Los especialistas en VIH critican la exclusión sanitaria de los sin papeles

Un 37% de los médicos infectólogos especialistas en VIH afirma que el real decreto de 2012 que dejaba sin atención sanitaria estándar a los inmigrantes en situación irregular ha dificultado su tarea, según una encuesta del Grupo para el Estudio del Sida (Gesida) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc). En el trabajo participaron 97 profesionales de 16 comunidades autónomas (todas menos Murcia).

Los médicos afirman que en un 21% de los casos, los pacientes “no fueron atendidos ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley”. Es decir, que tampoco en urgencias o los menores y embarazadas recibieron los cuidados necesarios para su situación, o no se hizo un seguimiento completo de su estado.

Los problemas puestos –dificultad para conseguir cita o la medicación, por ejemplo- ha supuesto que un 16,1% de los profesionales afirma que ha “tenido casos de interrupción del seguimiento, del tratamiento o de ambos”. Los motivos son variados: “Imposibilidad de citar a los pacientes (34%), la no dispensación de medicación por parte del hospital (19%), la exigencia de pago (15%) y otros, como problemas con el seguro privado, no disponer o haber perdido la tarjeta sanitaria, miedo del paciente a volver por si le hacían pagar la medicación, o dificultad de acceso por problemas económicos”.

La situación podía haber sido aún peor, reconoce Gesida, si no fuera porque muchas comunidades (cita a Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco) expresaron su intención de seguir el tratamiento de quienes ya lo estaban recibiendo, y esta postura “parece haberse seguido en la mayoría” de las demás.

Esta situación, sin embargo, ha creado una desigualdad entre comunidades, y, en algunos casos, ha supuesto barreras extra, como la de la burocracia para mantener la asistencia. Por ejemplo, dice Gesida, la necesidad de aportar documentos de su país de origen.

Y si la visión de los profesionales es negativa (el 71% estaba en contra de las restricciones del decreto de recortes sanitarios de abril de 2002), peor aún es la de las ONG que atienden a esta población (contestaron 23 de 11 comunidades autónomas). El 46% de las encuestadas dijo que había tenido dificultades con la asistencia sanitaria siempre o con frecuencia. Igualmente, el 50% de los pacientes no fueron atendidos o no se les prestó atención con frecuencia según los supuestos del real decreto.

En el estudio no hay una cuantificación de cuántos son estos casos. Tampoco lo ha habido desde 2012 sobre los inmigrantes afectados por la medida. Este periódico calculó en su momento que podían rondar los 150.000. El Gobierno ha dicho que ha retirado unas 900.000 tarjetas sanitarias, pero en esta relación se incluyen los casos de fallecidos, duplicados, personas que ya no residen en España y los ciudadanos de la UE que residen en el país pero cuya atención debe pagarla su lugar de origen o su seguro.

Los médicos también recuerdan el riesgo que esta política supone para la salud pública. Aunque la mayoría de las comunidades –y el Ministerio de Sanidad- establecen que debe atenderse a personas con enfermedades transmisibles (tuberculosis, meningitis) que puedan contagiarse al resto de la población y ponerla en peligro, Gesida expone que para tratarlos, antes hay que diagnosticarlos, y que ello es muy difícil si no tienen acceso a la atención primaria.