatura que sólo viene a complicar la vida de las universidades”, señaló la consejera de Educación asturiana, Ana González. “Hay que mantener la estabilidad y para ello la presidenta [de la Junta de Andalucía, Susana Díaz] ha apoyado la decisión de los rectores de respetar la moratoria y ha mostrado su respaldo a la estructura de cuatro años de grados y, por ello, su financiación”, defiende el presidente de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA), Eduardo González Mazo.

Castilla y León (PP) también aguantará. “Queremos hacer un mapa de titulaciones coherentes”, señala el director general de Universidades, Ángel de los Ríos. No ve bien que se oferten títulos iguales con distinta duración de una comunidad autónoma a otra. “Es una preocupación de los rectores, sobre todo del de Salamanca, que recibe muchos alumnos de fuera. Este asunto se debería acordar al menos con las comunidades limítrofes”, añade.

“No es lógico que dentro de un mismo país e incluso dentro de una misma comunidad, unas universidades impartan el mismo grado en tres y otras en cuatro años, sino que habría que ver, entre todos, cuáles son susceptibles de una duración y de otra”, ahonda el rector de la Universidad de Cantabria, José Carlos Gómez Sal. Cantabria, Galicia y La Rioja (todas gobernadas por el PP) han dejado la decisión de la prórroga en manos de sus campus, que la respaldan. “Aunque las competencias educativas son autonómicas, el Estado debería velar por la cohesión del sistema universitario”, añade Gómez Sal.

Cataluña (CiU), principal defensora del modelo flexible, respeta la moratoria, pero deja la puerta abierta a que una universidad con una “propuesta nueva y singular” oferte carreras de tres años el curso que viene, como planea la Pompeu Fabra. El secretario de Universidades catalán, Antoni Castellà, ha sugerido incluso que el primer año de máster, bajo el nuevo esquema, tenga el mismo coste que el del grado (de media es el doble) para evitar un encarecimiento de las matrículas aunque las universidades públicas temen perder con esto parte de sus ingresos.

En el caso del País Vasco defienden, como los rectores, que hay que esperar hasta que se evalúen los resultados y se acrediten los actuales grados del plan Bolonia, cuyos titulados salieron de forma generalizada en 2014, según un portavoz.

Aragón y la Comunidad Valenciana (PP) están pendientes de una reunión con sus rectores para tomar una decisión.

La Comunidad de Madrid (PP) señala que deja la decisión en manos de las universidades. Y la Conferencia de Rectores de Madrid (Cruma) —que aúna solo a los campus públicos— ha pedido una reunión con la consejera de Educación, Lucía Figar, para reclamarle que se comprometa a no autorizar la modificación. Frente a esto, uno de los campus privados (la Camilo José Cela) ya ha manifestado que quiere tener títulos de tres años el curso que viene.

La Consejería de Educación de Murcia (PP) “tiene la intención inequívoca de trabajar con las universidades de la región, respetando su autonomía académica, pero buscando consenso y acuerdo en el margen de maniobra autonómica. Se mediará para buscar acuerdo entre las universidades, pero se respetará su autonomía”, según un portavoz. Sobre si respetarán o no la moratoria, añaden que “ya hay universidades en España que están anunciado que sí se plantean los nuevos grados antes”. Una de ellas es la Universidad Católica de Murcia, un campus privado que los va a ofertar el curso que viene.

Información elaborada por Pilar Álvarez (Madrid), Camilo S. Baquero (Barcelona), Juan Manuel Játiva (Valencia), Ángeles Lucas (Sevilla) Elisa Silió (Madrid) y Sonia Vizoso (Santiago).