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El Gobierno encalla en su intento de agilizar las colas en Gibraltar

Solo 100 trabajadores transfronterizos piden la tarjeta para tener prioridad de paso

J. Jiménez Gálvez
Colas de coches esperan para poder salir de Gibraltar en 2014.
Colas de coches esperan para poder salir de Gibraltar en 2014.Andrés Carrasco

El plan puesto en marcha por el Gobierno de Rajoy para agilizar las colas en la entrada de Gibraltar apenas consigue resultados. Solo 100 trabajadores que cruzan la frontera con la colonia británica han solicitado la tarjeta que les facilita el paso, según los datos de la Agencia Tributaria dados a conocer por el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria. Este grupo representa un porcentaje mínimo (2,2%) de los más de 4.370 empleados fijos que acuden a diario al Peñón, además de los 5.000 eventuales contratados en territorio británico, en base a las cifras del Grupo Transfronterizo —compuesto por sindicatos, empresarios y colectivos de los dos lados de la Verja—.

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“Nosotros ya dijimos que este plan era una chaladura, que no iba a funcionar”, ha recalcado el presidente de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Astecg), Salvador Molina, en declaraciones a EL PAÍS. El colectivo que encabeza rechazó desde un primer momento la implantación de esta iniciativa, que califican como “discriminatoria”. “Los trabajadores no estamos por la labor de pedir esa tarjeta. ¿Por qué tenemos nosotros que evitarnos las colas y otros vecinos, como mujeres embarazadas y niños, no?”, se ha preguntado este miércoles el representante de los empleados en la colonia británica.

La posesión de esta acreditación les permite cruzar la Verja por el carril rojo, menos transitado y reservado a quienes llevan mercancía de obligatoria declaración —el resto pasa por el verde—; pero con la diferencia de que, con mostrar el título expedido por Aduanas a los agentes, los contratados en la colonia pueden pasar sin nada que declarar.

El Ejecutivo implantó esta tarjeta prioritaria a finales de julio. Y, casi cuatro meses después, a fecha de 19 de noviembre, solo un centenar de trabajadores españoles la habían obtenido, como indica el Gobierno en la respuesta remitida la pasada semana a Jon Iñarritu, diputado de Amaiur y portavoz adjunto del Grupo Mixto en el Congreso.

Esta medida nació después de que Bruselas instara a España a adoptar soluciones para aliviar “los fuertes volúmenes de tráfico” de vehículos y personas que transitan por la frontera, donde las colas se prolongan durante horas. Un problema que se acrecentó después de que el Gobierno del PP y el del Peñón se enfrentaran en el verano de 2013: el Ejecutivo de Fabián Picardo lanzó bloques de hormigón en las aguas cercanas a La Línea para construir un arrecife, según aseguró. Exteriores lo consideró una provocación y afirmó que se hacía para impedir faenar a los pescadores españoles.

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Nosotros ya dijimos que este plan era una chaladura, que no iba a funcionar Salvador Molina, presidente de la Astecg

Desde entonces, España ha reforzado los controles a la entrada y salida del Peñón, insistiendo en que lo hace para combatir el contrabando de tabaco. Esto ha provocado enormes colas en las entradas y salidas de la colonia, de hasta seis horas de duración. En un principio, la Comisión Europea, que desplegó un equipo de expertos en la zona para evaluar la situación, avaló a finales de 2013 esas medidas y resaltó que no infringían las normas comunitarias.

Aunque, tras visitar en julio de 2014 de nuevo la Verja, Bruselas reprochó duramente al Gobierno de Rajoy la “falta de progresos” para mejorar el tránsito por la frontera y calificó de “desproporcionados” los tiempos de espera que provocaban los controles efectuados por los agentes españoles.

En este sentido, la Astecg ha reclamado este miércoles al Ejecutivo la puesta en marcha de medidas que garanticen “una aduana digna”. Y, por su parte, la alcaldesa de La Línea, Gemma Araujo (PSOE), ha recalcado que cuando se anunció esta nueva tarjeta “ya se preveía que no se iba a obtener resultados” en la fluidez de la frontera. Además, la regidora también duda que funcionen la obras de mejora de la aduana, valoradas en más de siete millones de euros y cuya finalización está prevista para mediados de este año: “Se haga la obra que se haga, no aliviará las colas si no existe una voluntad política detrás”.

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Sobre la firma

J. Jiménez Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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