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Papá, mamá y la tía Samantha

La justicia empieza a conceder permisos de maternidad en casos de gestación subrogada, una práctica que utilizaron el año pasado 1.400 parejas españolas

Leyre Goitia e Igor Lansorena con Miren y Ohian, sus hijos mellizos, nacidos por gestación subrogada el pasado mes de julio.

Igor Lansorena y Leyre Goitia se conocieron con 18 años, estudiando en la universidad. Años después se enamoraron, decidieron casarse y formar una familia. Meses antes del enlace, a Leyre, de 41 años y profesora de español de la Universidad de Deusto, le diagnosticaron linfangioleiomiomatosis, una enfermedad rara que afecta a algunas mujeres en edad fértil. “Podía quedarme embarazada, pero había muchos riesgos”, explica. Tras el diagnóstico, lo primero que se plantearon fue la adopción. Pero les pareció “un proceso largo y complicado”. Viajar a Idaho y lograr que otra mujer ayudara a traer al mundo a su hijo acabó siendo más sencillo y más rápido. Decidieron entonces ser padres mediante gestación subrogada, una técnica reproductiva comúnmente conocida como vientre de alquiler.

Como ellos, unas 1.400 parejas siguieron el mismo camino el año pasado, según las agencias de gestación subrogada que funcionan en España. Si estos datos son precisos, fueron más que las que lograron adoptar en el extranjero —1.188 según el Ministerio de Sanidad, un 60% menos que en 2009—. La fórmula no para de crecer en España a pesar de que no es una práctica legal. La realidad está superando a la prohibición y provocando incluso algunos cambios en las leyes: el Ministerio de Justicia está ultimando la reforma para que estos niños puedan inscribirse en el Registro Civil como españoles y como hijos de los padres subrogados y algunos jueces están concediendo, en contra del criterio de la Seguridad Social, bajas de maternidad y paternidad a estos progenitores.

Cifras y datos

El número de niños españoles nacidos en 2013 por gestación subrogada ronda los 1.400, según varias agencias de subrogación.

No es legal en España, según la ley de técnicas de reproducción humana asistida, aprobada en 2006.

En febrero del año pasado, una sentencia del Tribunal Supremo rechazó registrar a un menor nacido mediante gestación subrogada en Estados Unidos.

En 20 de los 27 países de UE la práctica no está prohibida, pero algunas normativas son tan restrictivas que no se puede realizar.

En Estados Unidos es legal desde hace más de tres décadas. En los últimos 10 años, se ha triplicado el número de niños nacidos con esta técnica. El coste ronda los 100.000 euros.

Más de una decena de sentencias judiciales —de los tribunales superiores de justicia de Madrid, Asturias, Cataluña, Canarias y Castilla y León y de algunos juzgados de lo social— han dado la razón a estos padres. Casi todas, con los mismos argumentos de defensa de los niños: “La denegación de la prestación supone en realidad privar a los menores de la asistencia y dedicación que, a través de la prestación, se abona a los padres”, señala por ejemplo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los jueces consideran que no pueden dejar a los menores desprotegidos aunque los padres hayan usado un procedimiento que no es legal en España. Es el mismo argumento que llevó en junio de 2013 al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo a condenar a Francia por no inscribir a estos menores en el Registro Civil. La Corte Europea antepuso el interés de los niños a la legalidad o ilegalidad de la técnica de reproducción.

En este momento, por lo tanto, los menores pueden inscribirse en el Registro Civil español con normalidad —y esto quedará definitivamente consolidado tras la reforma legal— y parece que los jueces se inclinan por conceder la baja maternal o paternal a sus progenitores. Pero la gran batalla está aún por comenzar. Los defensores de esta práctica están promoviendo su legalización y confían en reunir en los próximos meses las firmas suficientes, 500.000, para presentar en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular.

Me sentí aliviada; con esta técnica iba a poder tener hijos”, cuenta Leyre Goitia

Salvo UPyD, que incluye la regularización de esta práctica en su programa electoral, el resto de los partidos políticos lo rechaza o está debatiendo al respecto. El Partido Popular no tiene previsto tratar ahora el asunto y el socialista Pedro Sánchez rechazó públicamente su legalización. Pero en Izquierda Unida reconocen estar debatiendo su posición: “Va a ser un tema de interés en la próxima legislatura”, asegura Ascensión de las Heras, portavoz del partido en la Comisión de Igualdad del Congreso. En Podemos hay opiniones de todo tipo. La dirección no se pronuncia y en los círculos de feminismo y de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales hay miembros a favor y en contra. De los 27 países de la Unión Europea, solo siete no tienen regulada esta práctica: España, Francia, Portugal, Suiza, Alemania, Italia y Malta. “Pero en algunos, como Reino Unido, la legislación es tan restrictiva que la hace prácticamente imposible”, avisa Antonio Vila-Coro, presidente de la asociación Son Nuestros Hijos, que representa a más de 300 familias que han recurrido a la técnica. De ahí que cuando una pareja lo hace, suela viajar a Estados Unidos, México, Rusia, Ucrania, Georgia, Kazajistán, Tailandia o, hasta hace unos meses, India, que también lo permitía. “En este país [India] había miles de clínicas que utilizaban a mujeres pobres como gestantes”, critica Beatriz Gimeno, feminista y activista que está trabajando en un libro sobre el tema. “Esta técnica daña los derechos humanos y explota y mercantiliza el cuerpo de la mujer”. Este es el punto clave del debate: si permitirlo no supone autorizar una vulneración de derechos.

