La Abogacía del Estado acusará por los pagos en b de la sede del PP

La Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia y por tanto del Gobierno, se personará como acusación particular en el caso de los papeles de Bárcenas, una vez que la Agencia Tributaria sostiene en su informe definitivo que se han producido delitos contra la Hacienda Pública —impago del Impuesto de Sociedades y del IVA por parte del arquitecto que realizó las obras en la sede del PP—. Esas obras, que el partido hizo entre 2006 y 2008 en el edificio de Génova, 13, se pagaron en parte con dinero negro de la caja b que controlaba el entonces tesorero Luis Bárcenas, según la investigación abierta por el juez Pablo Ruz. El magistrado aún no ha detallado los delitos atribuibles a la formación conservadora en este caso.

Durante varios años, el PP abonó una parte de los trabajos encargados al despacho de arquitectura de Gonzalo Urquijo con dinero opaco al fisco que nunca llegó a declarar en su contabilidad oficial.

Los distintos informes de la policía y de Hacienda entregados al juez han acreditado que ni Urquijo declaró al fisco 1,7 millones cobrados del PP ni este partido comunicó al Tribunal de Cuentas esos gastos.

El arquitecto está imputado en la causa por supuesto delito fiscal al no declarar parte de esos ingresos obtenidos por las obras de reforma de la sede del PP. Los registros en el despacho del arquitecto y en Génova 13 permitieron acreditar esos pagos ilegales.

Tras recibir el informe definitivo de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sobre los pagos al arquitecto Urquijo, el juez Pablo Ruz ofreció ayer a la Abogacía del Estado que se personara en la causa para defender los intereses de la Hacienda Pública al entender que se han cometido delitos fiscales.

Fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron ayer a este periódico que la Abogacía del Estado se personará como acusación en los próximos días y que si no lo había hecho hasta ahora —el juez le ofreció esta posibilidad cuando comenzó la instrucción de la causa en marzo de 2013— era “porque no se sabía si iba a dar delito o no”. “En estos casos”, aclaran, “si el procedimiento no se ha iniciado desde la Agencia Tributaria sino por un tercero, o de oficio, nunca aceptamos el ofrecimiento de acciones hasta que se compruebe, tras la liquidación de Hacienda, que da cuota [más de 120.000 euros de fraude]“.

Ahora, la Abogacía del Estado acusará de delito fiscal al arquitecto Gonzalo Urquijo, quién sólo pudo defraudar a Hacienda gracias a que el Partido Popular le liquidó parte de los trabajos con dinero b de la caja que controlaba Bárcenas y que se nutría, supuestamente, de donativos entregados por más de una decena de empresarios, la inmensa mayoría constructores y contratistas de la administración pública.

El PP insiste en que no tuvo una caja b y que si existió una contabilidad paralela es responsabilidad exclusiva de su ex tesorero Luis Bárcenas.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía del Estado consideraron en sus escritos de acusación previos a la celebración del juicio oral por el caso Gürtel que el PP disfrutó durante al menos 15 años de una caja b y, por tanto, se financió ilegalmente durante ese periodo de tiempo.