Gobierno y PSOE firman el cuarto acuerdo antiterrorista en democracia

La proposición de ley contempla la prisión permanente revisable si provocan muertes

Los socialistas aseguran que derogarán esa nueva pena si gobiernan

Rajoy y Sánchez se estrechan la mano tras la firma del pacto antiterrorista en La Moncloa.

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez han firmado este lunes con solemnidad en La Moncloa el cuarto pacto antiterrorista suscrito por PP y PSOE en casi 30 años. Este tiene la particularidad de que, por primera vez, no tiene como objetivo la lucha contra ETA, sino actuaciones contra el terrorismo yihadista.

“La unidad es necesaria contra todos los que amenazan el sistema. El consenso resulta imprescindible. Hoy enviamos un mensaje nítido a los radicales: la sociedad española está cohesionada en torno a su libertad”, aseguró el presidente del Gobierno tras rubricar el acuerdo. “El PSOE está una vez más sumando fuerzas contra el terrorismo. Durante los últimos 27 años, el PSOE siempre ha antepuesto la necesaria unidad contra el terrorismo a cuestiones partidistas”, explicó Pedro Sánchez tras la firma de su primer pacto de Estado como secretario general del PSOE.

El acuerdo consta de una declaración de unidad y ocho puntos a desarrollar en el futuro. De ellos, el esencial y práctico es una proposición de ley, suscrita por ambos partidos, que modificará el Código Penal para hacer frente a las nuevas formas de terrorismo. Por ejemplo, la penalización del adiestramiento y el adoctrinamiento y una regulación eficaz de fenómenos como los llamados lobos solitarios o potenciales activistas que viajen al extranjero a recibir adiestramiento.

Gobierno y PSOE habían pactado sacar del Código Penal el capítulo dedicado al terrorismo para intentar buscar una posición común, que este lunes quedó sellada. En paralelo se tramita el proyecto de ley con el resto del Código Penal solo con los votos del PP y que ya está en el Senado.

Con la aplicación de esta proposición de ley que firman y votan juntos los dos principales partidos será posible que los terroristas que cometan atentados sean condenados a la nueva pena de prisión permanente revisable, asimilable a la cadena perpetua. En concreto, el texto que firma el PSOE asegura en el artículo 573 bis pactado: “Los delitos de terrorismo a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior serán castigados con las siguientes penas: con la de prisión por el tiempo máximo previsto en este Código si se causara la muerte de una persona”.

Dado que la máxima pena prevista en el Código que saldrá del Senado en breve es la prisión permanente revisable, con el texto pactado se aplicará a los terroristas que provoquen muertes. Se da la circunstancia de que el PSOE se ha opuesto radicalmente a esta medida y votó contra ella en el Congreso cuando se tramitó el Código Penal.

Para salvar esa situación el PSOE ha dado dos piruetas en la negociación: una, para buscar esa vía que evita la mención expresa y que llega a la cadena perpetua mediante un rodeo y, otra, al leer, tras la firma del pacto, una declaración de intenciones comprometiéndose a derogarla cuando gobierne. “El PSOE siempre ha antepuesto la necesaria unidad contra el terrorismo ante cualquier consideración partidista”, dijo Pedro Sánchez, para destacar la “discrepancia” reconocida por las partes en torno a la prisión permanente revisable a la que se oponen “firmemente” los socialistas.

Por eso, se ha comprometido a eliminarla del nuevo Código Penal en cuanto dispongan “de una mayoría suficiente”. Entre tanto, será aplicable a quien cometa actos terroristas cuando esté en vigor la reforma legal pactada.

Los puntos del pacto

1. “Promover la modificación del Código Penal en materia de delitos de terrorismo, a través de una Proposición de Ley Orgánica que ambas fuerzas suscribimos, y a cuya firma o apoyo convocamos al resto de fuerzas parlamentarias”.

2. “A los delitos de terrorismo con resultado de muerte les será siempre aplicable la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal”.

3. “Impulsar las reformas legislativas necesarias para actualizar y reforzar el marco jurídico que permita a jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ser más eficaces contra el terrorismo”.

