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Los rectores aplazan a 2017 la reforma que implanta los grados de tres años

La propuesta ha salido con 57 votos a favor, cinco abstenciones y un voto en contra

Los rectores, en la Asamblea que ha analizado la reforma del Gobierno. Atlas / EFE

La conferencia de rectores españoles (CRUE), que aglutina al grueso de los campus con 50 universidades públicas y 26 privadas, ha acordado este lunes por su cuenta la moratoria que reclaman desde hace meses al Ministerio de Educación. No aplicarán hasta 2017 el plan de flexibilización universitaria que permite ofertar carreras de tres años de duración frente a las actuales de cuatro. Así lo ha anunciado el presidente de los rectores, Manuel López, tras una asamblea extraordinaria celebrada en Madrid para analizar la nueva normativa.

La prórroga fue respaldada por 57 votos a favor, frente a cinco abstenciones y el no de la universidad privada madrileña Camilo José Cela, cuyo rector, Eduardo Nolla, argumentó que no tenía sentido posponer la aplicación del decreto porque España presenta “una distorsión frente al panorama universitario internacional” por la actual duración de sus carreras, según señaló una portavoz de ese campus.

La CRUE se muestra partidaria de un modelo flexible, según dijo López, pero con “una actuación prudente, demorada en el tiempo que permita analizar y cuestionar de una manera razonable la adaptación a un nuevo sistema”. El rector de la Universidad Complutense de Madrid, José Carrillo, considera que se trata de “un plante” al ministro, José Ignacio Wert, como el que protagonizaron los rectores en 2012, cuando se levantaron de una reunión para mostrar su rechazo al decreto que posibilitó la subida de las tasas universitarias.

El calendario previsto por la CRUE, que no tiene capacidad normativa, supone que las universidades empiecen a pedir acreditaciones para nuevas titulaciones de tres años en 2016 y a ofertarlas en el curso 2017-2018.

El Consejo de Ministros aprobó el viernes el decreto sin incluir una fecha fija de inicio de aplicación. Wert señaló entonces que estaban en conversaciones con las comunidades autónomas —las Administraciones que validan las titulaciones y financian el grueso de los presupuestos de las universidades— para que cada región cerrase un calendario conjunto para todos sus centros de enseñanza superior. Cataluña había anunciado que sería para 2016 y Andalucía, que pensaba no hacerlo nunca.

Sobre la posibilidad de que algunas comunidades autónomas puedan intentar implantar el nuevo modelo en sus territorios, al margen de la postura común de la CRUE, López aludió al panorama electoral de los próximos meses: “En este 2015, sea cual sea el resultado de las elecciones, habrá Gobiernos nuevos. No parece que sea el momento oportuno de implantar nuevos grados y no muy oportuno que este tema esté en el candelero electoral”.

Las universidades dedicarán el plazo de moratoria a realizar distintos análisis. Quieren evaluar la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (el plan Bolonia, del que salieron, en 2014, los primeros titulados), hacer un “análisis económico” del nuevo modelo y de sus efectos sobre las tasas de los estudiantes o “intentar explicar con claridad a las familias lo que supone el cambio”, según López. También intentarán acordar que las titulaciones tengan la misma duración en todos los campus españoles.

De la mano de los estudiantes

Los representantes de los estudiantes también reclaman una moratoria para las nuevas carreras de tres años. En el mismo edificio donde se reunieron los rectores en asamblea extraordinaria —en la sede madrileña de la UNED— y apenas una hora antes, el principal colectivo de universitarios españoles solicitó un aplazamiento del decreto, aunque con un lenguaje un poco menos institucional. “No podemos permitir que cada Gobierno cambie a su antojo las normas”, señaló Luis Cereijo, presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), con miembros en 26 de los 50 campus de España que aglutinan a unos 877.000 alumnos, según sus estimaciones.

Cereijo acusó a Educación de cometer “una torpeza” con su nuevo decreto. Igual que los rectores, consideran que es “pronto” para aplicarlo y piden que se haga “de forma ordenada y garantista”. Critican que el modelo “duplica los precios” de la formación porque los másteres son sensiblemente más costosos que las carreras.

El precio medio por crédito en un grado o carrera —cada curso tiene 60 créditos— asciende a 18,42 euros y en los másteres, a 40,11 euros, según datos oficiales del ministerio, que varían mucho por comunidades autónomas.

Educación sostiene que las familias ahorrarán “150 millones de euros” al tener que pagar un año menos de universidad. “No es cierto que se vaya a reducir el coste a las familias porque con tres años un egresado no es competitivo”, replicó el presidente de la CREUP. “El propio decreto establece que los grados van a ser generalistas, por lo que los estudiantes van a tener que hacer un máster”, añadió.

La organización estudiantil ha propuesto la creación de “un foro estatal de política universitaria” al que ha invitado a los rectores, pero no al ministro, José Ignacio Wert. “No hemos contemplado que esté el ministerio en ese foro porque no hay diálogo”, zanjó Cereijo.

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