Se trata de un debate abierto, con opiniones muy enfrentadas. “Los que más se oponen son algunos colectivos feministas y organizaciones religiosas”, señala Aurora González, representante de la asociación Gestación Subrogada en España, con 4.000 adscritos. “Es un tema muy complejo”, opina Yolanda Besteiro, presidenta de Mujeres Progresistas. “Pero la legalización de los vientres de alquiler implica una discriminación de clase y de género. Favorece que la gente con más recursos lo realice y pone en situación de riesgo a las mujeres más desfavorecidas”. Realizar esta práctica en EE UU puede suponer un desembolso de unos 100.000 euros, aunque cualquier incidencia puede incrementar esa cifra; en otros países ronda los 50.000 euros. A Igor y Leyre les costó 75.000. De ese dinero, la gestante obtiene 2.000 al mes. Para esta pareja, no hay abuso y estarán eternamente agradecidos a la mujer que les ayudó a concebir a sus hijos.

Microinyección de esperma en un óvulo.

“Cuando nosotros empezamos, no teníamos ni idea del proceso”, explica Igor, de 41 años y periodista en la EITB. “Lo único que habíamos oído eran noticias relacionadas con famosos que lo hacían”. Aunque entre un 70% y un 80% de las personas que recurren a esta técnica son parejas heterosexuales, tabloides, periódicos y webs dedicaron páginas y páginas a los hijos de Ricky Martin o Miguel Bosé, nacidos mediante maternidad subrogada. “Existen muchos prejuicios”, opina Lansorena. “Parece que es un procedimiento exclusivo para gente adinerada, mujeres que no quieren parir para no perder la línea o para hombres homosexuales famosos. Pero no es así”.

Javier Cantero, médico de 38 años, es homosexual. Ha sido dos veces padre soltero, en 2010 y en 2012, gracias a la maternidad subrogada. Ante la curiosidad de amigos y conocidos, abrió un blog contando su historia que derivó en Surrobaby. “Hacemos de intermediarios; asesoramos a los interesados y les acompañamos en todo el proceso”, explica. No cobran por ello, sino que reciben una compensación de la agencia de subrogación de EE UU que se encarga de buscar una gestante. En el proceso de subrogación intervienen muchas partes: la gestante; la pareja; la agencia de subrogación; el psicólogo que evalúa y acompaña; la clínica de fertilidad donde se realiza el proceso; y el despacho de abogados que da cobertura legal a todas las partes. “Nadie te asegura que vayas a tener un hijo, pero sin duda, el lugar con más garantías es Estados Unidos”, dice Cantero.

Se trata de una mercantilización del cuerpo femenino”, dice Beatriz Gimeno

En ese país, la legalización de la técnica se consolidó en 1986, y se calcula que el año pasado nacieron mediante esta práctica unos 2.000 niños, tres veces más que hace una década. La mayoría de ellos, en California aunque Texas o Colorado también la realizan. Pero Michigan, Arkansas o Nueva York la prohíben o acotan.

En Boise (Idaho) la gestación subrogada es legal. Tras varios meses de reflexión, allí fue donde Igor y Leyre decidieron ser padres. “Nos planteamos hacerlo en India porque era más barato, pero daban menos garantías legales y las críticas a las condiciones de las gestantes nos echaron para atrás”, recuerda la mujer. “En un primer momento, me sentí triste por no poder ser madre biológica, pero aliviada porque íbamos a poder tener hijos”.

Igor Lansorena viajó solo a EE UU para dejar su esperma. Debido a su enfermedad, Leyre no podía donar sus óvulos por lo que tuvieron que recurrir a una ovodonación. Así, decenas de fichas pasaron ante sus ojos. En ellas se describía el fenotipo de la donante (color de ojos, de pelo o tono de la piel) y detalles como su formación, su trabajo o sus inquietudes, aunque estas características no están determinadas por la genética. Después de la selección de óvulos, tocaba un paso más difícil: conocer a la gestante. Aprovechando su viaje, Igor se entrevistó con tres candidatas. “Desde el primer momento me gustó una: Sam. Me dio confianza”. A la vuelta a España se la presentó, vía Skype (red social que permite hacer videoconferencias), a su mujer.

Para ser gestante en EE UU hay que cumplir una serie de requisitos. El primero, tener menos de 38 años; el segundo, haber sido madre; el tercero, no querer serlo más y, por último, no tener problemas económicos. “Sabía que con mis hijos había cumplido mi sueño de ser madre, pero tenía la sensación de que no me importaría quedarme embarazada de nuevo”, cuenta Samantha Aschliman desde Idaho por Skype. “Y tomé la decisión de ayudar a otra pareja. Mi familia y amigos lo vieron raro al principio, pero tras informarse y al ver lo emocionada que estaba, me apoyaron”.