4. “Mantener vigente el recuerdo a las víctimas del terrorismo, honrar con la dignidad debida su memoria y promover el testimonio de gratitud del que seremos siempre deudores. Asegurar el reconocimiento que merecen las víctimas y su entorno, así como el apoyo a sus asociaciones y organizaciones representativas”.

5. “Garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para luchar más eficazmente contra el terrorismo en la Justicia, las Fuerzas de Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia”.

6. “Poner en marcha políticas activas eficaces en la erradicación de cualquier forma de radicalización violenta, incluidas las expresiones de racismo, xenofobia o discriminación”.

7. “Promover en el seno de la UE y en las instituciones internacionales la adopción de políticas de prevención, persecución, cooperación y sanción penal contra el terrorismo”.

8. “Promover en las Cortes Generales iniciativas inspiradas en el presente Acuerdo”.

En el propio pacto no se hacen explícitos esta reserva y este compromiso de los socialistas, pero se añade que “en todo caso, el presente acuerdo no se verá afectado por los posibles cambios en el sistema de penas que puedan producirse en el futuro en función de las posiciones mantenidas por las partes en el curso de la tramitación de la reforma del Código Penal”.

Añade el pacto que los dos partidos acuerdan que “tal y como ha venido recogiendo nuestro ordenamiento jurídico, a los delitos de terrorismo con resultado de muerte les será siempre aplicable la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal”. Es decir, desde ahora, la cadena perpetua.

El texto será debatido y aprobado en primera instancia en el Pleno del Congreso el 10 de febrero y en semanas posteriores en el Senado.

Ambos partidos aseguran que está abierto a que otros grupos puedan apoyarlo. Por el momento, ningún grupo parlamentario ha accedido a firmarlo y lo más que puede ocurrir es que alguno de ellos termine votando a favor durante la tramitación.

El acuerdo partía de las enmiendas que presentó el PP en su momento a este capítulo del Código Penal. El PSOE, de quien partió la propuesta de pacto contra el terrorismo, objetó aquel texto casi en su totalidad y ha conseguido suavizar la mayoría de sus puntos.

Por ejemplo, en la definición inicial de terrorismo se incluían referencias a perturbar la paz social o al delito de aborto, sin más precisión. También se consideraba colaboración con terroristas actuaciones que no exigían conocimiento de la actividad de la persona ayudada. En todos estos puntos han conseguido cambios los negociadores del PSOE para introducir garantías y hacer posible el acuerdo.

Otro punto que provocó notables discusiones fue el referido a la consulta de páginas web de yihadistas. La propuesta del Gobierno castigaba a “quien consulte habitualmente uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea cuyos contenidos estén dirigidos o, por resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista”.

El texto pactado asegura finalmente que “se castigará a quien, con la misma finalidad de capacitarse para cometer alguno de los delitos tipificados en este capítulo, lleve a cabo por sí mismo cualquiera de las actividades previstas en el apartado anterior. Se entenderá que comete este delito quien, con tal finalidad, acceda de manera habitual a uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o contenidos accesibles a través de Internet o de un servicio de comunicaciones electrónicas cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines”.

Es decir, el PSOE ha logrado introducir el elemento de finalidad, esto es, que las visitas tengan por objeto imprescindible el adiestramiento, para evitar el castigo a quien simplemente consulte esas páginas por cualquier otro interés.

Cara a cara, el 24 de febrero

Durante el encuentro celebrado este lunes en el Palacio de La Moncloa, el presidente del Gobierno y el líder de la oposición acordaron también la fecha para el último Debate sobre el Estado de la Nación de la legislatura, que arrancará en el Congreso de los Diputados el 24 de febrero. Según aseguraron fuentes del PSOE, la propuesta surgió de Rajoy y fue aceptada por Pedro Sánchez. El Gobierno lo comunicó después al resto de partidos.

El debate en el Congreso escenificará el primer cara a cara sobre política general entre el presidente del Gobierno y el nuevo líder socialista. Se celebrará un mes antes de los comicios andaluces, que se han convocado el 22 de marzo y marcarán el inicio de un año lleno de elecciones.

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