Samantha está casada, es madre de dos hijos y ejerce de profesora de primaria. Su marido, que también trabaja, le apoyó en su decisión. Cuando conoció a Igor y a Leyre le parecieron adecuados. Antes, otra mujer había querido que fuera su gestante porque no quería perder la figura con un embarazo. Samantha la rechazó. “Las donantes también pueden elegir y decidir si se sienten cómodas con las personas con las que van a realizar el proceso”, explica.

“Lo más duro fue no poder estar con Samantha durante todo el proceso”, cuenta Igor. “Tanto a mí como a Leyre, nos hubiera gustado pasar el ambarazo con ella, apoyándola y acompañándola”. Durante los nueve meses que duró la gestación, ambas familias hablaban a menudo por Whatsapp y, una vez a la semana, por Skype. Tres semanas antes del parto, Igor y Leyre llegaron a Boise. Acompañaban a Samantha al ginecólogo y daban paseos por la ciudad con Cody, el marido de Samantha, y sus hijos, Noble y Eli. En uno de ellos, una mujer se les acercó y le dio la enhorabuena a la mujer embarazada. “Son mellizos y ellos son los padres”, contestó con espontaneidad Samantha. “La mujer la abrazó y nos dio la enhorabuena a todos: ‘Qué bonito lo que estáis haciendo”, les dijo.

El 21 de julio nacieron los mellizos, Miren y Ohian. “A partir de entonces nos visitaba a menudo y nos traía leche”, recuerda Leyre. Tres semanas después del parto, se despidieron de Samantha y su familia y los cuatro embarcaron en un avión rumbo a España.

“A mis hijos se lo expliqué todo y les dije simplemente que había estado cuidando de los mellizos de Igor y Leyre por ellos”, dice Samantha sin atisbo de duda. Los problemas entre padres de intención y gestante no suelen ser habituales; Andrew W. Vorzimer, abogado de Los Ángeles especializado en el tema, cuenta un centenar de casos problemáticos desde que se legalizó la técnica en EE UU.

“Hemos tenido mucha suerte”, dice Leyre. “En 15 meses hemos sido padres, tenemos dos hijos preciosos y hemos conocido a una familia a la que estaremos por siempre agradecidos”, añade. En su cuello brilla una cadena de la que cuelgan un pájaro con dos polluelos: “Es un regalo de Sam”, dice con una amplia sonrisa. Siguen teniendo contacto con ella. Se mandan fotos de los mellizos y hablan cotidianamente. “Ella dice que es como la tía Sam”, apunta Igor.

A su vuelta a España se enfrentaron a algunos problemas. Primero, la filiación: El Registro Civil no inscribía a los menores nacidos mediante esta técnica hasta que el verano pasado una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció al respecto. Después, el reconocimiento por parte de la Seguridad Social del permiso de maternidad para Leyre. Se la han denegado, pero ha recurrido ante los tribunales. “Y esa es otra batalla que ganaremos”, confía.

Mientras los críticos alertan de diversos problemas morales que plantea esta forma de reproducción, Leyre la defiende sin atisbo de duda. “Entiendo las suspicacias que puede despertar, pero mi experiencia ha sido muy positiva”, dice tajante. “Defiendo la gestación subrogada como yo la he conocido: mediante acuerdo libre y con derechos reconocidos. Para nosotros ha sido lo mejor que nos ha pasado en la vida.

Prestaciones y filiación

En febrero del año pasado, una sentencia del Tribunal Supremo rechazó registrar a un menor nacido mediante gestación subrogada en Estados Unidos. La base de la decisión judicial: que según el ordenamiento jurídico español la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución “será determinada por el parto”. Es decir, que la gestante debería figurar como madre.

A partir de ese momento, los consulados españoles dejaron de registrar en varios países la relación paternofilial de estos menores. En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pronunciándose sobre un caso similar ocurrido en Francia, antepuso el interés de los menores y obligó a inscribir a los niños como hijos de los llamados “padres y madres de intención”. Desde entonces, el registro de los hijos de españoles que habían nacido mediante este proceso volvió a realizarse con normalidad. Y el ministro de Justicia anunció varias enmiendas al proyecto de reforma de la Ley del Registro Civil para reconocer la filiación de estos menores.

Otro escollo legal al que se enfrentan los padres es la obtención de la prestación por maternidad o paternidad que, de manera sistemática, se les niega. “La prestación se da a quien es padre o madre por parto natural o por adopción”, señala un portavoz del Ministerio de Empleo. Muchos jueces, sin embargo, están revisando esta práctica y concediendo las bajas.

Estos son algunos de los motivos que se aducen: “La denegación de dicha prestación por maternidad sería contraria al espíritu de la ley y del ordenamiento jurídico y repugnaría a la lógica más primaria”. “Es evidente que el derecho a la no discriminación en función de la filiación supone un orden público constitucional”. “El derecho que nos ocupa es la cobertura prestacional a una situación de intereses complejos entre los que destaca, como predominante, la atención del menor durante la etapa inicial de su vida familiar”.